El despojo de la nacionalidad a 316 nicaragüenses puso a prueba la solidaridad de los países del continente americano, aunque el primer ofrecimiento de nacionalidad llegó del otro lado del océano. Hasta ahora solo cuatro países han ofrecido nacionalidad a los apátridas, de los más de 30 países del sistema interamericano.
EE. UU.
Particularmente Estados Unidos no ofreció la ciudadanía a los despatriados, pero el gobierno de Joe Biden proporcionó la logística para trasladar y recibir en su país a los 222 despatriados que estaban presos en Nicaragua por oponerse al régimen dictatorial de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
La Administración Biden les otorgó un estadía de dos años en el país, bajo el beneficio del parole humanitario, que consiste en un permiso para vivir y trabajar temporalmente de forma legal, mientras regularizan su estatus.
Lea además: La izquierda latinoamericana reacciona a las violaciones de Ortega y lo deja en la orfandad política
Estados Unidos se ha caracterizado por liderar la demanda de liberación de los presos políticos y las acciones para presionar al régimen Ortega Murillo a buscar una salida pacífica y democrática a la crisis que vive Nicaragua desde 2018, cuando comenzó la represión armada contra las protestas civiles, que dejó más de 300 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras el traslado de los 222 presos políticos nicaragüenses a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, el Departamento de Estado declaró en una nota oficial que la liberación «es producto de la diplomacia estadounidense concertada, y continuaremos apoyando al pueblo nicaragüense».
Seis días después, el régimen Ortega Murillo también le quitó la ciudadanía a 94 opositores, periodistas, intelectuales, defensores de derechos humanos, sumando 316 apátridas. Entre estos ha destacado el escritor Sergio Ramírez Mercado, a quien diferentes países le han ofrecido la nacionalidad personalmente y algunos como Ecuador, solo a él.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo la semana pasada una reunión con un grupo de excarcelados políticos. «Fue emotivo reunirme con algunos de los presos políticos nicaragüenses recientemente liberados y ahora en EE. UU. Me conmovieron sus historias y su compromiso con un mejor futuro para Nicaragua. Les agradecemos y a sus familias por su sacrificio en nombre de la democracia», publicó en sus redes sociales.
Argentina
El 21 de febrero, la portavoz de la Presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, anunció que el gobierno de Alberto Fernández “está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a los nicaragüenses Sergio Ramírez, a Gioconda Belli y todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.
No obstante, Fernández no ha condenado las violaciones de derechos humanos que Daniel Ortega ha cometido contra los ex presos políticos, incluido el retiro de la nacionalidad, que se considera un crimen de lesa humanidad.
Chile
El mismo 21 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a cargo de Antonia Urrejola, informó que el Gobierno de ese país «arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan».
«La ciudadanía chilena se pone a disposición para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla», agregó la Cancillería chilena en un comunicado.
«La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad», agregó.
México
Al día siguiente, el 22 de febrero, tras los cuestionamientos por el silencio del Gobierno de México ante el destierro de opositores nicaragüenses, finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que abrirá las puertas del asilo y la nacionalización a los perseguidos de la dictadura Ortega Murillo.
“Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”, manifestó López Obrador en su conferencia de prensa habitual.
«México siempre va a estar abierto a dar protección y hacer valer el derecho de asilo. Si se solicita, si se pide, si se considera posible, nosotros estamos en la mejor disposición», dijo el presidente mexicano.
«La instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas». «Y coincido en que la nacionalidad no se puede perder por decreto», dijo López Obrador, quien en un primer momento esquivó pronunciarse sobre el destierro de los presos políticos.
Y aunque ha opinado sobre hechos políticos ocurridos en otros países, ha justificado su silencio sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua aduciendo que son asuntos internos y que es respetuoso de las normas internacionales en materia de diplomacia.
Colombia
El 23 de febrero, el Gobierno de Colombia, que ya había ofrecido la nacionalidad a Sergio Ramírez, extendió su oferta a todos los nicaragüenses declarados apátridas.
“La Cancillería de Colombia busca entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana. Mucho nos honrarían”, anunció la Cancillería colombiana a través de una nota de prensa.
Lea además: Sergio Ramírez acepta las nacionalidades colombiana y ecuatoriana
El pronunciamiento del gobierno de Gustavo Petro fue considerado por la crítica uno de los más duros contra el régimen Ortega Murillo. El escrito afirmó que «el autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república (de Nicaragua) ha infringido normas ius cogens (Derecho Internacional). Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional», por lo que pidió al fiscal de la Corte «tomar cartas en tan alarmante asunto».
Ecuador
El 24 de febrero se conoció a través de un comunicado oficial que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó personalmente al escritor Sergio Ramírez que le ofrecía la nacionalidad ecuatoriana.
«El Ecuador reconoce así su lucha por la libertad, que es la lucha de todo latinoamericano que ame a su pueblo», manifestó el presidente Lasso. Sin embargo, el gobierno de Lasso no ha condenado el destierro y el abuso de poder de la dictadura de Ortega.
Costa Rica
Casi dos semanas después que el régimen Ortega Murillo ordenó la liberación y destierro de los 222 presos políticos, y más tarde despojó de la nacionalidad a otros 94 ciudadanos, el Gobierno de Costa Rica, uno de los países vecinos de Nicaragua más próximo a su frontera, expresó su “preocupación” sobre la situación de Nicaragua, pero no ofreció ciudadanía.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) “hace eco de las recientes manifestaciones por parte de organismos internacionales que expresan preocupación por la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses”.
«Para Costa Rica, que mantiene fuerte presencia en los foros internacionales de derechos humanos, la situación en el hermano país contradice las obligaciones que tiene todo estado en el marco del derecho internacional, que prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos», expresó el ministro costarricense Christian Guillermet-Fernández en el comunicado divulgado el martes 21 de febrero.
Rodrigo Chaves, presidente de ese país, tampoco ha condenado personalmente la arremetida contra los desterrados nicaragüenses, aunque su Gobierno firmó el 23 de febrero un pronunciamiento conjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA) que rechazaba la medida y la calificaba como «método de castigo y opresión».
Honduras
El canciller de Honduras, Enrique Reina, afirmó el miércoles 22 de febrero en una entrevista con EFE en Madrid que su país «no se cierra» a dar la nacionalidad a los nicaragüenses a los que el gobierno de Daniel Ortega se la retiró y que la pidan, «pero habría que analizar caso por caso».
Y lo harían, dijo el canciller Reina, «por la propia bondad de nuestra Constitución, que considera que los ciudadanos centroamericanos pueden gozar del proceso para obtener la ciudadanía hondureña. Si así lo pide cualquier nicaragüense lo podemos hacer sin necesidad de involucrar el tema político».
«Tendríamos que verlo, nadie lo ha pedido hasta el momento, habría que analizar caso por caso, pero no estamos cerrados», matizó.
El canciller hondureño explicó la relación «histórica» que como vecinos tiene con Nicaragua, «una relación de intercambios comerciales, de cercanía entre familiares. Mantenemos una relación entendiendo las decisiones propias y de respeto a sus decisiones como Estado».
Xiomara Castro, presidenta de Honduras y de la línea ideológica de Daniel Ortega, tampoco ha condenado la arbitrariedad de la dictadura orteguista.
17 países rechazan revocación de la nacionalidad
El 23 de febrero pasado, en una declaración conjunta, 17 de los 34 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazaron la revocación de la nacionalidad a 316 nicaragüenses, medida que calificaron como «método de castigo y opresión».
«En virtud del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella», recordó la declaración.
Los países firmantes de la declaración fueron: Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
Guatemala y El Salvador, dos países muy cercanos a Nicaragua, no firmaron ni se han pronunciado sobre la situación de los desterrados.
Panamá, que es un país receptor de emigrantes nicaragüenses, no se ha pronunciado. Perú pasa por su propia crisis política, pero aún así firmó la declaración.
Bolivia y Venezuela son aliados permanentes del régimen Ortega Murillo.
Centroamérica tiene sus propios demonios
La politóloga Carmen Chamorro valoró que los países centroamericanos también están pasando por sus propias crisis políticas y «sus gobiernos no se alejan mucho de los rasgos autoritarios» que tiene Nicaragua bajo el régimen Ortega Murillo.
«Es probable que los gobiernos centroamericanos no quieran ser medidos con la misma vara que usarían contra Ortega», manifestó Chamorro.
Particularmente sobre El Salvador, la politóloga dijo que el presidente Nayib Bukele «ha demostrado rasgos de autoritarismo con diversas acciones de su administración y las fuertes violaciones a derechos humanos en su lucha contra las pandillas que han afectado también a miles de civiles».
Sobre la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, Chamorro recordó que este gobierno centroamericano hasta hizo un reconocimiento a Ortega por solidarizarse con su país en 2009, luego del golpe de Estado a su esposo Manuel Zelaya.
La politóloga también señaló que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, copia el ejemplo de Ortega manteniendo presos políticos y avanza en prácticas de concentración de poder.
Por último, Chamorro valoró que en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves «propuso cambios significativos a las políticas para solicitar refugio, haciendo el proceso aún más difícil para las y los nicaragüenses».
Otro experto en derecho internacional, que dio una corta valoración bajo condición de anonimato, manifestó que las posiciones que han asumido los países centroamericanos frente a la crisis de los apátridas nicaragüenses coincide con su manera de votar sobre la situación de Nicaragua ante la OEA, donde Guatemala, Honduras y El Salvador casi siempre se abstienen, y Costa Rica también está asumiendo una postura cada vez más pasiva con el gobierno de Chaves.
