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Después de más de tres años en los que varias empresas textiles de zona franca despidieron a unos 40,000 trabajadores y otras se fueron a países vecinos, finalmente las autoridades admitieron que existe una crisis. La atribuyen a la falta de órdenes de compra por parte de las marcas que maquilan las prendas de vestir, supuestamente provocada por los aranceles que impuso Donald Trump. Pero siguen ignorando la amenaza que representa el arancel adicional que Estados Unidos le impuso a Nicaragua, y pronostican para este año el fin de esa crisis y la recuperación de los empleos y empresas perdidas.
«Perdimos aproximadamente 15,000 o 16,000 empleos en términos de las empresas, puedo decir que ninguna empresa cerró, ni ha cerrado, ni está en senda de cerrar por el efecto de los aranceles. Sí compactaron, redujeron trabajo, redujeron empleos, pero eso es con la visión de poder recuperar cuando la situación lo permitiera», dijo el director ejecutivo interino de la Corporación de Zona Franca (CZF), Fernando Sánchez, a medios oficialistas.
Los reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN) detallan que en enero de 2026 había 167 empresas en el sector zona franca y empleaban a 100,566 personas. En ambos casos las cifras son lejanas en relación con las 187 empresas que operaban en 2022, cuando el sector tenía contratados a 138,027 trabajadores, es decir, una pérdida de alrededor de 40,000 empleos. Además, estos datos indican que la crisis no comenzó el año pasado cuando el presidente Donald Trump impuso los aranceles recíprocos, sino antes, y ya acumula tres años.
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Textileras representan hasta el 60 % de zona franca
Sánchez reconoció que el sector maquila, que representa aproximadamente el 50 o 60 por ciento del total del sector de zona franca, «fue afectado por caída de pedidos de trabajo» y «muchas de las empresas trasladaron algunas operaciones a El Salvador, Guatemala y Honduras», y otras redujeron espacios en los parques industriales.
El funcionario de CZF aseguró que, producto de los aranceles recíprocos que impuso Estados Unidos el año pasado, muchas empresas sufrieron falta de pedidos de trabajo. «Por ejemplo, en lo que fue el último trimestre (de 2025) y el primer trimestre del 2026, había aproximadamente unas veinte empresas que se quedaron sin órdenes de trabajo». Además, aseguró que los aranceles recíprocos que impuso Estados Unidos el año pasado provocaron la crisis, pero que por su posterior anulación en la Corte Suprema de Justicia, ya comenzó la recuperación.
Pero la realidad es muy distinta. El arancel recíproco generalizado que Estados Unidos impuso el año pasado era del 10 por ciento para la mayoría de países de la región, y del 18 por ciento para Nicaragua, diferencia que la dejaba en desventaja frente al resto de países vecinos y de otras zonas del mundo.
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Zona franca amenazada por aranceles
Aunque en febrero de este año la Corte Suprema declaró ilegales esos aranceles, tras la derrota judicial el presidente Trump usó la Ley de Comercio de 1972 para imponer un arancel global base del 10 por ciento que afecta a la mayoría de los productos que Nicaragua vende en Estados Unidos.
A ese arancel del 10 por ciento hay que sumar otro arancel que impuso la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), como consecuencia de la investigación sustentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que realizó sobre las violaciones a los derechos laborales, humanos y al Estado de derecho que comete el régimen Ortega Murillo.
El arancel que impuso la USTR afecta a los productos nicaragüenses que no están dentro de la lista de los que gozan de beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, conocido como DR-Cafta.
Este es del 0 por ciento desde el 1 de enero de 2026; el 1 de enero del 2027 subirá a 10 por ciento y el 1 de enero de 2028 se elevará a 15 por ciento. Además, la USTR advirtió que si Nicaragua no muestra avances en la solución de los problemas que investigó, podrá modificar este cronograma y estas tasas.
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Reforman marco legal de zona franca
Para intentar paliar esta crisis, la semana pasada, antes de estas declaraciones que brindó el director ejecutivo de la CZF, el régimen Ortega Murillo a través de la Asamblea Nacional aprobó sin consultar a los involucrados, un paquete de reformas a la Ley de Concertación Tributaria, Ley de Zonas Francas de Exportación y Ley de Autodespacho Aduanero. Las nuevas disposiciones buscan «impulsar la inversión, dinamizar las exportaciones y fortalecer la producción nacional, garantizando empleo, seguridad jurídica y desarrollo sostenible en las zonas francas de Nicaragua».
A través de la reforma, las empresas de zona franca quedaron exentas, por 15 años prorrogables, del pago del Impuesto Sobre la Renta (IR) de sus actividades económicas y sobre sus ganancias. Sin embargo, fuentes del sector aseguraron a LA PRENSA que estos nuevos beneficios no impedirán que las empresas sigan despidiendo trabajadores y otras sigan trasladándose a otros países.
La medida no es suficiente para detener «la desbandada de empresas coreanas y de Estados Unidos hacia países de Centroamérica», sostuvo una de las fuentes que pidió no mencionar su nombre. Añadió que a las empresas de zona franca les deberían dar las mismas exoneraciones y exenciones fiscales que se les otorgaron a las empresas chinas a través de la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE).
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Quieren recuperar 20,000 empleos en 2026
Según Sánchez, debido a la eliminación de los aranceles recíprocos generalizados y la reciente aprobación del combo de reformas a las leyes del sector, para otorgar más beneficios, el sector zona franca recuperará este año unos 20,000 empleos.
«Esa es nuestra meta, cerrar el año con unos 120,000 empleos y creemos que muy fácilmente se puede cumplir con todas estas nuevas reformas de ley. Porque son nuevas oportunidades que tienen los inversionistas para ampliar sus operaciones. Y como hablamos anteriormente, ya no existe esa dificultad competitiva que podría tener Nicaragua si tuviese un arancel mayor que otros países».
Además de la recuperación de los empleos, pretende que el sector zona franca cierre el 2026 con más de 4,000 millones de dólares en exportaciones, favorecidas por la eliminación del arancel recíproco generalizado y estimuladas por la reciente reforma a las leyes del sector zona franca.
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Empresarios dicen que crisis continuará
El año pasado, las empresas que operan bajo el régimen de zona franca, según reportes del Banco Central, exportaron 3,581.1 millones de dólares. Estos envíos al exterior estuvieron sustentados principalmente por los textiles, cuyas ventas generaron 2,001.80 millones de dólares y los arneses automotrices con 915.11 millones de dólares. Esto implica que juntos generan el 81 por ciento de los ingresos totales de las exportaciones del sector.
Ante las declaraciones de Sánchez, una de las fuentes del sector aseguró que «las exportaciones de zonas francas se van a reducir menos 10 por ciento producto de que las empresas coreanas están produciendo a un 60 por ciento de su capacidad instalada en vista de que se están instalando en Guatemala, Honduras y El Salvador y no solo se están reinstalando, también se están llevando personal técnico hacia esos países y lo mismo que trabajadores calificados ofreciéndoles alojamiento y alimentación».
Esto, según la fuente, pone en duda la posibilidad de que este año se recuperen 20,000 empleos como calcula Sánchez.
También ignoran las demandas de las empresas
«Eso es puro cuento chino que ni el director interino de la CZF, Fernando Sánchez, se lo cree. Las marcas continúan sin órdenes de trabajo en Nicaragua y esperan hasta que se cumplan los 150 días de los aranceles globales para determinar qué sucede. Hay escepticismo e incertidumbre. Lo más que se pueden recuperar son unos 8,000 empleos si las marcas dan trabajo a las empresas en Nicaragua», sostiene una de las fuentes que pide no mencionar su nombre.
Además Sánchez no se refirió a las demandas que tiene sobre la mesa por parte de las empresas de zona franca. Entre los reclamos de las empresas está crear una comisión para ventilar todos los problemas que enfrentan con la Dirección General de Asuntos Aduaneros (DGA), los problemas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), con el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), así como la obtención de permisos ambientales más expeditos, entre otros.
Además hay inquietud sobre el próximo acuerdo tripartito para aprobar los ajustes del salario mínimos en este sector. Se necesita un acuerdo que dé «mayor estabilidad al sector y tener predictibilidad para los próximos cinco años, en vista de que dicho acuerdo finaliza en el 2027 y las autoridades no tienen mucho interés en dicha» negociación.
