Mientras la crisis financiera del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) sigue creciendo —cerró el primer trimestre de 2026 con un déficit de 211.3 millones de córdobas—, a pesar de las millonarias transferencias que recibe a través del Presupuesto General de la República, el régimen Ortega Murillo le sigue donando propiedades, que se presume son las que ha confiscado a personas que considera opositoras y a más de 5,500 organizaciones que cerró en los últimos años.
Con la más reciente entrega de 36 propiedades ya son alrededor de 228 las que el INSS ha recibido. De ellas lo único que el régimen publica es el Número Absoluto de Propiedad (NAP) que le asigna el Registro Público de la Propiedad donde están inscritas. Así las han identificado algunos nicaragüenses a quienes les han robado sus bienes, por lo que se presume que todas son confiscadas.
A estas donaciones se suman las millonarias transferencias que le han entregado al INSS a través del Presupuesto General de la República, que en los últimos años suman más de mil millones de dólares. La mitad de ese monto corresponde a la llamada deuda histórica de 500 millones de dólares que el Estado se comprometió a pagarle al INSS en cuotas anuales.
Estos pagos comenzaron en 2014 y aunque se tenía previsto un plazo de cincuenta años, la crisis financiera de la institución los obligó a adelantar las cuotas y a cancelarla en 2022. El año anterior el INSS se quedó sin reservas técnicas para cubrir estos déficits, porque estas se agotaron.
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INSS recibió US$416 millones en apoyo presupuestario
A partir del año siguiente, los déficit que registraban las finanzas del INSS obligaron al régimen a comenzar a transferir partidas en concepto de apoyo presupuestario. Lo hacen para garantizar que la institución siga cumpliendo con sus obligaciones con los asegurados y pensionados.
Según los informes de liquidación de los presupuestos que publica el Ministerio de Hacienda, en 2023 le transfirieron al INSS 3,350 millones de córdobas (91.46 millones de dólares) en concepto de apoyo presupuestario. Al año siguiente esa partida se elevó a 2,900 millones de córdobas (79.18 millones de dólares).
En 2025 la partida en concepto de poyo presupuestario que le entregaron fue de 3,800 millones de córdobas (103.75 millones de dólares). Y para 2026 el Presupuesto tiene destinada una partida de 5,179 millones de córdobas (141.42 millones de dólares), la más alta desde que comenzó a entregar estos recursos.
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Eso implica que además de los 500 millones de dólares que le pagó por la deuda histórica, entre 2023 y 2026 el Estado le entregaría al INSS 416 millones de dólares en concepto de apoyo presupuestario. A esos 916 millones de dólares se suman otras partidas en concepto de donaciones, aporte estatal y pago de pensiones especiales que cada año el presupuesto le transfiere a la institución.
¿Qué pasó con la reforma que ofreció Ortega?
En los últimos años estas millonarias transferencias han cubierto los déficits anuales que registran las finanzas de la institución y los han transformado en ligeros superávits. Pero la realidad es que la crisis sigue agudizándose. En el primer trimestre de 2026 los gastos superaron los ingresos de la institución y generaron un déficit de 211.3 millones de córdobas.
Mientras tanto, el régimen calla sobre una supuesta reforma que le dijo al Fondo Monetario Internacional (FMI) que estaba preparando para tratar de frenar la crisis del INSS y alargar su vida. Los economistas han advertido que la Seguridad Social no puede depender eternamente del presupuesto porque este no tiene los recursos para hacerlo.
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Además de las millonarias partidas que le transfiere vía presupuesto, el régimen oxigena las finanzas del Seguro Social mediante donaciones, que ahora no son en efectivo, sino de propiedades que confiscó a personas y organizaciones, pero que en el futuro seguramente el Estado tendrá que pagar a sus dueños.
INSS recibe propiedades confiscadas
A través de ocho Acuerdos Presidenciales publicados en la edición del viernes 19 de junio de 2026 del diario oficial La Gaceta, el régimen Ortega Murillo le ordenó a la procuradora general de Justicia escriturar a nombre del INSS un nuevo paquete de propiedades. En esta ocasión son 36 propiedades, ubicadas en ocho departamentos del país. La justificación para entregarlas sigue siendo fortalecer la seguridad social, para aumentar la cobertura, y ayudar a la institución a ejecutar proyectos.
Mediante el Acuerdo Presidencial número 83-2026 le transfirió la propiedad inscrita con el Número Absoluto de Propiedad (NAP) BI-2L1688l3 en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del departamento de Matagalpa. Mientras que con el Acuerdo Presidencial número84-2026 le donó cinco propiedades inscritas en el Registro de Estelí bajo los NAP: BI-2L3BTGNM, BI2L3BTGO8, BI-2L3BTGOY, BI-2L3BTGOO y BI-XER47A.
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Con el Acuerdo Presidencial número 85-2026 le entregó la propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) con el NAP: BI2L2HYSKL. Con el Acuerdo Presidencial número 86-2026 le adjudicó la propiedad inscrita en el Registro de Granada con el NAP: BI-PTV9RU16. Y con el Acuerdo Presidencial número 87-2026 le donó la propiedad inscrita con el NAP: BI-9AIGRQE en el Registro de Masaya.
Propiedades en ocho departamentos
El Acuerdo Presidencial número 88-2026 ordena la donación de nueve propiedades, incluida una finca, inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble de Rivas con los NAP: BI-2L3HSKFQ, BI2L3HSKEN, BI-2L3HSK9Q, BI-2L3HSJZR, BI-2L3HSFWY, BI-2L3HSFXI, BI-2L2ZWIIR, BI-2L2BZSVH y la finca con el NAP 1309-ADE.
Pero el mayor número de propiedades transferidas con los acuerdos publicados el 19 de junio de 2026 son de la capital. Con el Acuerdo Presidencial número 89-2026 le transfirió un paquete de 15 propiedades inscritas en el Registro Público de la Propiedad de Managua, bajo los NAP: BI-9AH8QLJ, BI-9A68J3Y, BI-XETIJX, BI-9ACBFFB, BI-2L16866O, BI-9A9VLJA, BI-XEM0YG, BI-9A9VKWS, BI-XETG7P, BI-2KYIN50C, BI-9AIGWXJ, BI-9A6U22U, BI-XETOSY, BI-9ABP80J y BI-2KSWVR5X.
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Finalmente, mediante el Acuerdo Presidencial número 90-2026 el régimen Ortega Murillo el entregó al INSS tres propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad de León, bajo los NAP: BI-2L3BTGLS, BI2KUKLPHH y BI-2KUKLPIZ.
Más de 228 propiedades confiscadas
Con estas 36 propiedades, son aproximadamente 228 las que el Seguro Social ha recibido. Las primeras 72 se las entregaron en 2024; el año pasado a través de varias entregas le transfirieron 116 propiedades; y entre abril y junio de 2026 le escrituraron cuarenta propiedades, para un total de 228.
De todas ellas la única que se ha identificado con certeza es la isleta La Zompopera, ubicada en el lago Cocibolca, en Granada y confiscada al exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro, ya que el acuerdo de donación incluyó el nombre de la propiedad.
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Otras han sido identificadas por su dueños mediante el Número Absoluto de Propiedad (NAP) y del resto, aunque no hay información precisa, se presume que también son las que han confiscado a los opositores y a más de 5,500 organizaciones que desde el 2018 el régimen cerró mediante la cancelación de sus personería jurídicas.
