Con el propósito de evitar presiones diplomáticas e intentar evitar el escrutinio sobre su deriva autoritaria y violaciones masivas a los derechos humanos, el régimen de los Ortega Murillo ha desarrollado una estrategia de autoaislamiento, retirándose de todos aquellos organismos internacionales que le han criticado e incluso revelado estadísticas que no le favorecen. Esta estrategia incluye la ruptura de relaciones diplomáticas y declaraciones de persona non grata contra embajadores que se atreven a hacer algún señalamiento.
En este sentido, la dictadura denunció, el 19 de noviembre de 2021, la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), principal organismo político del hemisferio encargado de promover la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre los Estados miembros. De tal modo, su retiro se hizo efectivo dos años después, el 19 de noviembre de 2023.
En cumplimiento con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana —instrumento mediante el cual los Estados del hemisferio asumieron el compromiso colectivo de defender la democracia representativa—, los órganos políticos de la OEA han dado seguimiento minucioso a los acontecimientos en Nicaragua, desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018. Lo han hecho motivados por los informes de los órganos técnico-jurídicos del organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Así, la violación sistémica de los derechos humanos y la brutal represión gubernamental contra las protestas obligaron a la CIDH a organizar el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) e instalar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI).
Pese a su retiro, Nicaragua no ha logrado impedir el seguimiento de la crisis por parte de la OEA, que ha mostrado una línea consistente de preocupación internacional y ha reafirmado que el país mantiene sus obligaciones internacionales y continúa siendo Estado parte de la Convención Americana. La persistencia de este seguimiento refleja que la crisis nicaragüense ha dejado de ser únicamente un asunto regional para convertirse en un caso que pone a prueba la capacidad de los mecanismos internacionales para responder frente al deterioro democrático y las violaciones masivas de derechos humanos.
¿Puede la OEA seguir pronunciándose sobre Nicaragua?
La dictadura Ortega Murillo y unos pocos países han expresado que, por no pertenecer a la OEA, esta carece de competencia para continuar su escrutinio en materia de democracia. Pero jurídicamente los órganos políticos mantienen competencia, primero, porque en base al principio de irretroactividad del retiro de los tratados, en el derecho internacional, el retiro no extingue la autoridad institucional sobre hechos ocurridos durante la membresía.
En segundo lugar, porque la Carta Democrática Interamericana establece la garantía colectiva de la democracia representativa y otorga a la OEA un mandato hemisférico permanente de defensa de la democracia. Dicho mandato tiene carácter regional, amplio y primordial, no es meramente contractual, sino de aplicación para todos los Estados del continente. Una tercera razón es que, en base a los principios y prácticas del derecho internacional, las organizaciones multinacionales poseen la facultad de emitir determinaciones, valoraciones y caracterizaciones, incluso de Estados no miembros.
Además, para el resguardo de la seguridad y estabilidad regional, la OEA puede pronunciarse sobre Estados no miembros cuya conducta sea considerada como amenaza. Ciertamente, cuando una nación viola los derechos humanos, la seguridad regional se fractura, dado que el respeto o la vulneración de estos derechos produce efectos que trascienden las fronteras nacionales y repercuten en toda la región. Las consecuencias de las violaciones masivas no se detienen en las fronteras, mientras que la erosión de la democracia en una nación tiene efectos contagiosos y perjudiciales para los países vecinos. La seguridad regional se construye o destruye en bloque.
La Asamblea de Panamá y los límites de la OEA
De cara a la 56 Asamblea General de la OEA a celebrarse del 22 al 24 de junio en la ciudad de Panamá, algunos nicaragüenses ven la oportunidad de ampliar la resolución de la 51 Asamblea General de noviembre de 2021, que señaló la carencia de legitimidad democrática del proceso electoral realizado en Nicaragua en 2021. Pretenden, así, que la OEA dé un paso más y declare ilegítimo el Gobierno de los Ortega Murillo. Para otros, esta declaración sería redundante, por cuanto la ilegitimidad de origen vicia todos los resultados posteriores. Al atacar la causa que es la elección fallida, la OEA ya se pronunció sobre la ilegitimidad del gobernante, que se deriva automáticamente de la ilegitimidad del proceso.
Siguiendo esta lógica, cabría esperar una respuesta más contundente de la comunidad interamericana frente a la prolongación de la crisis. Sin embargo, esta aspiración legítima se enfrenta a la falta de mecanismos coercitivos como competencia de la organización, así como a la dificultad de concertar presiones efectivas que empujen a los codictadores a devolverle al pueblo nicaragüense su derecho soberano a elegir a sus autoridades.
El peso histórico de los principios de defensa de la soberanía y no intervención frente a la injerencia externa continúa incidiendo en la distorsión de esos principios, cuando es a los pueblos a quienes las dictaduras impiden ejercer su propia soberanía. Incluso, esta defensa llega al absurdo de provocar que los países democráticos corran el riesgo de convertirse en cómplices de los usurpadores del poder.
Las diferencias ideológicas que dividen a la región han impedido que esta sea campo fértil para impulsar la transición democrática que requiere Nicaragua. Veinte resoluciones y declaraciones de la OEA sobre el país —y las que seguirán— lo evidencian y destacan la necesidad de fortalecer la solidaridad democrática mediante diversas reformas. Estas deben permitir al sistema interamericano frenar la prolongación de graves crisis de derechos humanos y de ausencia de democracia, como ocurre en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Solamente con reformas a la OEA que permitan aplicar medidas coercitivas y de presión efectiva, se podrá evitar que el crimen y la impunidad sigan prosperando en Nicaragua. Sin embargo, de momento no se aprecia una correlación favorable para explorar estos mecanismos de presión. Por tanto, otra opción es que un grupo de países impulse estas medidas desde fuera de la OEA.
El valor del acompañamiento internacional
Si bien los nicaragüenses se sienten desamparados, el hecho de que la situación del país se mantenga en la agenda de la Asamblea General y sea objeto de seguimiento constante de parte del Consejo Permanente y del Grupo de Países Voluntarios fortalece la esperanza de que la situación pueda cambiar y de que al menos el país no ha sido olvidado.
En este sentido, previo a la celebración de la 56 Asamblea General de la OEA, el Grupo Voluntario de Países Amigos de Nicaragua, basado en su mandato de mantener un diálogo amplio con actores locales, se ha reunido con representantes de la oposición cívica nicaragüense. Ellos le agradecieron su trabajo y dedicación para mantener la atención de la OEA sobre la crisis de derechos humanos y de ausencia de democracia. También le solicitaron la inclusión del tema de Nicaragua en la agenda de la Asamblea de Panamá.
Por tanto, es de esperar que se apruebe una declaración que ratifique lo considerado en las Asambleas anteriores. Es decir, que mantenga la necesidad de dar seguimiento a la situación del país frente al autoaislamiento del régimen Ortega Murillo, que se ha cerrado a toda posibilidad de diálogo frente a las iniciativas de la OEA. No obstante, por la relevancia que la represión transnacional tiene para la seguridad regional, la declaración debería incorporar la preocupación hemisférica por los crímenes contra opositores, en especial por los cometidos en Costa Rica.
También, mantener el compromiso de cooperación de la OEA para que los nicaragüenses puedan elegir a sus autoridades mediante un proceso electoral democrático, dotado de los elementos esenciales de una elección bajo estándares internacionales, que les devuelva el ejercicio de su soberanía como vía pacífica para solucionar la crisis multifacética. La vasta experiencia de la OEA en materia electoral deberá contribuir en su momento a fortalecer el proceso de transición democrática que contemple las condiciones indispensables para que unas elecciones puedan considerarse legítimas. Proceso que enfrentará grandes obstáculos porque se ha destruido toda la institucionalidad democrática, y ahora Nicaragua se rige por una Constitución totalitaria y regresiva en materia de derechos humanos.
El autoaislamiento no pone fin al escrutinio
Los informes, resoluciones y sentencias de la CIDH y de la Corte-IDH —que conforme el Pacto de San José son de ineludible cumplimiento—, junto a los pronunciamientos de los órganos políticos de la OEA, tienen una importancia ética, política y humana fundamental para preservar la verdad de lo ocurrido. Además, confirman la gravedad de los abusos cometidos por un régimen que ha renegado del derecho internacional.
La valiosa contribución a la preservación de la memoria por parte de la OEA fortalece el derecho a la verdad de las víctimas y contribuirá a los procesos judiciales y a la rendición de cuentas, indispensables para alcanzar en un futuro la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Ortega Murillo y sus cómplices. La memoria es, desde ahora, un primer esfuerzo para ponerle fin a la impunidad y les permitirá a los nicaragüenses construir una identidad democrática basada en el reconocimiento de la tragedia actual.
El autor es abogado con posgrado en Derecho de Empresas y Comercio Exterior. Exviceministro en las carteras de Gobernación y Relaciones Exteriores. Ejerció como diputado departamental en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Ha participado activamente en la vida política del país, sufriendo cárcel por razones políticas, resultando desnacionalizado y expulsado de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este artículo fue originalmente publicado por la Fundación Konrad Adenauer (sede de Costa Rica) y Expediente Abierto.
