El destierro y despojo de nacionalidad de 222 excarcelados políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que tuvo lugar el pasado 9 de febrero, sumado a la declaración de “apátridas” a otros 94 ciudadanos nicaragüenses el 15 del mismo mes, despertó una ola de solidaridad internacional liderada por los gobiernos de izquierda de la región.
Al quedar sin nacionalidad por decisión del régimen, España salió al paso y ofreció a estas personas darles la ciudadanía para que dejen de ser apátridas. Y el gesto del país europeo fue tomado como ejemplo por gobiernos de Latinoamérica, específicamente Chile, Argentina, México y Colombia.
El punto en común entre estos países latinoamericanos es que sus gobiernos están en manos de figuras de la izquierda, quienes se han distanciado de las acciones dictatoriales de Ortega e incluso han emitido pronunciamientos fuertes calificando de dictadura a Nicaragua.
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De acuerdo con un analista político y exdiplomático nicaragüense que pidió no ser identificado, no pueden considerarse aliados ideológicos de Ortega porque han dejado claras sus posturas ante las constantes violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen orteguista y porque “Ortega no tiene ideología, su único objetivo es el poder y mantenerlo a cualquier costo”.
La solidaridad de la actual izquierda latinoamericana con los nicaragüenses demuestra que estos países ya no se caracterizan por ser apéndices del socialismo del siglo XXI que exportó el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, a Nicaragua, Bolivia y los pasados gobiernos de Ecuador y Brasil, concuerdan varios analistas políticos consultados por LA PRENSA.
Ortega se enfrenta a la orfandad política
José Dávila Membreño, analista político y exdirector ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, opinó que la postura de estos países confirma que la orfandad política del régimen Ortega-Murillo ha llegado a su límite, debido a “su tozudez a dialogar honestamente para buscar una solución pacífica a la grave crisis de Nicaragua”.
Los países, además de condenar la represión y acoger a las víctimas del régimen, han propuesto a Ortega iniciar un diálogo creíble, pero las palabras han caído al vacío.
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Tiziano Breda, investigador del Instituto de Asuntos Internacionales (IAI) y quien ha seguido de cerca la crisis en Nicaragua, coincide en que el ofrecimiento de la nacionalidad de estos países a los expatriados “sin duda es una expresión de inconformidad con lo que ocurre en Nicaragua”.
“En alguno de ellos no es novedoso, Colombia había denunciado; Chile ha sido el más vocal en ese sentido; Argentina en algún momento también ha criticado. Tal vez el más sorpresivo es México que había optado por una no intervención en asuntos internos, pero al abrir las puertas a esos ciudadanos expatriados, a quienes se les ha quitado la ciudadanía, es una expresión de inconformidad y novedosa con el gobierno de Ortega”, señaló Breda.
El silencio de Brasil
Por otro lado, Brasil es uno de los países que ha guardado silencio sobre el destierro de los excarcelados políticos y los recientes abusos del régimen. Incluso, antes del regreso al poder, el mandatario —referencia de la izquierda latinoamericana—, Luiz Inácio Lula da Silva reconoció en 2021 que las cosas no iban bien en Nicaragua, pero nunca ha condenado la violación de derechos humanos en el país.
El exdiplomático en anonimato cree que con Brasil sucederá algo similar a lo ocurrido con México, que tardó en reaccionar, pero “finalmente dejó a un lado lo que desde cualquier punto de vista que se mire es totalmente indefendible”.
“La presión nacional e internacional obligará a Lula, al frente de un gobierno compuesto por una mayoría diversa, a pronunciarse en defensa de la ley internacional y los derechos humanos. Eso es inevitable, como lo es el mayor aislamiento del régimen de Ortega”, precisó el exdiplomático.
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Dávila, por su parte, señaló que “probablemente Brasil esté es gestiones ante Ortega, pero con discreción, ya que su diplomacia es de otro estilo”.
Para Breda, es difícil interpretar el silencio de Brasil, ya que “parece que está intentando no tomar posiciones fuertes en conflictos alrededor del mundo, entonces no excluyo que eso podría estar ocurriendo en el caso de Nicaragua”.
A la vez, el investigador mencionó que “al no expresarse, Brasil quiere mantener una posición más neutral tal vez para jugar un papel de facilitación en el caso de algún esfuerzo de diálogo más adelante”.
¿Efectos de la Celac?
En cuanto a la excarcelación de los presos políticos, Breda considera que el tema pudo haber sido abordado de forma privada durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ya que la liberación y expulsión ocurrió 12 días después de finalizar la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina.
“Tal vez algunos países de la región concertaron algún tipo de medida con la que Ortega pudiese estar de acuerdo y que pudiese terminar con la liberación de los presos”, señaló el analista.
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Para él, fue “una acción de presión y de persuasión”, más que una decisión unilateral, como ha dicho el régimen hasta ahora. “La solución que pudiese ser aceptada por todas partes no incluía la revocación de la ciudadanía, por esto la reacción de esos países”, dijo el investigador Breda.
Tanto Ortega como el dictador venezolano, Nicolás Maduro, no asistieron a la última Cumbre de la Celac, ya que sobre ellos pesan denuncias ante la justicia de Argentina por violaciones a los derechos humanos, pero sí enviaron a sus representantes; por Nicaragua asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, y por Venezuela el también canciller Yván Gil Pinto.
La comunidad internacional —opinó por su parte Dávila— está cerrando “la pinza” a Ortega y Murillo, de una forma “insoportable” que los obliga a una reacción inmediata. “Tienen que aceptar que su gobierno ya es insostenible y tienen que reaccionar llamando a un diálogo, en el que ofrezcan restaurar las libertades públicas, que no quede un solo preso político, y fijen fecha para unas prontas elecciones libres con reformas electorales profundas, y observación internacional amplia”, agregó Dávila.
En esa misma línea, el exdiplomático espera que “todos estos pronunciamientos y acciones en favor de los derechos de los nicaragüenses puedan traducirse muy pronto en propuestas concretas que abran la ruta para una solución dialogada a la crisis nicaragüense”.