El Parlamento Europeo aprobó este jueves la resolución sobre los presos políticos en Nicaragua, particularmente de los casos de Carlos Brenes, Salvadora Martínez y Brooklyn Rivera, en la que demandaron rendición de cuentas y le metieron más presión al régimen Ortega-Murillo, dado que apoyaron que los casos de violaciones de derechos humanos sean conocidos por la justicia internacional.
Los eurodiputados pidieron al Consejo y a la Comisión Europea que active la cláusula democrática para suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA), mientras persista la represión. Dos puntos fundamentales que fueron considerados por miembros de la oposición como un mecanismo de presión contra la dictadura.
Aunque la resolución aprobada ya no plantea una petición a los países europeos para que apoyen los mecanismos de la justicia internacional en el caso de Nicaragua, como sostenía un documento al que tuvo acceso LA PRENSA, los parlamentarios declararon su apoyo a la rendición de cuentas, también a través de la «jurisdicción universal y la remisión a la Corte Penal Internacional».
Puede leer: Dictadura Ortega-Murillo: Parlamento Europeo quiere a responsables de crímenes ante justicia
Reacciones de opositores de Nicaragua
Para el opositor Héctor Mairena, miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), el texto aprobado por el Parlamento Europeo abre un camino para que se lleve al régimen a la CPI.
Lea también: Presos políticos en Nicaragua: sigue la desaparición forzada
“(El) espíritu fundamental es que hay una demanda a la dictadura de los Ortega Murillo por la situación de las personas presas políticas, desaparecidas y por la necesidad de establecer en Nicaragua el respeto a los derechos humanos. Quedan abiertas varias vías para que los Estados de manera individual puedan llevar el caso de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional”, expone Mairena.
Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en Exilio (CxL), opina que si bien la solución “no es vinculante”, en cuanto que obligue a las autoridades europeas a tomar acciones, “le pone presión al Ejecutivo europeo a actuar” sobre los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo.
El economista y analista político Enrique Sáenz resalta la «forma apabullante» con que la resolución fue aprobada por todas las corrientes ideológicas y políticas europeas, lo que refleja «el aislamiento y descrédito de la dictadura» desde la derecha e izquierda.
Respecto al apoyo de los parlamentarios a hacer la rendir cuentas a la dictadura a través de la jurisdicción universal y la remisión a tribunales internacionales de justicia, Sáenz subraya que esta demanda «se está convirtiendo en un clamor» y que cada día «se acerca más el momento en que veamos a Ortega y su círculo como acusados» ante la CPI o la CIJ.
Suspensión del AdA impactaría fuertemente
Chamorro, quien es economista de profesión y fue viceministro de Hacienda en el gobierno del fallecido presidente Enrique Bolaños, presta mucha atención al tema de la cláusula democrática y la posibilidad de que suspendan a Nicaragua del AdA.
Puede leer también: Piden a siete mandatarios latinoamericanos que lideren declaración de ilegitimidad en la OEA de la dictadura Ortega-Murillo
“La eliminación del arancel cero a Nicaragua afectaría las exportaciones, por ejemplo, de café, maní, banano, marisco y azúcar”, sostiene el economista y agrega que impactaría fuertemente tomando en cuenta que el monto por productos exportados al bloque europeo “representan aproximadamente 600 millones de dólares anuales”.
En el informe preliminar del IV trimestre de 2025, el Banco Central de Nicaragua (BCN) refleja que las exportaciones de Nicaragua hacia la Unión Europea generaron un total anual de 520.4 millones de dólares.
EE. UU. podría tomar acciones similares con el DR-CAFTA
La posibilidad de que Nicaragua sea suspendida del AdA significaría también “mayor fuga de inversiones extranjeras”, rompería el “maltrecho diálogo político” con la Unión Europea y “podría incentivar a los Estados Unidos a tomar acciones similares con relación al DR-CAFTA”, según Chamorro.
Lea además: Eurodiputado apadrina al preso político Ricardo Mendoza Irigoyen
La administración de Donald Trump observa de cerca la situación de Nicaragua y también ha implementado una serie de medidas como restricciones de visas y sanciones a Rosario Murillo, algunos de sus hijos, funcionarios, empresas e instituciones estatales por estar involucrados en la represión. El gobierno estadounidense ha exigido la liberación de los presos políticos y la rendición de cuentas por la muerte en custodia del líder indígena Brooklyn Rivera.
“Ojalá la OEA tome nota de esta resolución para que la próxima semana esta organización haga algo similar en su Asamblea General. Así como también el gobierno de los Estados Unidos”, subraya el economista.
Chamorro se refiere a la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebrará en Ciudad de Panamá del 22 al 24 de junio de 2026, en la que se tiene previsto se aborde el tema de la “Situación de Nicaragua” a solicitud de Canadá, Chile, Costa Rica y Argentina.
