Luego de la euforia que les provocó recuperar su libertad, 222 presos políticos supieron que en una absurda acción sin base legal, la dictadura Ortega Murillo los despojó de su nacionalidad y los envió al destierro en Estados Unidos. De inmediato España les ofreció su nacionalidad para que dejen de ser apátridas. Sin embargo, a criterio de los afectados y especialistas, la figura legal que pretenden aplicarles no tiene fundamento, por lo que consideran siguen siendo nicaragüenses.
En otra muestra de su errática actuación, antes de expulsarlos la dictadura les entregó a las 222 personas excarceladas pasaportes nuevos con vigencia de diez años. Hasta febrero de 2033 se seguirán identificando como nicaragüenses ante autoridades migratorias del mundo. Para el derecho internacional y también el nicaragüense, «el pasaporte es el documento que se acepta universalmente como identificación y prueba de nacionalidad«.
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El economista y político Enrique Sáenz recuerda que la reforma al artículo 21 de la Constitución Política que aprobaron el jueves 9 de febrero, para introducir que «los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”, necesita una segunda aprobación en la próxima legislatura. Es decir, en la legislatura que iniciará el 10 de enero del 2024. No hay manera de aplicarla desde ahora. Ni siquiera a través de la Ley 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad nicaragüense, ya que se sustenta en la reforma al artículo 21 de la Constitución.
«La reforma constitucional no es vigente pues debe aprobarse por segunda vez en otra legislatura. Por tanto la ley aprobada carece de base. El Tribunal de Apelaciones aplicó una ley y una pena inexistente, además de manera retroactiva. Una aberración y una payasada«, aseguró Sáenz a través de sus redes sociales. Los desterrados coinciden en que seguirán siendo nicaragüenses hasta su muerte.
¿Qué son los apátridas?
La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) define como apátridas a las personas que “no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado». Es decir, las que no tienen nacionalidad de ningún país.
La Convención de 1954 garantiza a las personas apátridas el derecho a la identidad, documentos de viaje y asistencia administrativa. En noviembre de 2014, había 83 Estados parte en la Convención de 1954. Ese año Acnur lanzó la Campaña para eliminar la apatridia en 10 años, es decir, hasta 2024.
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Por su parte, el excarcelado político Félix Maradiaga durante una conferencia que brindó el viernes 9 de febrero, coincidió en que la Ley 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad nicaragüense, no tiene ningún sentido, ni siquiera dentro del mismo régimen jurídico arbitrario del régimen.
«Leyendo esta mañana la supuesta ley y digo supuesta porque no tiene técnicamente ni siquiera los elementos fundamentales, se despoja de la nacionalidad a todas las personas que fueron juzgadas por la Ley 1055. Y ninguno de los que estábamos ahí fuimos juzgados por la Ley 1055. Ya que esta es una ley de carácter civil no de carácter penal. En todo caso ni siquiera esa ley tendría aplicación práctica para quienes fuimos juzgados de conformidad con el Código Penal«, aseguró Maradiaga.
Pasaporte es prueba de nacionalidad
Por su parte, un abogado, quien pide el anonimato, agrega que por un lado está la imposibilidad de quitarles la nacionalidad a través de la reforma al artículo 21, porque esta entrará en vigencia hasta en 2024. Y a esto se suma que al entregarles su pasaporte, la dictadura reconoció la nacionalidad de estas 222 personas.
Antes de salir del país, cada una de estas 222 personas recibió un pasaporte nuevo con vigencia de diez años. Es decir que hasta febrero de 2033 seguirán identificándose como nicaragüenses.
El abogado pide tener en cuenta que el derecho internacional reconoce que «el pasaporte es el documento que permitir viajar a otros países, pero también es el único que se acepta universalmente como identificación y prueba de nacionalidad«. Como parte de esta aceptación universal de identificación y prueba de nacionalidad, el artículo 51 de la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería establece que los cinco documentos probatorios de la nacionalidad nicaragüense son:
1. Certificado de nacimiento.
2. Cédula de identidad ciudadana.
3. Pasaporte nicaragüense.
4. Certificado de Resolución de otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense debidamente publicado en La Gaceta, diario oficial.
5. Y el certificado de inscripción de nacimiento extendida por las representaciones diplomáticas u oficinas consulares nicaragüenses en el exterior, debidamente autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Destierro era alternativa a la pena de muerte
Para Maradiaga, el destierro y el supuesto despojo son arbitrariedades de la dictadura. Asegura que el destierro era una alternativa a la pena de muerte, contemplada en el Derecho Romano. Luego, durante la época de la Colonia, España lo aplicó a los acusados de herejes y en las naciones independientes los dictadores la usaban contra los opositores con los que no podían lidiar y para evitar pagar el precio que implicaría aplicarles la pena de muerte.
«Hago esta reflexión histórica solo para enfatizar que algo que ya fue borrado del derecho internacional, como es el destierro, está siendo nuevamente establecido en Nicaragua de una forma absolutamente ridícula… estableciendo la pérdida de nacionalidad que es un tema que desde hace décadas está prohibido por el derecho internacional… Pero lo hace porque el régimen se comporta de forma medieval«, dice Maradiaga.
Tanto Maradiaga como otros desterrados políticos mantienen que son y seguirán siendo nicaragüenses por el resto de sus vidas. Incluso, consideran que no les pueden aplicar la Ley 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad nicaragüense.
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Ya que esta dice que «las personas sentenciadas al tenor de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como Ley de traición a la patria, perderán la nacionalidad nicaragüense». Sin embargo, a ningún preso político lo sentenciaron bajo esta ley que es de carácter civil.
«Ninguno de los que estábamos allí fuimos juzgados por la Ley 1055, que es una ley de carácter civil no de carácter penal. En todo caso ni siquiera esa misma ley tendría aplicación práctica para quienes fuimos juzgados de conformidad al Código Penal en un juicio que, insisto, no tenía ningún sentido, no tiene ningún sentido, jamás lo tendrá», señaló Maradiaga durante una conferencia de prensa. A esto, según los abogados, se suma que mientras tengan su pasaporte vigente seguirán demostrando su nacionalidad nicaragüense.
