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La Asamblea Nacional aprobó ayer casi de forma inmediata y sin someter a consulta al sector privado, un paquete de reformas a la Ley de Concertación Tributaria, Ley de Zonas Francas de Exportación y Ley de Autodespacho Aduanero, cambios que según fuentes no evitarán que las empresas que están despidiendo en el régimen especial de zona franca de Nicaragua, detengan la destrucción de empleos y la salida de estas del país.
Un día después que se conoció la llegada del paquete de reformas y que se anunció que pasaría a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, los diputados, controlados por la dictadura, aparecieron en el plenario aprobando los ajustes, uno de las cuales busca «impulsar la inversión, dinamizar las exportaciones y fortalecer la producción nacional, garantizando empleo, seguridad jurídica y desarrollo sostenible» en las zonas francas de Nicaragua, donde se han destruido más de 40,000 puestos de trabajo.
Ante la situación, la dictadura le ofreció y aprobó a las 167 empresas que operan en este régimen arancelario especial darles exención no solo en el pago del Impuesto sobre la Renta de sus actividades económicas sino también sobre sus dividendos por un periodo de 15 años, prorrogables en iguales términos en caso de que la Comisión Nacional de Zona Franca así lo decida.
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Debieron igualar beneficios de las ZEE
Pero fuentes ligadas a ese sector, consideraron que la medida no es suficiente para detener «la desbandada de empresas coreanas y de Estados Unidos hacia países de Centroamérica». Incluso señalan que se debieron dar las mismas exoneraciones y exenciones fiscales que se les dio a las empresas chinas a través de la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Al respecto una segunda fuente menciona que esa ley que se le aprobó a los inversionistas chinos «tiene mayores bondades especiales tanto fiscales y aduaneros, portuario y fronterizo». Especialmente porque ahorita «el mayor obstáculo sigue siendo la Dirección General de Aduanas, que continúa imponiendo, sin ningún sustento legal, multas millonarias por supuestas infracciones a la ley, lo cual es totalmente falso y que más bien es un sistema recaudatorio».
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En enero, que es el dato más actualizado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), en las empresas de zona franca despidieron a 5,249 trabajadores, haciendo retroceder la planilla laboral en este sector a su nivel más bajo en años y cerca de caer por debajo del umbral de los 100 mil empleos activos.
Los despidos en zona franca
Este es uno de los recortes mensuales en zona franca más significativo en el último año, por lo que desde enero del año pasado y hasta este año un total de 19,652 nicaragüenses han sido enviados al desempleo, una crisis que hasta ahora no ha sido abordada por la dictadura ni tampoco se ve reflejada en las estadísticas económicas triunfantes que suele divulgar el BCN.
Esta semana una fuente empresarial dijo que «obviamente que ninguna medida de orden interno puede detener la decisión de las empresas de cerrar o de las marcas de dejar de comprar o comprar menos con la consecuente afectación al empleo del sector que es el que paga los platos rotos.
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La amenaza de nuevos aranceles, la pérdida del acceso preferencial del Cafta, la pérdida de competitividad con relación a tus competidores son decisiones de orden exógeno en donde lo único que puede evitarlas son decisiones y acciones políticas así como el respeto a la libre asociación y el respeto a los derechos laborales».
Sector reclama medidas reales
A criterio de la fuente ligada, si la dictadura quiere que estos empresarios se queden «debe atender las iniciativas que los inversionistas le han planteado al Gobierno». Estas iniciativas las han presentado a través de la Comisión Nacional de Zona Franca (CNZF), cuyo director interino, Fernando Sánchez, consideran no tiene poder de decisión real y no resuelve las múltiples quejas de las empresas de este régimen especial arancelario.
A criterio de diversas fuentes, Sánchez «no tiene ningún poder de decisión ni resolutivo. Es decir los empresarios del régimen de zonas francas acuden a esta institución, pero no se resuelven los problemas que atraviesa este sector».
Entre las demandas que las empresas han reclamado al Gobierno figuran la creación de una comisión para ventilar todos los problemas que están teniendo con la Dirección General de Asuntos Aduaneros, los problemas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, con el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), así como la obtención de permisos ambientales más expeditos, entre otros.
Además hay inquietud sobre el próximo acuerdo tripartito para la aprobación de los ajustes de salarios mínimos en este sector. Se necesita un acuerdo que dé «mayor estabilidad al sector y tener predictibilidad para los próximos cinco años, en vista de que dicho acuerdo finaliza en el 2027 y el Gobierno no tiene mucho interés en dicha» negociación.
