¿Cuáles son los efectos de la tensión diplomática entre Nicaragua y España?

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En los últimos dos meses se ha originado un choque diplomático entre el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua y el Gobierno de España, la tensión se ha dado debido a que la Administración a cargo del presidente Pedro Sánchez le ha reclamado al régimen orteguista por la detención de los aspirantes a la Presidencia y otros líderes de la oposición, por quienes demanda libertad.

Pero, también el gobierno español ha señalado que en el país no existen condiciones para que se celebren elecciones presidenciales creíbles, libres y observadas en noviembre próximo. Pero, ¿cuáles son los efectos de la tensión diplomática que existe entre Nicaragua y España? Analistas políticos y expertos en Derecho Internacional consultados por LA PRENSA explican el panorama venidero.

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Ortega busca desviar la atención y culpar a enemigos 

A lectura de Carlos Murillo, analista internacional y catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR), el régimen de Daniel Ortega con dichas acciones persigue dos objetivos, el primero es crear una cortina de humo en medio de los problemas internos del país, y en segundo momento, culpar y responsabilizar a sus enemigos.

“Lo que busca el régimen Ortega-Murillo es desviar la atención de los problemas internos que en Relaciones Internacionales es una práctica arriesgada, pero que en algunos casos funciona: es negar la violación a los derechos humanos y a las libertades políticas y atribuir a los demás que son los que están violando e irrespetando la soberanía del pueblo nicaragüense”, precisa Murillo.

Enseguida, el especialista añade que en segunda instancia lo que está haciendo Ortega es “buscar enemigos a quien responsabilizar en este caso a España”, muestra de lo anterior, para Murillo, son las cartas emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores que a su criterio “evidentemente tienen una redacción no del canciller, tienen un tono ofensivo, irrespetuoso de las relaciones diplomáticas que obligaron a que España llamará a consulta a su embajadora en Nicaragua como protesta por esas acusaciones”.

Las posibles consecuencias 

Sobre las posibles consecuencias, los especialistas sostienen que son múltiples y van desde mayor aislamiento internacional, aumento de herramientas para sancionar a funcionarios del régimen y en torno a afectaciones de la cooperación española.

El analista internacional Murillo, por su parte, indica que la tensión diplomática se puede convertir en un boomerang que puede revertir la acción de tratar de responsabilizar a los demás de los problemas que atraviesa Nicaragua, y que tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo se presenten como “salvadores”, lo anterior explica que es “una vieja táctica utilizada por las dictaduras y los sistemas autoritarios y totalitarios”.

Murillo advierte como posible consecuencia que “se puede revertir en el sentido en que queden aislados, o sea, que sean muy pocos los países que tendrán embajadores y embajadoras en Nicaragua y eso dificultará otra serie de proyectos”.

Por su parte, Alberto Cortés, politólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), insiste en remarcar que España tiene “un peso significativo en la relación con América Latina y Europa. Es, además, un gobierno progresista que puede tener una influencia importante en gobiernos de distinto signo en los dos lados del Atlántico”.

Cortés explica que sin duda el retiro de la embajadora así como el intercambio entre las cancillerías refuerza el “aislamiento internacional de Nicaragua y desprestigia a la dictadura dinástica de Ortega y Murillo, por el tipo de discurso impropio de jefes de Estado o cancillerías”.

Murillo coincide con lo expuesto por Cortés y reconoce que cuando un país retira o llama a consultas a sus embajadores en otros países se debe a que el nivel de las relaciones diplomáticas bilaterales “están quebrantadas”, pero además dicha acción a su lectura “afecta  los programas de cooperación y asistencia, porque en el caso de España en la cooperación para el desarrollo español quienes están al frente de las embajadas tienen un rol importante a diferencia de otros países”.

Sanciones y afectaciones en cooperación 

Otra de las consecuencias, según exponen los especialistas, se dan en torno al refuerzo de sanciones y afectaciones en la cooperación española hacia Nicaragua.

El experto, Murillo, sostiene que si el régimen continúa con su arremetida otros países podrán retirar a sus embajadores y partiendo de ahí “España puede llevar el caso en la Unión Europea (UE), podrán incrementarse la sanciones hacia los funcionarios del régimen, y eso va a afectar en términos de la cooperación y la asistencia del desarrollo que ofrece Europa y cada uno de sus países hacia Nicaragua”.

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Mientras, Cortés señala que se debe tomar en consideración que, sin duda, el régimen de Ortega “no está sopesando” puesto que “el Reino de España es un socio influyente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y podría empezar a cuestionar que este banco siga financiando un régimen dictatorial que incumple su propia Constitución y la Cláusula Democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”.

Agrega que el peso de España dentro del BCIE “podría lograr que otros países de la región y fuera de ella veten futuros financiamientos para Nicaragua, mientras no se restablezcan condiciones democráticas en ese país”.

Así ha escalado la tensión

• 11 de junio

El pasado 11 de junio, el presidente Pedro Sánchez, durante una conferencia de prensa en su visita oficial a Costa Rica, le envió un mensaje directo al dictador Daniel Ortega ante la escalada represiva contra la oposición.

“Vemos con muchísima preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, por cierto no es nuevo, venimos arrastrándolo de unos cuantos años, la posición de España es la posición de la Unión Europea, una firme defensa de las libertades, de los valores democráticos, por tanto me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega: juegue limpio, libere a los opositores y concurra en juego limpio y en buena lid a ese proceso electoral“, respondió.

• 24 de junio 

Arancha González Laya —ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España en ese momento— reveló que el Gobierno de España había buscado un diálogo con el régimen de Daniel Ortega con el fin de que se revierten las acciones represivas contra la oposición en Nicaragua, sin embargo no recibieron respuestas: “De momento no veo progreso en esa dirección”, indicó.

“Nosotros en las últimas semanas, yo misma lo he hecho, de manera discreta, he buscado el diálogo con las autoridades nicaragüenses, he buscado un diálogo con ellos, el buscar que se revierta una serie de medidas que atentan contra los ciudadanos nicaragüenses, que atentan contra sus derechos, que atentan contra su capacidad de ser actores políticos en Nicaragua, que atentan contra principios de funcionamiento básico en Nicaragua”, añadió González Laya.

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Además fue tajante en afirmar que “de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer, sino de que Nicaragua respete los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos”.

Ese mismo día, Daniel Ortega utilizó su comparecencia virtual en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), para atacar a la comunidad internacional, particularmente a Estados Unidos y los países de la Unión Europea.

• 25 de junio

Un día después, González Laya se pronunció y rechazó las acusaciones vertidas por Daniel Ortega, quien acusó a ese país y a otros que conforman la UE de “intromisión”. La ahora exministra española enfáticamente le recordó a Ortega que en el contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua “no se pueden utilizar excusas de ese tipo para ocultar violaciones de derechos humanos o persecuciones de líderes políticos, como estamos viendo en Nicaragua”.

De tal manera, que González Laya una vez más reiteró el llamado al gobierno de Ortega para que libere a los presos políticos: “Hacer un llamamiento a las autoridades nicaragüenses de liberación de los presos políticos que están sufriendo la prisión en Nicaragua, su plena participación en el proceso electoral próximo y el respeto a los derechos y libertades no solo de los políticos, sino de la prensa, de los empresarios y de la sociedad civil en general”, refirió.

• 26 de junio

La vicepresidenta designada de Nicaragua, Rosario Murillo, aprovechó su acostumbrada alocución de mediodía para hablar de la colonia española, Cristóbal Colón y las tres carabelas, pocas horas después de que González Laya rechazara las acusaciones de Daniel Ortega, quien ha señalado al país ibérico de “conspirar” para imponer un candidato opositor en Nicaragua.

“Esos que vinieron en las tres carabelas, ¡¿qué les pasa?! Este es otro mundo y toda esta América reclama y exige respeto”, rezongó la primera dama y vicepresidenta. Pero la nota diplomática del siguiente día elevó incluso más el tono.

Más tarde, el régimen de Ortega elevó su tono. A través de su primer carta “diplomática” enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, arremetió en contra de González Laya, calificando las declaraciones de la exministra española como «una ignorancia atrevida y una ferocidad impropia». 

“Mostrando una ignorancia atrevida y una ferocidad impropia para la diplomacia, la señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido Bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad”, reza el documento, abundante en descalificativos.

La nota diplomática también le recordó a la señora canciller que ya no estamos en tiempos de la Colonia y la acusó de exhibir “desconocimiento tosco e irrespetuoso que produce cierta pretensión, burda y ridícula de superioridad”. A juicio de la cancillería sandinista, los “insultos, ofensas e improcedentes amenazas” de la funcionaria española “solo muestran debilidad, de carácter y de argumentación, evidentes en la ausencia del lenguaje y las prácticas obligadas de la diplomacia”.

• 28 de junio 

Posteriormente, González Laya respondió a la frenética carta que le envió el régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y manifestó que “existe un clamor en la comunidad internacional”, en referencia a la agudización de la crisis sociopolítica y de derechos humanos”.

Además la canciller española insistió en que “esto no lo dice solo España, esto es un clamor en la comunidad internacional” y añadió que “lo dice desde Estados Unidos hasta México y Argentina, lo dicen los países centroamericanos, lo está diciendo la Unión Europea y por supuesto que lo está diciendo España y lo dice porque lo dicen los ciudadanos nicaragüenses”.

• 9 de agosto

El Gobierno de España se pronunció ante las recientes acciones realizadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por magistrados sandinistas, contra la oposición nicaragüense, como la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y urgió al Estado de Nicaragua dotar de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido gobernante.

“Esta medida junto a otras adoptadas recientemente por las autoridades nicaragüenses, como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la OEA y de la Unión Europea; la abundante legislación restrictiva y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre; impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad”, expresa la misiva oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

También, a través de un comunicado oficial la Administración española señaló que la función del CSE a favor del régimen de Daniel Ortega impide que en Nicaragua se realice un proceso electoral con garantías y credibilidad. Y enseguida indicó que en el país urge que se dote de una autoridad electoral —CSE— que sea “independiente, imparcial y no controlada por el partido en gobierno”.

Además instó, una vez más, al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua a que “libere sin demora a los actores políticos detenidos” y de la misma manera devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición, permitiendo su libre participación en las elecciones, y a que detenga la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el hostigamiento a medios de comunicación independientes.

• 10 de agosto

Y solo un día después, el gobierno de Ortega cargó su batería de insultos. Murillo en su alocución de mediodía despotricó contra el Gobierno de España: “El día de ayer (lunes) circuló una insultante, ofensiva y mentirosa nota de la Cancillería de España a la que estamos dando respuesta. La verdad os hará libre. El Gobierno lamenta y condena la inadmisible intromisión del Gobierno de España en los asuntos internos que solo corresponde a nuestro país y pueblo”.

La primera dama consideró que esa misiva es una “cínica y continua intromisión, injerencia e intervención”. Y en su tono eufórico acusó a España de crímenes de lesa humanidad: “Recordamos al gobierno español que la verdad no puede ocultarse, no prescribe a pesar de la desfachatez con la que pretenden presentarse ante el mundo como impolutos, impecables, muy correctos y exigentes con quienes consideran inferiores”.