Casi dos semanas después que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la liberación y destierro de 222 presos políticos, y más tarde despojó de la nacionalidad a otros 94 ciudadanos, generando repudio y condena internacional, el Gobierno de Costa Rica expresó su «preocupación» sobre la situación de Nicaragua.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) «hace eco de las recientes manifestaciones por parte de organismos internacionales que expresan preocupación por la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses».
«Para Costa Rica, que mantiene fuerte presencia en los foros internacionales de derechos humanos, la situación en el hermano país contradice las obligaciones que tiene todo estado en el marco del derecho internacional, que prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos», expresó el ministro costarricense Christian Guillermet-Fernández en el comunicado divulgado el martes 21 de febrero.
En conformidad con Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, Costa Rica señala que «las medidas tomadas por las autoridades nicaragüenses, de promover una reforma legislativa que permite privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía, contraviene la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, de los cuales Nicaragua es parte».
«Costa Rica hace un llamado e insta a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia, y especialmente, a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos», finaliza el comunicado.
Lea además: Financiamiento del BCIE a la dictadura desata polémica entre expertos de la región
Hasta el momento, Chile, Argentina y México han sido los únicos países de la región dispuestos a brindarle la ciudadanía a los nicaragüenses que han sido declarados apátridas y despojados de su nacionalidad por parte de la dictadura. El primero en ofrecer acoger a los ciudadanos apátridas fue España.
