La agencia de noticias Europa Press informó este miércoles que el Gobierno de España descartó, por el momento, designar un nuevo embajador en Nicaragua, donde la representación diplomática la dirige un encargado de negocios tras la expulsión del anterior jefe de misión por parte de Managua. Mientras tanto, Madrid mantiene únicamente «mínimos contactos» con el régimen de Daniel Ortega.
De acuerdo con Europa Press, la información fue dada a conocer por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en una respuesta al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, quien consultó si el Ejecutivo sostenía conversaciones con el régimen nicaragüense para el retorno del embajador de ese país a España.
En la respuesta oficial, el Gobierno español reconoció que «las relaciones bilaterales entre Nicaragua y España atraviesan un momento de especial dificultad desde el pasado 25 de enero». Recordó que ese día las autoridades nicaragüenses expulsaron al embajador de España en Managua y a la segunda jefatura de la Embajada, tras acusarlos de injerencia en asuntos internos y concederles un plazo de 24 horas para abandonar el país. Asimismo, aplicaron «una medida similar» contra cinco cooperantes.
Desde entonces, señaló Europa Press, la representación diplomática española en Nicaragua «se ha mantenido a nivel de encargado de negocios, con la idea de mantener los mínimos contactos necesarios con las autoridades nicaragüenses, así como de atender los asuntos consulares».
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España mantiene canales de comunicación
A pesar del «momento delicado» que atraviesan las relaciones entre ambos países, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que España «no ha dejado de mantener abiertos determinados canales de comunicación», principalmente para salvaguardar los intereses de los ciudadanos españoles residentes en Nicaragua, en su mayoría empresarios y cooperantes.
El Ejecutivo español también afirmó que ha sido «particularmente crítico hacia la derivada autoritaria del régimen Ortega-Murillo» y que ha condenado de forma sistemática «las violaciones de Derechos Humanos y la persecución política a opositores, periodistas y otros actores de la sociedad civil».
Señalaron también que «España lidera la activación del régimen de sanciones en la Unión Europea» y que respalda a los nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad mediante la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza.
Además, indicó que, en coordinación con ACNUR, desarrolla un programa de reasentamiento que ofrece residencia y permiso de trabajo en España a refugiados nicaragüenses establecidos en distintos países de Centroamérica.
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Roces crecientes entre Managua y Madrid
En abril pasado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó al entonces embajador de España en Managua, Sergio Farré Salvá, apenas unos meses después de su llegada al país. En respuesta, el Gobierno español aplicó el principio de «estricta reciprocidad» y expulsó al embajador del régimen acreditado en Madrid.
Las autoridades españolas calificaron la medida como una «injusta expulsión» y aseguraron que seguirían trabajando por mantener las mejores relaciones con el pueblo nicaragüense.
Las relaciones entre ambos países se han deteriorado de forma progresiva en los últimos años. En 2021, el régimen acusó a España de una supuesta injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, lo que llevó al Gobierno español a llamar a consultas a su embajadora en Managua y rechazar esas acusaciones.
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Posteriormente, tras el destierro y la desnacionalización de centenares de opositores en 2023, España ofreció la nacionalidad a los afectados y, en marzo del año pasado, el Congreso español aprobó una proposición para condenar las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua, exigir el fin de la represión e impulsar un endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea contra el régimen.
