Defensores de derechos humanos y especialistas en administración de justicia concuerdan en que el “perdedor”, tras la cancelación de la acreditación del Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA), es el pueblo de Nicaragua, al que se le arrebata un espacio de mediación libre de politización.
Yader Morazán, activista y especialista en administración de justicia, a través de sus redes sociales, resaltó que “el único perdedor con la revocación de la acreditación del Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (…) es el pueblo de Nicaragua”.
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Apuntó que el “sistema de justicia” nicaragüense, actualmente controlado por la dictadura Ortega Murillo, “tiene como pre requisito agotar la mediación como método alterno de Resolución de Conflicto ante un tercero neutral, y los centros de Mediación del Estado (de Nicaragua) están politizados y ahí vencerá el más fuerte”.
Dictadura arrasó con centros de mediación
La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), a través de una resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), divulgada este 14 de agosto en La Gaceta, revocó la renovación de la acreditación del Centro de Mediación de la UCA, misma que había otorgado en abril pasado.
Asimismo, el 8 de marzo pasado, la Dirac emitió una resolución en la que revocó la acreditación del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), inaugurado en 2006, aclarando que, pese a que la renovación de esa acreditación se había dado el 22 de abril del 2022, con la cancelación de la personería jurídica de la CCSN, ordenada por el Ministerio de Gobernación (Migob) el 6 de marzo de este año, “tuvo como consecuencia lógica y jurídica que la entidad afectada pierda su existencia jurídica, y queda sin efecto y valor legal todo su actuar“.
En Nicaragua, según el sitio web del Poder Judicial, están autorizados y activos –aunque en realidad la lista está desactualizada por las recientes cancelaciones– un total de 52 centros de mediación y arbitraje, al menos nueve de estos ubicados en universidades, entre ellas: la Universidad Centroamericana (UCA) y las canceladas Universidad Nacional Politécnica (Upoli), Universidad India y Caribeña de Bluefields (BICU) y Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).
Tomando en cuenta la aclaración de la Dirac en el caso del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, los centros de mediación que operaban en las universidades a las que la dictadura arbitrariamente canceló sus personerías jurídicas, automáticamente también perdieron la acreditación como mediadores autorizados por la Dirac.
El cierre de estos centros de mediación, como el de la UCA y el de la Cámara de comercio, afirmó un jurista, bajo anonimato en entrevista con LA PRENSA, es “una manifestación clara del control que ejerce Ortega Murillo en el Poder Judicial”.
Además, señaló que la decisión “afecta el derecho de la población en general, al limitar las opciones de resolución alternativa de sus conflictos de una forma más rápida y menos costosa, ya que la mediación suele ser más económica que el litigio en los tribunales, en los que las partes enfrentan costos legales más altos al optar por resolver sus conflictos a través de procesos judiciales formales”.
Cierre ocasionará «retrasos» y «aumento de carga judicial»
El experto advirtió que el “cierre de estos centros tendrá como consecuencia el aumento de la carga judicial, lo que podría generar una mayor congestión y retrasos en la resolución de los casos, además del control político”.
“Los centros de mediación fueron creados en la ley para facilitar la resolución de conflictos de manera más rápida y eficiente fuera de los tribunales de justicia, en centros de mediación que permiten a las partes en conflicto tener un mayor control sobre el proceso de resolución”, agregó.
El abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, coincidió con los especialistas indicando que la población nicaragüense queda todavía más desprotegida a nivel jurídico, debido al cierre de estos espacios donde encontraban mediación sin ningún tipo de sesgo o control político partidario.
Además señaló que la revocación de certificación del Centro de Mediación de la UCA, «evidentemente es en represalia a la labor de la Universidad Centroamericana, donde miles de estudiantes han terminado sus carreras, con libertad de pensamiento y cátedra, en una de las universidades privadas más antiguas incluso de la región, que además realiza diferentes tipos de gestión social, como era la mediación».
El defensor recordó que reciemente la UCA sufrió, arbitrariamente, el congelamiento de sus cuentas bancarias, ordenada por la dictadura Ortega-Murillo, alertando que esta serie de ataques «evidencia una posible intención de cierre, lo cual dejaría en el desamparo a miles de estudiantes que continúan llevando sus estudios en esa alma máter, que eligieron por su calidad de enseñanza y sobre todo la libertad de cátedra que promueve».
