Desde que el dictador Daniel Ortega reprimió con mano de hierro las protestas cívicas en 2018, la Iglesia católica ha sido uno de sus blancos por la posición de denuncia de los obispos y sacerdotes sobre la violación de derechos humanos.
En 2022, la dictadura intensificó el hostigamiento y la persecución contra obispos y sacerdotes críticos, que ha llevado a decenas a la cárcel, destierro y exilio.
Actualmente mantiene a seis religiosos detenidos, incluido el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Otros dos están bajo arresto domiciliario, en una casa de formación de la Iglesia, en Managua.
Última detención: Osman Guillén
El viernes 8 de septiembre se reportó la más reciente detención de otro sacerdote de la Iglesia católica en Nicaragua. Se trata del cura Osman José Amador Guillén, de 36 años, párroco en Wiwilí, Nueva Segovia, que pertenece a la Diócesis de Estelí.
El sacerdote fue detenido por antimotines la noche del viernes dentro de la catedral, aproximadamente a las 10:00 p.m., según fuentes locales que pidieron no ser identificadas por temor a represalias.
Amador es el exdirector de Caritas Diocesana Estelí, organización cerrada luego de que la dictadura ordenó cancelar la personería jurídica de Caritas de Nicaragua en marzo pasado.
Padre Fernando Zamora
El 9 de julio pasado, en horas de la noche, el sacerdote Fernando Zamora Silva, canciller de la Curia de la Diócesis de Siuna, fue apresado por unos 50 policías y alrededor de 20 paramilitares, tras salir de una misa de la parroquia San Luis Gonzaga, de Managua.
Ese domingo, el sacerdote había oficializado tres misas en la parroquia San Luis Gonzaga, una a las 6:30 a.m., a las 8:00 a.m. y a las 11:00 a.m. Sin embargo, decidió esperar la misa de las 4:00 p.m. porque había una celebración especial.
El lugar estaba rodeado de policías, la última misa realizada en esta parroquia también es presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, lo que explicaba la presencia policial. Poco antes de las 8:00 p.m. del 9 de julio, el padre Zamora había abordado el vehículo junto con su conductor y se dirigían al lugar donde residían, pero fue detenido en las cercanías del kilómetro 4 de la Carretera Norte.
Sacerdote Jaime Iván Montesinos
La Policía orteguista detuvo el 23 de mayo al sacerdote Jaime Iván Montesinos Sauceda, de la parroquia San Juan Pablo II, de Villa Chagüitillo, ubicada en el municipio de Sébaco, de la Diócesis de Matagalpa, uno de los departamentos más afectados por la represión de Ortega contra la Iglesia católica.
La detención del sacerdote había sido denunciada en redes, sin embargo, fue hasta el 25 de mayo que la Policía orteguista confirmó que el padre fue detenido y está siendo acusado de cometer “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, una acusación que es habitual para incriminar a los opositores y críticos de la dictadura de Ortega.
Al igual que ha ocurrido con otros casos de sacerdotes encarcelados, la nota de prensa policial afirmó que el sacerdote estaba ebrio y lo acompañaba una mujer.
“Se encontraba en actitud sospechosa, en estado de ebriedad y en compañía de una joven, a bordo de la camioneta marca Toyota Hilux color blanco, doble cabina, placa MT 23726, estacionada a la orilla de la vía”, según la versión policial.
Dos sacerdotes en «arresto domiciliario»
Los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavídez, párroco de la Iglesia Divina Providencia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, de la Catedral de Estelí, se encuentran en “una casa de formación de la iglesia”, en Managua, tras ser trasladados por la Policía para “investigaciones”.
El 23 de mayo de este año, la Diócesis de Estelí, confirmó que los sacerdotes fueron “requeridos” por la Policía el 20 y 22 del mismo mes, respectivamente, para un proceso de investigación “sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí, cancelada por el Ministerio de Gobernación (Migob).
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina explicó sobre el casos de Rodríguez y Guevara que «se puede decir que los sacerdotes están casa por cárcel. La condición de ellos es diferente (a la de los demás sacerdotes detenidos) celebran todos los días la misa, las oraciones, están en una comunidad, mientras que los otros están en una cárcel, desaparecidos, no se sabe si comen o están vivos».
Monseñor Rolando Álvarez
Monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, también esta preso por sus expresiones críticas a la dictadura de Ortega y denunciar las violaciones de derechos humanos que han cometido contra los nicaragüenses.
Álvarez está privado de libertad desde el 4 de agosto de 2022, y en febrero de este año fue condenado a 26 años de prisión por “traición a la patria” y «ciberdelitos», delitos de los que generalmente se acusa a los opositores.
Este 9 de septiembre cumplió siete meses de haber sido trasladado de su residencia, en Managua —donde guardaba prisión domiciliaria desde el 19 agosto de 2022— a las celdas del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, conocido como La Modelo.
Dos sacerdotes condenados por supuestos delitos comunes
En agosto de 2022, monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro en Boaco, fue sentenciado a 30 años de prisión por presuntamente haber incurrido en los delitos de abuso sexual y violación en una menor de 14 años en Boaco.
La sentencia fue impuesta por el juez orteguista Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, quien lo declaró culpable, en un juicio secreto que duró dos días.
Al religioso, la justicia orteguista no le permitió nombrar un abogado privado que lo defendiera y le impuso un defensor público.
De acuerdo con la sentencia, el religioso deberá cumplir la pena en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo, hasta el 12 de julio de 2052.
El primer sacerdote en ser acusado y condenado en el contexto de persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua fue el padre Manuel Salvador García, de la iglesia El Calvario en Nandaime, departamento de Granada.
Sobre el padre Manuel García penden dos condenas, una de dos años por amenaza con arma contra cinco hombres y de cinco años por violencia contra en perjuicio de Martha Hernández Rivas, quien después fue acusada por la Fiscalía de falso testimonio por haberse retractado de los señalamiento contra el religioso en el juicio.
Los procesos judiciales contra los religiosos católicos se han hecho a puerta cerrada y únicamente en el caso de monseñor Leonardo Urbina fue permitida la presencia de medios oficialistas.
