La saña contra las mujeres nicaragüenses se ha extendido en los últimos seis años en el país. Desde 2018 hasta la fecha, así lo confirmó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), en entrevista con LA PRENSA. Un total de 245 organizaciones feministas, que trabajaban en defensa de los derechos de las mujeres, fueron canceladas por el orteguismo.
Al menos 15 de esas organizaciones feministas y defensoras de mujeres, detalló el IM-Defensoras, fueron despojadas de sus propiedades, y al menos dos de esas ya fueron utilizadas para montar casas de cultura en las que se rinde culto a la imagen de la dictadura orteguista.
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Una defensora de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que conversó con LA PRENSA, especificó que “un 25% de estas 245 organizaciones se dedicaban a defender derechos relacionados a vivir una vida libre de violencia; otro 25% al tema del mejoramiento económico; un 11% al tema de pueblos indígenas y afrodescendientes; y un 8% derechos sexuales y reproductivos”.
Mujeres quedan en la “indefensión”
Además, denunció que todos estos cierres de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres “tienen un doble o un triple impacto porque lo que hace es dejar en la indefensión a mujeres que están sufriendo violencia diversa, no solamente violencia de Estado. Es decir, no solo es la represión por ser personas, digamos, opositoras, defensoras de derechos humanos, sino por ser mujer”.
Resaltó que las mujeres nicaragüenses, víctimas de violencia, fueron gravemente afectadas con el cierre de albergues y, adicional a eso, “tienen miedo a acercarse a denunciar la violencia en las delegaciones policiales por el rol represivo de la Policía”.
La Policía orteguista, hasta marzo pasado, hizo gala de que en el país funcionan 303 Comisarías de la Mujer. Sin embargo, la violencia machista contra las mujeres sigue en aumento. Más de 30 mujeres han sido asesinadas antes que se cumpla el primer semestre de este 2024.
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IM-Defensoras constató que estos cierres, además de afectar gravemente la defensa de los derechos de las mujeres, propiciaron “aumento de la violencia, desplazamiento del personal (de las organizaciones cerradas), que fue objetivado (por la dictadura), por la persecución de algunos, incremento del desplazamiento forzado, afectaciones económicas porque se mandó a cientos de personas al desempleo”.
La Iniciativa resaltó que, tras conversar con integrantes de 22 de estas 245 organizaciones canceladas por el orteguismo, identificaron que estas habían sido víctimas de hostigamientos y amenazas.
Detalló que el 73% de estas sufrieron hostigamientos, el 13% amenazas y las demás reportaron incidentes relacionados con allanamientos.
Las feministas y defensoras afectadas por estos cierres, destacó IM-Defensoras, pese a la persecución del orteguismo —al menos lo que confirmaron integrantes de las 22 organizaciones con las que pudieron entrevistarse— “han seguido defendiendo derechos de otras maneras, intentándolo, reinventándose”.
