La reciente decisión del dictador Daniel Ortega de deportar y luego despojar de su nacionalidad a 222 presos políticos desató el asombro y la condena internacional. Esta creció cuando a esa lista de desterrados se sumaron otros 94 nicaragüenses a los que a través de una resolución judicial les quitaron la nacionalidad y les confiscaron sus bienes. Sin embargo, estos no son los únicos afectados, hay otro grupo al que a través de diversos mecanismos les han quitado o negado el pasaporte. Algunos de ellos se consideran «apátridas de facto» y otros lamentan las consecuencias que esto les provoca.
La mayoría de afectados consultados por LA PRENSA considera que su caso es aún más grave que el de los 222 desterrados y los 94 de la resolución, ya que a ellos no les han comunicado oficialmente que perdieron la nacionalidad. Pero al negarles el derecho a recibir su pasaporte se las arrebataron de facto. Además, no tienen ninguna opción más que resignarse y prácticamente es un problema al que no se le está prestando atención.
Según el artículo 71 de la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería: «El pasaporte es un documento público, personal, individual e intransferible, que utiliza el titular legítimo a cuyo nombre expide el Estado de Nicaragua para viajar y acreditar en el exterior la identidad y nacionalidad nicaragüense«.
País por cárcel
A criterio de un especialista en el tema, que pide anonimato por temor a represalias, a quienes siguen en Nicaragua y no les entregan su pasaporte les han impuesto el país por cárcel. Mientras que a los que están en el exterior y se les venció y no se los renuevan, les han declarado muerte civil. Sin este documento no tienen forma de demostrar su identidad y nacionalidad.
En ambos casos les impiden movilizarse en busca de oportunidades de todo tipo, incluso de asistencia médica para salvar sus vidas. A algunas de estas personas también les han negado otros trámites, entre ellos el récord de Policía, la renovación de la licencia de conducir y de la cédula de identidad.
Para el especialista, la decisión del régimen de negar el documento de viajes es una forma más de represión, que ni siquiera tiene un mecanismo uniforme, sino que lo adaptan arbitrariamente para cada víctima.
«La negativa de entregar pasaportes parece que no es una declaración de apátridas, pero si vas a registro no te van a extender tus documentos fácilmente… es una muerte civil«, dice un abogado que pide omitir su nombre ya que también es víctima de este método de represión. Tramitó el pasaporte para su hijo menor y hasta la fecha no se lo entregan.
Sacerdote entre los primeros afectados
El abogado y el especialista en temas migratorios coinciden en que el régimen niega el derecho de recibir su pasaporte con dos objetivos. El primero es vengarse, ya que la venganza es lo que más lo mueve. El otro es imponer miedo, para advertir lo que le puede pasar a los que osen oponerse o a su círculo familiar.
Uno de los primeros casos que se conoció fue el del padre José Alberto Idiáquez Guevara, exrector de la Universidad Centroamericana (UCA). Él salió del país para realizarse un chequeo médico y la pandemia le impidió regresar en la fecha prevista. En ese lapso se venció su pasaporte y aunque realizó el trámite a través del Consulado no se lo entregaron. Eso le impidió regresar a su país y en julio del año pasado, al concluir el periodo para el que fue electo la UCA nombró a un nuevo rector.
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El padre Idiáquez representó al sector académico en el primer intento de Diálogo Nacional realizado en mayo de 2018 y por ello recibió amenazas de muerte. Esto lo llevó a formar parte de la Alianza Cívica, organización que se convirtió en la contraparte del régimen en la búsqueda de una solución a la crisis sociopolítica que afecta al país desde abril de 2018. En octubre de 2021 desde su exilio forzado el sacerdote renunció a esta organización.
Al borde de la muerte por no viajar
Otro caso que incluso mantiene en riesgo la vida de la afectada es el de María Josefina Gurdián, conocida como doña Pinita. En septiembre de 2021 intentó viajar a Costa Rica para realizarse un examen CT Scan. Eligió ese país porque es el único que lo ofrece en Centroamérica. Pero al llegar al puesto fronterizo de Peñas Blancas le decomisaron su pasaporte y desde entonces no se lo han devuelto.
Su médico le mandó este examen para determinar el estado del cáncer que padece. No hacerlo provocó que dos meses después, en noviembre de 2021, estuviera al borde de la muerte, porque un tumor le provocó una obstrucción intestinal. Para salvarla le realizaron una ileostomía y por el resto de su vida tendrá un agujero en el abdomen donde coloca una bolsa para desechar las heces. Ella todavía necesita con urgencia realizarse ese examen, pero no ha recuperado su pasaporte.
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«En mi caso es de extrema necesidad que viaje a hacerme ese examen. Saldría únicamente por cinco o seis días. Necesito mi pasaporte para ir, pero también es importantísimo para mí regresar, porque mi tratamiento es aquí. Yo no me meto en política, soy una persona enferma con cáncer que me puedo morir en cualquier momento, porque la enfermedad avanza», dijo Gurdián a LA PRENSA.
El temor al destierro
Doña Pinita nunca se ha metido en política, pero su hija Ana Margarita Vijil es una de las 222 personas presas por razones políticas desterradas el pasado 9 de febrero. Y su insistencia sobre la necesidad de su pasaporte para ir, pero también para volver, es porque hay casos en los que no les decomisan el pasaporte, pero los destierran negándoles el ingreso. El más reciente es el del periodista Luis Felipe Palacios, de la agencia de noticias EFE, que tras volver de un viaje de trabajo le negaron el ingreso. En las últimas semanas también le ha ocurrido a varios sacerdotes.
Una dirigente social que también pide anonimato porque no pierde la esperanza de «salir de la lista de afectados», explica que le quitaron el pasaporte en 2021 cuando intentaba salir del país con su familia en un viaje de vacaciones, la afectada fue solamente ella.
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Cuando esto ocurre algunas personas por temor a represalias mayores optan por salir por puntos ciegos y pedir refugio en Costa Rica, ya que es uno de los pocos países que permite legalizar estatus migratorio sin este documento. Así lo hizo un músico local quien asegura que por no tener pasaporte ha enfrentado mil dificultades, incluso para rentar un apartamento para vivir. Pero en el caso de esta dirigente social no quiso abandonar su trabajo y se quedó en Nicaragua, y confirma que pese a no tener pasaporte ha realizado diversos trámites migratorios sin problemas, entre ellos visas de salida para sus hijos menores.
Tanto su esposo como sus hijos han viajado por avión y por tierra y no han tenido ningún problema. Pero ella sigue sin pasaporte y dice que si se lo entregan le daría miedo viajar, porque a su regreso le pueden negar el ingreso y no está dispuesta a separarse de sus hijos.
«Están en revisión»
Pero el decomiso no es el único mecanismo para despojar del pasaporte a los ciudadanos. En otros casos cuando se solicita por primera vez y se pide renovación, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) no los entrega. La excusa es que están en «revisión» o en «investigación».
«Lo solicité en abril de 2022, hice el trámite en línea y pagué. Me dijeron que me presentara 15 días después. Pero en esa fecha no me lo entregaron porque estaba en revisión. Revisar qué, no sé, porque yo nunca he sido activista, ni he participado en política. Asumo que no me lo dieron porque trabajaba en el periódico», dice una empleada del área administrativa del Diario LA PRENSA.
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Son muchos los casos en que se tramita la renovación y la DGME no los entrega. Así le pasó al exprecandidato presidencial Félix Maradiaga en noviembre de 2020 cuando solicitó la renovación por vencimiento. Al momento de su captura en noviembre de 2021 seguía sin pasaporte y solo lo recuperó el pasado 8 de febrero cuando fue desterrado junto a otros 221 presos políticos.
«Cuando esté listo le llamaremos»
Cuando el trámite se realiza fuera de la capital obligan al solicitante a viajar a Managua a la sede central de la DGME para una entrevista. En muchos casos las personas tienen que llegar varias veces hasta que las reciben; y cuando las pasan a la entrevista generalmente les hacen una o dos preguntas. Las más comunes son: «Con qué letra se escribe su nombre», «con qué letra se escribe su apellido», «su nombre está escrito correctamente en el pasaporte anterior» o «como se pronuncia su nombre».
Después de ese «interrogatorio» los hacen pasar al área de entrega donde la respuesta siempre es la misma. «Por favor no siga viniendo a perder su tiempo ni hacerlo perder a nosotros. El día que su pasaporte esté listo le llamaremos al número que nos dejó en la solicitud». Pero esa llamada nunca la hacen.
Dadas las consecuencias que provoca no tener pasaporte, los especialistas coinciden que es una declaratoria de muerte civil. Muerte que además conlleva la pérdida de la nacionalidad. Aunque esto no se haya oficializado como ya ocurrió con 317 nicaragüenses a los que se les ha notificado oficialmente a través de resoluciones judiciales. Los afectados no tienen otra opción que no sea resignarse y adaptarse a las condiciones que les impone carecer del documento.
