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Un verdadero y alarmante terremoto laboral se está viviendo en las empresas de zona franca de Nicaragua, mientras la dictadura continúa sacando cifras que pintan un paraíso en el mercado del trabajo con tasas bajísimas de desempleo, casi rozando el pleno empleo.
En enero, que es el dato más actualizado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), en las empresas de zona franca despidieron a 5,249 trabajadores, haciendo retroceder la planilla laboral en este sector a su nivel más bajo en años y cerca de caer por debajo del umbral de los 100 mil empleos activos.
Este es uno de los recortes mensuales en zona franca más significativo en el último año, por lo que desde enero del año pasado y hasta este año un total de 19,652 nicaragüenses han sido enviados al desempleo, una crisis que hasta ahora no ha sido abordada por la dictadura ni tampoco se ve reflejada en las estadísticas económicas triunfantes que suele divulgar el BCN.
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Hasta enero en las empresas de zona franca tenían 100,566 trabajadores aún emplanillados, por debajo de los 105,815 contabilizados en diciembre y de los 120,218 en igual mes del año pasado. Sin embargo, la crisis se profundiza si la cifra recién actualizada se compara con la que se había reportado en julio del 2022, que ha sido la más alta desde la creación de este régimen arancelario especial.
En ese mes, estas empresas en su mayoría maquilas tenían 140,866 trabajadores, por lo que en tres años y medio un total de 40,300 nicaragüenses han sido despedidos. La crisis comenzó primero por la decisión de las marcas en Estados Unidos de reducir sus compras a Centroamérica por los efectos de la pandemia en sus inventarios, una tormenta perfecta que en Nicaragua se ha quedado estacionada.
«Las marcas no han dado las órdenes de trabajo a Nicaragua, por motivos de ser un país inseguro y de alto riesgo para invertir, debido a la política del Gobierno de EE. UU. contra gobiernos no afines a (Donald) Trump», dice una fuente ligada al sector de zona franca.
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Se están yendo las empresas coreanas
Otra fuente consultada por LA PRENSA dijo que «otro aspecto es que muchas empresas coreanas se están trasladando a países como Honduras, Guatemala y El Salvador por motivos que muchas marcas han decidido abandonar Nicaragua. Esto lo sabe el Gobierno y no hace ningún esfuerzo para retener a estas empresas, especialmente coreanas que están produciendo solamente un 40 por ciento de su capacidad instaladas».
De hecho, las cifras del Banco Central indican que desde el año pasado cuatro empresas de zona franca han cerrado y si se compara con el 2022, hay una reducción de 23. En enero de este año, estaban operando 167, menos que las 169 contabilizadas en diciembre y las 190 de cuando estalló la crisis.
Y aunque el máximo emisor bancario aún no actualiza las cifras de febrero y marzo, lo cierto es que fuentes ligadas a este sector indican que además de las 5,000 reportadas en enero, en esos dos meses un poco más de 3,500 trabajadores fueron despedidos, es decir que con facilidad más de 8,500 fueron enviados al desempleo, lo que refleja el nivel de aceleramiento de estas empresas de recortar personal.
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Un factor clave detrás de esa rápida reducción de personal este año es que en julio vence el arancel del 10 por ciento que Donald Trump impuso a las economías mundiales (incluida Nicaragua), luego que la Corte Suprema de Justicia en febrero pasado declaró ilegal la política arancelaria de Washington y que permitió al país recibir un pequeño alivio respecto al 18 por ciento que se le había impuesto dentro del escalafón mundial de arancel diferenciado.
La tarea pendiente de la dictadura
Según los cálculos estimados «en febrero y marzo se disminuyó en más de 3,500 empleos y lo más probable es que las exportaciones en el primer trimestre sean menos el 30 por ciento con respecto al año anterior… podría andar en 605 millones de dólares, debido a que en el sector textil y confección las marcas no han dado las órdenes de trabajo a Nicaragua», dice una de las fuentes consultadas.
Hay incertidumbre sobre qué «pasará en julio cuando se terminen los 150 días de la imposición de aranceles del 10 por ciento a nivel global y la otra preocupación es que en diciembre 2026 se vence el plazo del gobierno de Trump sobre la sección 301 y se debe de avanzar en la hoja de ruta de cumplimiento del Gobierno de Nicaragua del compromiso en derechos laborales y humanos, y de no cumplirse se impondrían más aranceles contra Nicaragua», precisa.
El año pasado una resolución de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en virtud del artículo 301, publicado el 10 de diciembre de 2025, impuso al país un arancel que se introducirá gradualmente a lo largo de dos años.
La USTR indicó que esta medida se tomó «para hacer frente a los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los abusos de los derechos laborales, los abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho».
La oficina comercial determinó que «el arancel se fijará en un 0 por ciento el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10 por ciento el 1 de enero de 2027 y al 15 por ciento el 1 de enero de 2028». Este se agregará a cualquier otro arancel existente en cada uno de los periodos.
«Se considera que este año las exportaciones hacia EE. UU. en el sector textil y confección se van a ver drásticamente reducidas y no se podrán recuperar los más de 15,000 empleos perdidos en 2025», sentenció una de las fuentes.
