El día que tanto se temía llegó. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a una jueza de Managua girar un oficio en el que se acusa a la Universidad Centroamericana (UCA) de “terrorismo” y a la vez ordenó incautar todos los bienes materiales y económicos del alma mater de la Compañía de Jesús, confirmó la universidad en un comunicado.
Ante la noticia, la universidad suspendió a partir de este miércoles todas sus actividades académicas y administrativas, “hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria”.
El oficio girado por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales fue recibido por las autoridades de la universidad a las 5:29 de la tarde del martes 15 de agosto.
Estudiantes que estaban en el Registro Académico de la UCA minutos antes de que la universidad anunciara el cierre de sus operaciones.
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) August 16, 2023
Más detalles en: https://t.co/JazzbdR6er pic.twitter.com/Rk55SeXubX
La judicial ordenó incautar bienes inmuebles, dinero en córdobas y dólares en las cuentas bancarias –que ya habían sido congeladas–. “El Estado de Nicaragua garantizará la continuidad de todos los programas educativos”, según fue informada la UCA.
“Señalamientos infundados”
La UCA calificó de “infundados” los señalamientos que la dictadura hizo en su contra de que funcionaba como un centro de “terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.
Asimismo el centro de estudios superiores reiteró su “compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años”.
Tras el anuncio oficial de la suspensión de sus actividades, estudiantes que estaban en Registro Académico de la UCA fueron retirados del lugar y personal del alma mater empezó a retirar artículos, como el cristo de la Capilla UCA.
Saña contra la UCA
Los ataques contra la Universidad Centroamericana por parte de la dictadura empezaron en 2018, cuando el campus se convirtió en refugio de cientos de manifestantes heridos por la represión ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Autoridades de la universidad jesuita se pronunciaron abogando por el cese a la violencia y una salida por medio del diálogo. Sin embargo, el centro de estudios empezó a ser fuertemente golpeado con brutales recortes de presupuesto en 2019, 2020, 2021 y 2022.
En este último año la universidad apenas recibió un millón de córdobas, es decir menos del 1 por ciento de lo asignado en 2018.
Ese mismo año el exrector jesuita José Alberto Idiáquez no pudo regresar a Nicaragua, cuando se encontraba en México atendiendo problemas de salud. Él intentó asistir al traspaso de la rectoría que ahora se encuentra bajo la dirección del padre Rolando Alvarado López.
Asimismo, el vicerrector Jorge Huete, también fue impedido de regresar al país y así se sumó a la lista de nicaragüenses desterrados de su patria. Él viajó a Argentina para participar en una actividad de la Academia de Ciencias de Nicaragua.
Pero las embestidas más brutales iniciaron en agosto de este 2023, cuando el régimen ordenó, a través del Migob, congelar las cuentas bancarias de la UCA y las de sus más altos directivos, el 9 de agosto. Un día después fueron inmovilizados los bienes inmuebles y el 14 la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) ordenó revocar la renovación de la acreditación que ya había otorgado en abril pasado al Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA).
Ataques a la Iglesia
El ataque de la dictadura a la Universidad Centroamericana ocurre en el contexto de agresión frontal que Ortega mantiene en contra de la Iglesia católica nicaragüense.
El mismo papa Francisco, de la misma orden de la Compañía de Jesús, ha abogado para que cese la represión religiosa y específicamente por la liberación del obispo Rolando Álvarez. El pasado 4 de agosto manifestó en entrevista con la revista digital Vida Nueva, que ha seguido tratando de “negociar” la liberación del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, encarcelado y condenado a 26 años de cárcel por la dictadura de Daniel Ortega.
