El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica de Nicaragua, cumple este miércoles 1 de marzo 21 días de haber sido trasladado de su residencia, en Managua, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, conocido como La Modelo.
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La dictadura de Daniel Ortega condenó el pasado 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión por los delitos de “traición a la patria” a monseñor Álvarez, un día después que se negara a ser desterrado junto a los 222 presos políticos que fueron liberados y enviados a Estados Unidos.
“El ensañamiento de Ortega contra monseñor Álvarez es a todas luces un castigo por su rechazo a ser desterrado de Nicaragua”, dijo Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW) y agregó que el juicio exprés al que fue sometido no es más que una “burla” al debido proceso.
“Seguimos con mucha preocupación la situación del obispo que se encuentra incomunicado desde su traslado a La Modelo”, recalcó Taraciuk.
El Gobierno de Colombia repudió el pasado 23 de febrero “los dictatoriales procederes” de Ortega —quien retiró la nacionalidad a 317 ciudadanos—, y pidió a través de un comunicado a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, que solicite “autorización para visitar a los que siguen detenidos”, incluido el obispo de quien se desconoce su estado y las condiciones en que se encuentra.
Hasta el momento el régimen de Ortega no se ha referido a la petición hecha por Colombia. En Nicaragua continúan privadas de libertad por razones políticas más de 30 personas.
Situación de Álvarez es preocupante
Monseñor Álvarez, desde el 19 de agosto de 2022 ha sido prisionero político de la dictadura, después de que oficiales de la Policía lo sacaron de la Curia Episcopal de Matagalpa donde había permanecido fuertemente asediado y retenido durante 16 días, junto con más de seis personas, entre sacerdotes y laicos, que fueron desterrados el pasado 9 de febrero.
El defensor en el exilio y declarado apátrida por el régimen, Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, dijo que la situación del obispo es “preocupante”, y señaló que desde su confinamiento en la Curia Episcopal de Matagalpa (4 de agosto) y el traslado a Managua, Álvarez “ha estado en la incertidumbre y en absoluta indefensión”.
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“La verdad es que nunca hemos sabido en las condiciones en las que está, y si nos vamos por las imágenes en las que presentaron el simulacro de audiencia y de proceso en su contra, él ya expresaba en su rostro evidencia de su estado, lo que sufre y pasa es una interrogante”, expresó Carrión.
La dictadura presentó por primera vez a monseñor Álvarez el 13 de diciembre pasado, cuando fue llevado a los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, donde la Fiscalía lo acusó por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”. Se observó al obispo vestido de camisa azul y pantalón negro, con evidente pérdida de peso.
“El problema ahora es que el cardenal (Leopoldo Brenes) decía que lo visitaba donde estaba (en Managua), pero ahora que está en un régimen de mayor privación es de incertidumbre”, reiteró Carrión.
CICR comparte información con las autoridades en confidencialidad
En cuanto a la petición del presidente Gustavo Petro al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), María Cristina Rivera Ochoa, coordinadora de comunicación para México y América Central del organismo internacional, explicó a LA PRENSA que son una organización humanitaria que trabaja bajo principios muy claros de neutralidad, imparcialidad e independencia y “cualquier solicitud que se recibe de los Estados es abordada de manera que se cumple con esos principios”.
Asimismo indicó que el CICR tiene una misión permanente en Nicaragua desde 2018 y visitan permanentemente a personas privadas de libertad en los distintos penales del país desde enero de 2019, y comparten las recomendaciones de los hallazgos de manera “confidencial” con las autoridades.
Sobre la situación específica de los presos políticos, Rivera se limitó a decir que el CICR no comparte información de casos individuales.
Al respecto, Carrión comentó que el CICR “mantiene el principio de confidencialidad. Es decir, si visitan no lo sabemos”.
Por otro lado, Taraciuk saludó el contundente comunicado de Colombia sobre la situación de Nicaragua. “Es una declaración sumamente valiosa que pone el acento en la situación crítica que atraviesa el país, una crisis que por lo demás no ha recibido una atención regional sostenida para presionar al régimen de Ortega a restablecer las libertades fundamentales”, dijo e instó a todos los gobiernos de la región comprometidos con los derechos humanos y la democracia a “reunirse para trabajar juntos sobre acciones concretas que promuevan una transición democrática en Nicaragua”.
Carrión también agradeció la solidaridad de Colombia y Chile con los nicaragüenses.