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La dictadura de Daniel Ortega no tiene opciones. De aquí al 2030 tendrá que aumentar fuertemente las transferencias al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para evitar la quiebra de la entidad, según revela el documento que contiene los resultados del Artículo IV correspondiente al 2025 divulgado ayer por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aún así, la situación financiera de la entidad seguirá siendo frágil y al borde de la quiebra. «Si bien la situación reciente del INSS ha pasado de déficits sostenidos a un equilibrio casi total, su estructura sigue siendo frágil debido a la disminución de las cotizaciones, la baja liquidez y las reservas técnicas profundamente negativas», le advierte el personal técnico del Fondo al Gobierno.
Y es que el régimen de Ortega tiene poco margen actualmente para diseñar y aplicar una nueva reforma a la Seguridad Social. Sin un sector privado organizado y sin sindicatos que representen a los trabajadores, la dictadura no tendría con quién negociar un nuevo acuerdo, aunque en el 2019 la impuso unilateralmente, cuyos resultados solo sirvieron para evitar la quiebra inmediata de la entidad, pero no la sostenibilidad de la misma en el tiempo.
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«En el futuro, la implementación de una estrategia de reforma requerirá un amplio consenso entre las partes interesadas», afirmó la misión técnica del Fondo avalado por el Directorio del organismo.
«Las proyecciones a mediano plazo incorporan transferencias gubernamentales continuas (que aumentarán del 0.5 por ciento del PIB anual al 1 por ciento del PIB para 2030) y una elevada sensibilidad a las variaciones en los ingresos o los gastos (prestaciones de pensiones), así como un riesgo persistente de insolvencia a largo plazo», indica.
Régimen deberá tomar más de 42 millones de córdobas
En cifras absolutas y con base a los planes que la dictadura le dijo al FMI que tiene con los gobiernos municipales y las empresas públicas, el régimen se verá forzado a tomar de los impuestos 42,584 millones de córdobas en los próximos cinco años para transferirlos al INSS y así evitar la quiebra de la institución.
Para el 2030 se espera que el Gobierno eleve su transferencia a 11,639 millones de córdobas por encima de los 1,879 millones de córdobas en el 2021, que ha sido el nivel más bajo observado entre el 2020 y el 2025, indican cifras oficiales.
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Solo este año las proyecciones apuntan a un incremento de 24.32 por ciento en las transferencias gubernamentales a la entidad respecto a lo que se le dio el año pasado. Al finalizar el 2026 se espera que el saldo entregado ascienda a 5,180 millones de córdobas, más que los 3,920 millones el año pasado.
Eso permitirá que la entidad finalice los siguientes años con cero dèficits, pero eso no significará que la crisis del INSS haya sido superada. Por el contratario, su sostenibilidad penderá de un hilo y de que se mantengan estables las variables económicas.
El cuerpo técnico del FMI dijo al Gobierno: «Las reformas del sistema de pensiones de marzo de 2019 redujeron el déficit del INSS y las transferencias asociadas del gobierno central; sin embargo, algunas de las medidas anunciadas inicialmente aún no se han implementado (por ejemplo, el cambio en el número mínimo de cotizaciones requeridas para recibir una pensión reducida y la reducción de la pensión mínima). Se necesitan nuevas reformas para garantizar la sostenibilidad del INSS y mitigar los riesgos derivados de las empresas estatales».
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Es decir, el FMI está insistiendo al régimen de Ortega que debe aplicar un cambio en las cotizaciones mínimas requeridas para acceder a una pensión, que actualmente es de 750 semanas cotizadas. Cabe mencionar que en 2022 el Gobierno concluyó la deuda histórica de 500 millones de dólares, lo cual, sin embargo, esto consiguió sacar de la crisis a la entidad.
Control del gasto social en el INSS
Paralelo a las transferencias millonarias al INSS, la dictadura también se verá obligada a mantener controlados los gastos, al menos en los rubros relacionados con asistencia a los pensionados, una política que ha adoptado en los últimos años para evitar que la entidad se venga abajo.
«La situación financiera del INSS ha pasado de déficits sostenidos a una posición casi equilibrada, gracias a que el gasto en prestaciones fue menor en relación con el PIB (ya que las prestaciones crecieron más lentamente que el PIB) y a que aumentaron otros ingresos (transferencias gubernamentales)», asegura el Fondo.
Sin embargo, «debido a la disminución de las cotizaciones, la menor liquidez y el aumento de las reservas técnicas negativas, su situación financiera sigue siendo frágil, lo que pone de manifiesto su vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los ingresos o los gastos (prestaciones), el persistente riesgo de solvencia a largo plazo y la necesidad de transferencias gubernamentales».
Aumentarán gastos en el INSS
Según las proyecciones, los gastos en el INSS ascenderán a 71,699 millones de córdobas al finalizar el 2030 frente a los 56,545 millones al finalizar el 2026. Es decir de aquí a cierre de este quinquenio el gasto apenas habrá crecido 26.79 por ciento, lo que es lento con respecto al rápido envejecimiento de la población.
Si la dictadura no transfiere al INSS recursos, en el 2030 el déficit de la entidad ascendería 11,640 millones de córdobas, lo que dejaría a miles de pensionados al borde de quedarse sin sus beneficios o los afiliados con mínima capacidad de recibir atención.
Más presión sobre el INSS
El estudio El precio del envejecer: ¿Quién cuida a quienes nos cuidaron? advirtió que desde el 2000, la población mayor de 60 años casi se triplicó al pasar de 231,566 personas en ese año a 671,728 en 2024. Se espera que para finales de este año este subgrupo poblacional supere los 700 mil, lo que refleja la creciente presión sobre el INSS.
A principio del siglo XXI, Nicaragua tenía 2.16 millones de personas menores de 15 años, lo que equivalía al 42.6 por ciento de los 5.07 millones que componían la población total. Desde entonces y tras un rápido proceso de envejecimiento, este grupo descendió a 28.5 por ciento, de una población total de 6.87 millones al finalizar el 2024.
La Fundación Puente recordó que las dos reformas realizadas a la seguridad social (2013 y 2019) tuvieron como propósito central reducir el monto mediante la modificación de la fórmula de cálculo. Los expertos estiman que la reducción supera el 30 por ciento en comparación con los montos previos a las reformas.
Además se ordenó eliminar dos ajustes anuales que recibían las pensiones, solo se limitó compensar las devaluaciones del córdoba. Al acabar la política de “deslizamiento cambiario”, se acabó el ajuste, dejando caer el peso de la inflación sobre las espaldas de los pensionados», recuerda.
