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CONTENIDO EXCLUSIVO.Este 10 de enero de 2019 se cumplieron 12 años del retorno de Daniel Ortega al poder. En enero del 2007 subió al estrado presidencial con el respaldo de un 38 por ciento de votos obtenidos en los comicios del 2006 y desde entonces, paso a paso, ha ido demoliendo las instituciones, torciendo las leyes y recetando palo y plomo a quien se le cruce en su camino de perpetuidad en el poder.
LA PRENSA hace un recuento de las jugadas que Ortega hizo en estos doce años para permanecer en el cargo a sangre y fuego y contra la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses, por medio de la violencia, la manipulación de las leyes y el populismo.
2007: Creando el muñeco
En enero emite una Política de Comunicación que traza desde el inicio la línea de relación con los medios de comunicación y los divide en dos: sus medios del Poder Ciudadano y los otros medios. En el transcurso de los días habría de otorgarle todos los privilegios a la prensa servil y negarle todo acceso a la información a la prensa no oficialista.
El 11 de enero, un día después de ceñirse la banda presidencial, Ortega asume las negociaciones de la cooperación bilateral de Venezuela con Nicaragua y convierte el jugoso contrato en un asunto de corrupción privada que la habría de garantizar, hasta la fecha, la principal fuente de financiamiento de su proyecto dictatorial y políticas populistas.
Aquí anuncia su primer mega-proyecto: la refinería.
Junio: Anuncia la creación de los Consejos del Poder Ciudadano y trata de incorporarlos a la sociedad nicaragüense con rango constitucional, pero la Asamblea Nacional (que era mayoritariamente opositora) lo rechaza. Sin embargo, Ortega nombra a Rosario Murillo como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social y ella los integra como estructura gubernamental, creando así la red de espionaje social al servicio de su proyecto.
2008: Los fraudes electorales y los CPC
Ortega inicia el segundo año de su mandato con dos ideas: reformar la Constitución para transformar el sistema político y pasar del presidencialismo al parlamentarismo, instaurando el modelo de Presidente y Primer Ministro a la vez.
A la vez, explora la reelección presidencial en períodos consecutivos y sin límites, mientras afina y convierte al Consejo Supremo Electoral en una maquinaria partidaria dispuesta a garantizarle los votos para su proyecto de ampliar el Orteguismo a todo el país en las elecciones de noviembre de ese año. Comienzan a gestionar la eliminación de la personalidad jurídica al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y otros partidos.
Así las cosas, otorga nombra a Murillo como Jefa del Gabinete Social y la deja a cargo de los programas sociales del gobierno (Hambre Cero, Usura Cero, Calles para el Pueblo), y la supervisión y organización del ahora llamado Sistema Nacional de Bienestar Social.
Murillo se quita la careta democrática y nombra como CPC a los secretarios políticos del FSLN en todos los departamentos.
Comienzan los primeros descontentos sociales y el 16 de julio unas 20 mil personas marcharon nuevamente por las calles de Managua, esta vez convocadas por la Coordinadora Civil, para expresar su rechazo a las políticas del gobierno.
Aparece el primer papel político-partidario de la todavía Policía Nacional y prohíbe los permisos aduciendo que las calles “durante todo el mes de julio estaban ya reservadas para actividades del FSLN”.
Para evitar las protestas, Murillo instala a los primeros “rezadores” en los rotondas bajo el lema “El amor es más fuerte que el odio”, comienza el hostigamiento a los medios, a los ONG y activistas de derechos humanos y la persecución a los activistas políticos hasta llegar a las elecciones municipales de noviembre, que concluye con el primero y el más escandaloso de los fraudes electorales de la historia del país.
En total, el Poder Electoral le agenció al FSLN 105 alcaldías. En Managua le otorgan la alcaldía al exboxeador Alexis Argüello con una cantidad de votos jamás vista: 225 mil votos “favorables”. Las protestas son reprimidas por la Policía y los CPC en todo el país, dejando muertos y heridos.
2009: Represión contra las ONG
El acoso contra todas las ONG que denunciaron el fraude electoral siguió aumentado de nivel luego que varios países donantes decidieran cortar el apoyo económico a Nicaragua.
En venganza, la Cancillería lanzó una jornada de regulaciones para controlar los fondos de la cooperación internacional que reciben las ONG y ahogarlas.
Así comenzó el estrangulamiento de las voces críticas de la sociedad civil.
El 1 de julio Nicaragua se levantó consternada por la muerte misteriosa y sospechosa de Alexis Argüello, quien según las denuncias de sus familiares, estaba dispuesto a renunciar al cargo que le habían asignado y denunciar el fraude electoral desde adentro.
El 19 de octubre, magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia leyeron una sentencia que declaraba “inaplicable” el artículo 147 de la Constitución de la República que prohibía la reelección a Ortega.
El CSE anunció que la resolución quedaba “grabada en piedra” y le dejaron abierta las puertas a Ortega para perpetuarse en el poder.
Con la vía libre a la reelección, Ortega anunció el 21 de noviembre el relevo en el Ejército de Omar Halleslevens por Julio César Avilés. Lo hizo en plaza pública, ante sus fanáticos mientras celebraba “la victoria electoral”.
2010: Construye el imperio mediático de propaganda
En enero Ortega compra el canal 8, varias emisoras y negocia la salida al aire de varios nuevos canales y radios para su proyecto de propaganda.
El 21 de febrero ratifica al General Julio César Avilés como nuevo Jefe del Ejército para los próximos cinco años. Avilés reafirma “el compromiso del Ejército de mantenerse como una institución profesional, apartidista, no deliberante y apegada a la Constitución y a la Ley”.
2011: Rumbo a su segunda presidencia inconstitucional
Ortega inicia el año en campaña anunciando su postulación presidencial para las elecciones de noviembre de 2011.
Surgen los primeros alzados en armas en el país y uno a uno van siendo asesinados, como comandante Yahob en Jinotega. Otros habrían se sumarse a la lista.
El CSE, en manos completamente de FSLN, inicia una campaña de entrega masiva de cédulas a militantes de su partido y a negar o dificultar el acceso a los habitantes de municipios donde habían obtenido menos votos.
Comienzan las protestas por el acceso a las cédulas y el control y manoseo de las cédulas en manos del FSLN.
En septiembre, como Ortega decretó re-nombrar como Jefe de la Policía Nacional a la Primera Comisionada Aminta Granera, quien según la Ley de la Policía, tras cinco años de jefatura, debía haber pasado a retiro.
LA PRENSA/ARCHIVO
El 6 de noviembre, en elecciones amañadas del CSE, Ortega se proclama de nuevo presidente con el inverosímil porcentaje de 63% por ciento de los votos, en unos comicios plagados de denuncias y anomalías.
Las protestas no se dejan esperar en todo el país y el 8 de noviembre, en la comunidad El Carrizo, de San José de Cusmapa, el secretario político del FSLN, el jefe policial del municipio y un funcionario del Consejo Supremo Electoral provocaron la masacre a tiros al padre y a dos hijos de una misma familia, los Torres Cruz, e hirieron a otros dos de la Alianza PLI.
LA PRENSA/ARCHIVO
2012: El mundo empieza a verlo con desprecio
El 10 de enero Ortega se sumió la banda presidencial con solo siete mandatarios de respaldo y pocas delegaciones internacionales con funcionarios de peso.
No prometió cambios ni ofreció apertura. Los alzados en armas siguieron muriendo violentamente y el dinero venezolano empieza a escasear ante la enfermedad repentina del dictador Hugo Chávez.
El 21 de febrero anunció que construirá un canal interoceánico de mayor envergadura que el de Panamá y anunció el dragado del río San Juan para responder al desafío.
Encomendó al polémico vicecanciller Manuel Coronel Kautz presentar un estudio para el proyecto.
En junio Ortega envió a la Asamblea una iniciativa de ley para crear el proyecto del canal interoceánico por Nicaragua.
En septiembre, su hijo Laureano Ortega Murillo, representante de Pro Nicaragua anunció otro mega-proyecto: en tres años Nicaragua lanzará al espacio un satélite para telecomunicaciones, el Nicasat.
Costaría entre 300 y 350 millones de dólares y serviría para vender servicios de comunicación a Centroamérica.
2013: Muere el padrino de la corrupción y ataque a OcupaINSS
En marzo, Ortega pierde al principal socio de su proyecto dinástico: Hugo Chávez Frías. El imperio económico de Venezuela, y de Nicaragua, empieza a ceder.
En junio, las fuerzas represivas del Estado junto a policías del régimen atacan, asaltan y roban a estudiantes que apoyaban la protesta de los trabajadores jubilados frente al INSS, convirtiéndose el caso del #OcupaINSS en el primer incidente de asalto policial-paramilitar a gran escala contra la juventud.
2014: Imposición y desprecio a los DDHH
En marzo, Ortega negó el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que año tras año había solicitado el permiso para investigar las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Sin transparencia, Ortega ordena la entrega por 15 años del servicio de transporte público a una empresa desconocida Mpeso, que empieza a administrar un negocio que deja alrededor de 800 millones de córdobas al año.
Empiezan a sembrar “árboles de la vida” en todas las rotondas y avenidas de Managua.
LA PRENSA/ARCHIVO
Ortega le abre las puertas a la presencia de personal militar y entrenadores rusos, para la instalación de una academia de entrenamiento policial y una oficina de servicios satelitales.
En junio, Ortega manda a la Asamblea Nacional, una nueva Ley de la Policía Nacional, para asumir el control directo de la institución.
Entre otras cosas, la ley establece que oficiales en edad de retiro deberán permanecer por tiempo indefinido sin una autorización de Ortega y que los policías voluntarios se integrarán solo con el aval de las estructuras barriales y comunitarias del partido de gobierno.
2015: Ratifica al general Avilés
El 22 de enero por acuerdo presidencial, Ortega prorroga al general Julio César Avilés como jefe del Ejército durante cinco años más.
Debía entregar en febrero, pero Ortega reformó el Código Militar y erradicó la prohibición que impedía el continuismo de los generales desde 1994.
El 11 de julio un contingente de policías acribillaron a balazos a una familia en Las Jagüitas, incluyendo dos niños y una mujer joven.
Ante el repudio social, en un juicio relámpago a puertas cerradas a los policías autores del crimen, Ortega mandó a publicar un mensaje público a la Policía Nacional dándole su respaldo en su labor, lo cual se entendió como un espaldarazo de Ortega a la actuación represiva policial.
El Ejército de Nicaragua confirma la noticia de la adquisición de tanques rusos para “la renovación de equipos que han dado su vida útil”.
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2016: Reelección continua y represión
Ortega inicia, nuevamente, el año en campaña electoral para los comicios de noviembre.
Ratifica a Aminta Granera en el cargo, pero crea nuevos cargos y aumenta la cantidad de oficiales superiores en la jefatura, al tiempo que resta funciones a Granera.
Despunta como jefe policial Francisco Díaz y empiezan a ondear banderas del FSLN en distintas dependencias de la Policía Nacional, papelería y uniformes y lemas.
Al Partido Liberal Independiente, última opción opositora, le quitaron el partido y se lo entregan a facción que lo reclamaba.
Ortega, a la vez, anuncia que Murillo le acompañará como fórmula de Vicepresidente: Así nace el proyecto dinástico Ortega-Murillo.
Surge el aviso de la Nica Act y los primeros impulsos por aprobarla.
El 6 de noviembre, ante una impresionante abstención estimada en más del 70 por ciento, Ortega canta victoria.
Pese a que todo el mundo vio las mesas vacías, Roberto Rivas celebra “una participación histórica” y le otorga la victoria a Ortega-Murillo con 72.5% de los votos.
2017: Represión, abstencionismo electoral y concentración de poder
Ortega y Murillo toman posesión con pocos presidentes de respaldo. Venezuela, ya en crisis, no otorga más recursos, Estados Unidos amenaza con sanciones y la Policía y el aparato de espionaje aplasta cualquier atisbo de protesta social.
En junio, la Asamblea Nacional, aprobó reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal y le otorga más poderes y discreción de sanción al régimen, jueces y policías.
Expertos denuncian violaciones al debido proceso en las reformas y advierten que se presta a abusos y a prácticas represivas.
En octubre los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de este Poder del Estado, otorgándole al presidente de la AN, Gustavo Porras el control total de la administración de la institución y la facultad de hacer desaparecer direcciones de la AN y nombrar o destituir a quienes las dirigen.
Hasta la reforma, esas atribuciones las decidía la junta directiva de la AN, integrada por siete miembros. Con la decisión se da un paso más en la concentración de todos los poderes en manos de Ortega, quien cada vez tiene menos personas con las que negociar.
Las elecciones municipales de noviembre repiten el mismo fenómeno de 2016: hasta un 75 por ciento se ausentó de las juntas, pero el CSE celebra la participación del 53 por ciento.
LA PRENSA/M,ESQUIVEL
2018: Se quitan las máscaras: el rostro desnudo de la represión
Abril inicia con el incendio de la reserva Indio Maíz; se suman las protestas contra las reformas al Seguro Social y la posterior y sostenida represión hasta la suspensión de la personalidad jurídica de organismos no gubernamentales y el asalto y ataque contra los medios de comunicación, le quitan la máscara al régimen.
Organizaciones de derechos humanos de la OEA, Naciones Unidas, Estados Unidos, Unión Europea y otros foros internacionales, acusan al régimen de delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones a los derechos humanos por el asesinato de más de 325 nicaragüenses y más de 2,000 heridos, más detenciones, desapariciones, violaciones sexuales, torturas y juicios de odio contra los nicaragüenses opositores.
El régimen expulsa a las organizaciones de derechos humanos, refuerza y exalta la labor de los Policías y recibe sanciones y amenazas de suspensión de la OEA que, en 2019, siguen en curso.
