En una declaración conjunta, 17 de los 34 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazaron la revocación de la nacionalidad a los 222 excarcelados políticos y desterrados por la dictadura Ortega Murillo, y de otros 94 ciudadanos nicaragüenses, medida que calificaron como “método de castigo y opresión”.
“En virtud del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella”, recordó el organismo.
Lea además: Los dos mecanismos que tiene Boric para otorgar nacionalidad a los nicaragüenses en Chile
En la declaración, los países señalan que “tras meses y años en algunos casos, de detención injustificable, en condiciones muchas veces espantosas, la liberación de estos presos políticos estaba en espera y compartimos la alegría de las familias, amigos y simpatizantes de los liberados por reunirse por fin con sus seres queridos”.
Sin embargo, lamentan que aunque los presos políticos han sido liberados, el régimen “ha tomado medidas para despojarlos de todos sus derechos políticos y de su ciudadanía, dejando a la mayoría de ellos en condición de apátridas”.
Asimismo, “nos oponemos a la cancelación arbitraria de la nacionalidad a 94 nicaragüenses, el pasado 15 de febrero de 2023, así como el embargo ilegal de sus bienes y la utilización de estas medidas como método de castigo y opresión”, agregan.
También expresaron su preocupación por “la reciente condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años en prisión y la revocación de su nacionalidad”.
Los países firmantes de la declaración son: Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
Reiteran llamado al régimen al cese de la represión
Los países instaron al régimen orteguista a cesar toda acción violenta contra la población y restablecer plenamente los derechos civiles y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho; y a que ponga fin a todas las formas de intimidación y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
También llaman al cese de la represión y la detención arbitraria de líderes comunitarios, incluidos los sacerdotes de la Iglesia católica, y que permita el acceso sin trabas a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos, en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas.
Piden además que cumpla los compromisos consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que reconoce la democracia representativa como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que el propio exministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, exreo político del régimen, construyó el 11 de septiembre de 2001.