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Aunque han pasado ocho años desde que una crisis financiera en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) derivó de una profunda crisis política, que le ha costado la vida a más de 350 nicaragüenses y miles han tenido que huir al exterior, el régimen de Daniel Ortega continúa sin cumplir con esa tarea: sanear y garantizar a los nicaragüenses un sistema de seguridad social sostenible en el tiempo.
En ocho años, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasó de un déficit de 4,739.9 millones de córdobas en 2018 a un aparentemente superávit de 284 millones en 2025. Sin embargo, el agotamiento de las reservas técnicas de la institución revela que se ha vuelto insostenible por sí solo y que el régimen ha tenido que inyectarle recursos vía Presupuesto General de la República (PGR) o préstamos, algo que es insostenible.
El consolidado de Estadísticas de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) muestra cómo el INSS obtuvo, en 2018, ingresos por 25,075.8 millones de córdobas y en contraste los gastos fueron de 29,584.2.
En 2022 los gastos del INSS siguieron siendo superiores a los ingresos, hasta que en 2023 empezó a mostrar lo contrario. La institución obtuvo 44,438.1 millones de córdobas en ingresos mientras los gastos se situaron en 43,132.7 millones.
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INSS sin reservas técnicas
Aunque las cifras parecen mostrar estabilidad, al revisar los anuarios estadísticos del INSS se aprecia otra realidad: la institución se quedó sin reservas técnicas y ha tenido que sufragar parte de sus gastos vía préstamos o inyecciones monetarias a través del PGR por parte del régimen.
Según el Anuario Estadístico 2020 del INSS, las reservas técnicas cerraron en apenas 273.2 millones de córdobas, y para 2021 se ubicaron en números rojos con 2,697.9 millones, es decir, ya no hay dinero y han tenido que responder endeudando a la institución para cubrir los gastos, algo que ya habían advertido analistas consultados por LA PRENSA en ese entonces.
Esa situación empujó a la dictadura a tomar 2,084.6 millones de córdobas (alrededor de 73.3 millones de dólares) de un préstamo que consiguió del Fondo Monetario Internacional (FMI) para inyectárselos al INSS, en diciembre de 2020. Con esto sufragaron gastos, principalmente el pago de las pensiones a los jubilados y los servicios médicos de cara al 2021.
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Para 2023, último Anuario Estadístico publicado por el INSS, las reservas técnicas seguían en números negativos con 5,811.3 millones de córdobas.
Régimen ha inyectado más de 1,000 millones de dólares al INSS
En las Estadísticas de Finanzas Públicas 2025 del MHCP, pareciera que la institución está en superávit con 284 millones de córdobas, pero ese monto corresponde a un financiamiento interno por la misma cantidad.
Reportes de LA PRENSA señalan que entre 2013 y 2023, el régimen le ha inyectado más de 1,000 millones de dólares al INSS para tratar de sostenerlo, y que aun así, sigue teniendo los días contados.
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Problemas del INSS no se han solucionado
El economista Marco Aurelio Peña dice que los problemas de fondo del INSS “no se han solucionado” y que las reformas implementadas por la dictadura “son paliativas” para tratar de evitar una crisis en el mediano plazo. “Lo que ha hecho es tomar cada vez más recursos del presupuesto para pagarle la deuda al INSS”, resalta.
Peña sostiene que el problema principal del INSS es que no logra aumentar el número de cotizantes. En 2017, la institución cerró con 914,196 asegurados activos; en 2018, en vez de aumentar el número cayó a 818,396 y sigue en descenso. Para 2025 quedó en 816,275, y en febrero de este 2026, último dato en las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), continuó a la baja quedando en 813,056.
Es decir, entre el cierre de 2017 y febrero de 2026, la institución ha perdido 101,140 asegurados activos.
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“El asunto INSS es que requiere reformas estructurales para mantener su sostenibilidad financiera, es decir, para mantener la solvencia patrimonial de la institución… ni el 25 por ciento de la fuerza de trabajo está asegurada”, expone el economista.
2.5 millones de nicaragüenses sin seguro social
Hasta 2025, el Banco Mundial (BM) estimaba una Fuerza Laboral o Población Económicamente Activa (PEA) de 3 millones 319 mil 222 personas en Nicaragua. En diciembre de ese año, el INSS reportó 810,197 asegurados activos, es decir, más de 2.5 millones de nicaragüenses están fuera del sistema de seguridad social, en la informalidad laboral o desempleados, lo que según Peña “presiona las finanzas del INSS”.
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“Lo que hizo la dictadura en 2019 con la última reforma fue aumentar las tasas contributivas. Entonces, por ahí ya no hay nada más que hacer. El problema es que no ha logrado aumentar el número de empleo formal y el número de asegurados”, subraya el economista.
De acuerdo con las declaraciones de Peña, lo que el régimen ha hecho es que el INSS “funcione en el mediano plazo”, pero sin reformas importantes que le den sostenibilidad financiera en el largo plazo.
En abril del 2018, Ortega impuso una reforma paramétrica al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que gravaba con un impuesto del cinco por ciento a las pensiones, además aumentaba el costo a las empresas y trabajadores, entre otras medidas. Esto generó descontento entre la población que salió a protestar, cuyos levantamientos fueron violentamente reprimidos, dejando a cientos de heridos y fallecidos y originando una crisis política que arrinconó a la dictadura.
Sin embargo, tras tomar el control de las calles y derogar rápidamente la reforma, en el 2019 el régimen impuso otra reforma al INSS, la cual a criterio de especialistas, resultó más draconiana contra los pensionados y asegurados. Hasta ahora dicha reforma, impuesta sin diálogo y discusión con el sector privado, sigue sin garantizar la sostenibilidad del INSS en el tiempo.
