La Asamblea Nacional aprobó este miércoles, un paquete de reformas a tres leyes económicas, que abarca cambios en el régimen de zona franca en Nicaragua , incorporación de nuevos requisitos a los importadores y nuevo esquema de cálculo para los tributos que se aplican a las bebidas alcohólicas y azucaradas, cigarrillos, así como a las importaciones de productos no muy populares en el consumo nacional, como las peras, uvas y pavos, entre otros.
En medio de despidos masivos en zona franca y tras varios meses de crisis que acerca a casi 40,000 la destrucción de empleos en esa zona especial económica, el régimen de Daniel Ortega ordenó cambios a la Ley de reformas y adiciones a la Ley 917, Ley de Zonas Francas de Exportación, en el que ordena dar alivio fiscal a los dividendos generados por estas empresas.
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Para ello, se está haciendo un ajuste al artículo 16 de esa ley, en el que se ordena que además de la exención del 100 por ciento al Impuesto sobre la Renta de actividades económicas, las empresas y los socios de estas gozarán de la exención del pago de Impuesto sobre los dividendos por un periodo de 15 años, cuyo beneficio puede ser prorrogable por periodos iguales y que dependerá de la aprobación de la Comisión Nacional de Zonas Francas.
Alivio a empresas y empresarios de zona franca
Los beneficiarios de esta exención fiscal gozarán del 100 por ciento de ese alivio en los primeros 10 años de funcionamiento de la empresa y del 60 por ciento a partir del undécimo año en adelante. Eso sí, la exención «no incluye impuestos por ingresos personales, salarios, sueldos o emolumentos pagados al personal nicaragüense o extranjero que trabaje en la empresa establecida en la zona franca».
Juan Sebastián Chamorro, exreo político y economista, explica que sin duda esta medida en favor de zona franca es «pro inversionista para que se mantenga el incentivo a estas empresas de quedarse en el país».
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En enero, que es el dato más actualizado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), en las empresas de zona franca despidieron a 5,249 trabajadores, haciendo retroceder la planilla laboral en este sector a su nivel más bajo en años y cerca de caer por debajo del umbral de los 100 mil empleos activos.
¿Para retener a empresas de zona franca?
En casi tres años y medio de crisis, estas empresas en su mayoría maquilas, han despedido 40,300 nicaragüenses y al menos 23 compañías han cerrado operaciones.
Fuentes ligadas a este sector dijeron a LA PRENSA esta semana «que muchas empresas coreanas se están trasladando a países como Honduras, Guatemala y El Salvador por motivos que muchas marcas han decidido abandonar Nicaragua. Esto lo sabe el Gobierno y no hace ningún esfuerzo para retener a estas empresas, especialmente coreanas que están produciendo solamente un 40 por ciento de su capacidad instaladas».
Una fuente empresarial al respecto consideró que «obviamente que ninguna medida de orden interno puede detener la decisión de las empresas de cerrar o de las marcas de dejar de comprar o comprar menos con la consecuente afectación al empleo del sector que es el que paga los platos rotos. La amenaza de nuevos aranceles, la pérdida del acceso preferencial del Cafta, la pérdida de competitividad con relación a tus competidores son decisiones de orden exógeno en donde lo único que puede evitarlas son decisiones y acciones políticas así como el respeto a la libre asociación y el respeto a los derechos laborales».
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Y agrega: «Nada de eso ha cambiado así es que el riesgo político país sigue siendo muy alto y la situación para un empresario sigue siendo de alta incertidumbre».
De hecho, la fuente ligada al sector de zona franca dijo a LA PRENSA esta semana que las empresas de ese sector se están yendo porque ven un país de alto riesgo. «Las marcas no han dado las órdenes de trabajo a Nicaragua, por motivos de ser un país inseguro y de alto riesgo para invertir, debido a la política del Gobierno de EE. UU. contra gobiernos no afines a (Donald) Trump», afirmó.
Reforman ley de autodespacho aduanero
Paralelo a la ley antes mencionada, también en la tubería de la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, entró un proyecto de reforma a la Ley 265, Ley que establece el autodespacho para la importación, exportación y regímenes, en el que se hace la incorporación de un nuevo requisito para los importadores.
En un ajuste al artículo 16, agregan que ahora los importadores deben adjuntar una declaración escrita mediante un formulario que proporcionará la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), en el que se debe constar que las mercancías no han sido fabricadas o elaboradas, «ya sea parcial o totalmente mediante trabajo forzado».
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En caso de que la DGA considere de que hay dudas o alertas respecto a este hubo uso o no del trabajo forzado, la Policía y la Procuraduría General de la República emprenderán una investigación conforme a las leyes nacionales que regular esa materia, además de las sanciones administrativas correspondientes.
Al respecto la fuente empresarial explicó que el «propósito de este tipo de medida en un gobierno en donde existe la certidumbre jurídica es loable. El problema es que el régimen borró del mapa la posibiliad de las empresas de defenderse y lo que podría parecer una buena medida puede ser utilizada para empezar a presionarte al punto que te puedan confiscar una empresa sobre la que tengan interés con el cuento de que están luchando contra el trabajo forzado».
Reforma para evitar sanciones
«¿Quién defiende a un importador que le digan que importa productos que han sido parte de procesos de trabajos forzados? Y por el otro lado parecería que esta es otra más de las medidas que están haciendo para hacerle ojitos a los americanos y que estos no los vuelvan a ver mal y mucho menos que tomen medidas en contra de ellos», precisó.
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En esa línea, Chamorro también cree que ese ajuste que se está haciendo en materia del trabajo forzado está relacionado con las investigaciones realizadas por Estados Unidos en el marco del artículo 301, donde se aborda esta inquietud, además de las violaciones de derechos humanos.
El año pasado una resolución de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en virtud del artículo 301, publicado el 10 de diciembre de 2025, impuso al país un arancel que se introducirá gradualmente a lo largo de dos años.
La USTR indicó que esta medida se tomó «para hacer frente a los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los abusos de los derechos laborales, los abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho».
Reforma la Ley de Concertación Tributaria
En una tercera reforma, el régimen de Ortega ordenó a sus diputados que se elimine el pago del Impuesto Selectivo al Consumo que se aplica a algunos productos, que no son de consumo masivo, como son las uvas, el pavo, manzanas, nueces, albaricoques, pistachos, bananas secas y peras, entre otros.
La fuente empresarial dijo que «llama la atención que se tome una decisión de eliminar el ISC a productos que no solo no son de consumo masivo sino que son productos considerados de lujo y cuyo mercado son las clases altas del país».
Por el contrario, la fuente se cuestiona: «¿por qué no beneficiar al pueblo consumidor eliminando o reduciendo impuestos que los afectan directamente? Uno simplemente puede especular y pensar que ahora estos productos podrían ser monopolizados por empresas relacionadas al régimen. Pero lo que es una realidad es que esta decisión no beneficia a las grandes mayorías».
«Esto es un poco extraño, pareciera que son productos, quizás provenientes de Estados Unidos y por eso es que están bajándole a este impuesto selectivo al consumo. Habría qué ver cuáles son las importaciones desde Estados Unidos de estos productos y si se importan de otros lados», indica sobre este punto Chamorro.
Cambio en las bebidas alcohólicas y azucaradas
Otro ajuste que incorpora el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria es que la base imponible se aplica a las bebidas azucaradas, el alcohol, cervezas, cigarros, cigarrillos y aguas gaseadas o bebidas energéticas ahora será sobre el precio al distribuidor y no sobre el detallista.
Al respecto, el economista Chamorro explica que esta discusión de aplicar la base taxativa sobre el precio al importador o de distribución de estos productos aliviaría la carga al precio al consumidor, por lo que ahora al hacerse ese ajuste «esto puede tratarse de un guiño al sector privado» relacionado con ese negocio.
Los tres proyectos de ley ahora ahora están en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde las revisarán. Además, las partes involucradas deberían ser citadas para participar en un proceso de consultas, aunque generalmente no se hacen cambios significativos a los proyectos que son enviados por la Presidencia.
