El avance de la minería ilegal en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica persiste sin que haya certeza de judicialización de los responsables. Fundación del Río, a través de un comunicado divulgado este 19 de junio, confirmó que las autoridades nicaragüenses hasta ahora reportan siete notas informativas sobre operativos relacionados con la actividad minera ilegal en la zona fronteriza del río San Juan, sin confirmar proceso judicial contra alguna de las más de 80 personas que han retenido.
Fundación del Río realizó —durante 112 días— un seguimiento del cumplimiento del acuerdo binacional entre Nicaragua y Costa Rica, en el que las autoridades se comprometieron a reforzar el patrullaje en la zona de minería ilegal, especialmente en la Reserva Biológica del Río San Juan, y responder formalmente a las acusaciones y coordinar acciones conjuntas.
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El acuerdo surgió en febrero pasado, luego que las autoridades costarricenses denunciaron la extensión de la extracción ilegal de oro, que pasó de afectar 900 a más de 3,000 hectáreas, ubicadas en Crucitas y ahora también en el Cerro Las Conchuditas, cercanas al río San Juan de Nicaragua.
La mayoría de las personas que llegan a extraer el oro costarricense, según las autoridades de ese país, son de origen nicaragüense y venden lo extraído a empresas asiáticas ubicadas «del otro lado del río San juan», en territorio nicaragüense.
Más de 80 personas retenidas
Según el análisis de la Fundación, las autoridades nicaragüenses reportaron entre el 28 de febrero y el 19 de junio la retención de 86 personas relacionadas con la actividad minera ilegal en la zona fronteriza del río San Juan, esto sin especificar si alguna de estas fue procesada.
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Las zonas donde las autoridades nicaragüenses reportaron operativos por minería ilegal en la zona fronteriza del río San Juan, según el documento de Fundación del Río, fueron: La Conchuda, El Castillo, La Tigra, Las Cruces, El Vivero, Veracruz, El Jardín, Caño Las Vegas, El Núcleo, Cerro La Conchuda, Caño Machado, Jobo, Boca de Sábalos, Tiricias, El Chilamate, Caño Negro, Boca de San Carlos, Dos Bocas, El Cocal y Cangreja.
Sin evidencia de judicialización
Fundación del Río apuntó que “no existe evidencia de procesos de judicialización de las personas retenidas en flagrancia de estas actividades de minería ilegal y otros delitos conexos”.
Además, indicó que testimonios locales y observación de campo “permiten asegurar que las personas retenidas son posteriormente liberadas” y muchas de estas “vuelven a la actividad de minería ilegal en la zona”.
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Fundación del Río detalló que en estas siete notas informativas, divulgadas por el Ejército tras el acuerdo binacional, contabilizan también la incautación de dos embarcaciones, 675 galones de combustible, decomiso de 18 armas de fuego y 189 municiones, deshabilitación de 57 pilas de cianuración y 9 establecimientos mineros, incautación de 11 motosierras y 6,487 pies de tabla de madera.
Sin embargo, cuestiona que dicha información omite detalles importantes sobre “los decomisos, como el dinero incautado, la cantidad de sacos o sedimentos de minería (broza), la ruta de los materiales y las sustancias tóxicas decomisadas, así como el nombre de personas retenidas, entre otros. Detalles importantes para determinar las dinámicas de minería ilegal en la zona”.
Tráfico de armas y municiones vinculado a minería ilegal
El trabajo del Ejército de Nicaragua en la zona fronteriza del río San Juan, según el análisis de Fundación del Río, también permite confirmar que la minería ilegal en esa zona está asociada “al tráfico ilegal de armas y municiones”.
Fundación del Río advierte que, pese a esos operativos que se reportan para supuestamente frenar la minería ilegal en la zona fronteriza, logró constatar que la actividad continúa. “La zona de influencia de esta actividad es de 36 kilómetros de longitud sobre el río San Juan, desde el punto del puesto de control río Bartola hasta el puesto de control río San Carlos”.
“La actividad de minería ilegal en el sector de Las Cruces, dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, ha aumentado y se han utilizado técnicas semindustriales de lixiviación con cianuro, donde se utiliza carbón activado, soda cáustica, ácido clorhídrico, entre otros productos químicos para el procesamiento del oro”.
Incluso se ha documentado la introducción de generadores eléctricos de motor diésel importados desde la India por Codinsa.
Transporte acuático abierto para minería ilegal
En el país, según la Fundación, las autoridades nicaragüenses de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura no han realizado acciones para “detener el flujo de mineros artesanales que utilizan el río San Juan como medio para movilizarse y desembarcar en zonas de minería ilegal en Costa Rica y Nicaragua”.
“Los flujos de personas dedicadas a la minería ilegal que llegan a la zona de influencia de la minería, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, siguen pasando libremente estos controles”, denunció Fundación del Río.
Además, alertó de la construcción de un “muelle presuntamente ilegal en la entrada del sector de Las Cruces, conocido como Los Tiburones”.
Costa Rica preocupada por concesiones mineras en zona fronteriza
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, tras realizar este viernes 19 de junio un recorrido por La Crucitas, zona fronteriza afectada por la minería ilegal, además de referirse a la evacuación a la que el personal de seguridad la sometió tras escucharse una explosión de origen desconocido que retumbó en las montañas, expresó su preocupación por las concesiones mineras a empresas chinas que ha otorgado el orteguismo, sobre todo en áreas protegidas como Indio Maíz, cercana a la frontera costarricense.
«Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua. Indio Maíz ya se concesionó a empresas chinas y se estima que ahí hay 1,500 o 1,800 coligalleros (mineros artesanales o güiriseros). Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua, ¿para dónde creen que se van a venir esos coligalleros?», cuestionó la mandataria costarricense.
Fernández resaltó que lo ocurrido durante su recorrido en ese sector afectado por la minería ilegal evidencia «el peligro» que hay en Crucitas, donde mafias siguen extrayendo oro ilegalmente y contaminan el medioambiente.
