A finales del siglo XX antes de perder el poder en las elecciones de 1990, la dictadura sandinista emitió tres leyes, la 85, 86 y 87, para darle “carácter legal” a la apropiación de miles de propiedades confiscadas que estaban en poder del Estado, a manos privadas en lo que se llamó “la piñata sandinista”.
En los años subsiguientes de los gobiernos democráticos el Estado devolvió algunas de estas propiedades a sus legítimos dueños y en caso contrario fueron indemnizados con fondos del Presupuesto General de la República, lo que constituyó una pesada carga financiera para el tesoro nacional.
En muchos casos los afectados que justamente reclamaban sus bienes habían adoptado la nacionalidad estadounidense por lo que el proceso de indemnización se vio favorecido por la presión ejercida por el Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos.
Hoy en día está en proceso confiscatorio una metodología similar a la usada en los 80, pero con distinto nombre son confiscados casi invariablemente los opositores que han sido acusados y sentenciados en juicios sumarios con alguno o varios de estos graves delitos: “traición a la patria”, “terrorismo” y “lavado de dinero”.
Según un estudio del organismo “Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción” realizado por los periodistas Wilfredo Miranda y Luciana Quintero, la dictadura ha confiscado 135 propiedades privadas con un valor estimado de 250 millones de dólares; un cálculo que, según algunos expertos, podría resultar conservador.
La dictadura se ha cuidado hasta ahora de no transferir las propiedades confiscadas a personas privadas, por aquello del “síndrome de la piñata”. En lugar de ello, las han trasformado en bienes de uso público pintándolas con los colores emblemáticos de la codictadora como si fueran “nuevas obras de progreso”.
Por lo general las propiedades confiscadas a los opositores han sido “donadas” por el Estado al INSS, para tratar de salvarlo, agregando un confite a sus finanzas, de la segura bancarrota. Lo cierto es que estas propiedades confiscadas no le generan recursos líquidos al INSS, más bien representan un costo su mantenimiento.
Pero hay dos señales que apuntan a que eso va a cambiar. En primer lugar, es el caso de la casa confiscada del fotoperiodista exiliado Oswaldo Rivas que construyó con 20 años de trabajo y que de pronto ha sido puesta a la venta en el mercado por $255,000. La casa está ubicada en el reparto Lomas de Cedro Galán kilómetro 11 de la Carretera Vieja a León, casualmente en el mismo reparto donde vive el cocanciller Valdrack Jaentschke.
La pregunta lógica es: ¿Quién tiene en venta esta casa y quién percibirá los fondos procedentes de la venta? Si es privado, es un claro indicio de que ya ha comenzado la nueva piñata del siglo XXI y si es el Estado es también un indicio de que el Estado ya está subastando al mejor postor bienes confiscados, lo que haría mucho más complicada su restitución en el futuro.
La otra señal perturbadora de que viene una nueva piñata del siglo XXI es el paquete de reformas a cinco leyes que envió la dictadura a la Asamblea Nacional para su debida aprobación expedita por los diputados aprieta botones.
Las reformas le darán mayor capacidad al Ministerio del Interior de confiscar bienes de personas o instituciones como las ONG que realicen actividades sospechosas de lavado de dinero y de subastar sus bienes para resarcir las pérdidas ocasionadas al Estado por las supuestas activades delictivas.
En resumen: vienen más confiscaciones y subastas como la de la casa del fotoperiodista Oswaldo Rivas, que a como ha ocurrido en otras ocasiones —como el caso de los acusados de traición a la patria— probablemente le están aplicando disposiciones de las nuevas reformas que aún no han sido aprobadas.
Tal parece que el esquema de la nueva piñata consiste en traspasar las propiedades del Estado a los privados, pero no como en la primera piñata, dándoles directamente título de propiedad, sino “legalizando” la confiscación, primero usando un paquete de leyes y luego titulando al mejor postor en una subasta pública.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue codirector de LA PRENSA de 1981 a 1984.
