Disnorte-Dissur pasa al Estado pero régimen no explica cómo ni por qué
La Ley aprobada “con trámite de urgencia” habla de las acciones de TSK-Melfosur, empresa española que no opera en Nicaragua desde febrero
La Ley aprobada “con trámite de urgencia” habla de las acciones de TSK-Melfosur, empresa española que no opera en Nicaragua desde febrero
La aprobación estuvo antecedida por una acalorada discusión entre los sandinistas y los liberales. Los primeros estaban molestos porque cuando se iniciaba la sesión se conoció que Estados Unidos sancionó a tres personeros más del orteguismo
«Esto es la continuidad de las leyes restrictivas del derecho, que van dirigidas a tratar de implementar un proceso electoral que garanticen a los señores Ortega y Murillo que ganen ellos» en las elecciones del 2021, afirmó Gabriel Álvarez, experto en temas constitucionales.
La Alianza Cívica y los miembros de la Coalición Nacional, los dos principales bloques opositores, señalaron que de concretarse las inhibiciones de candidaturas que no le convienen a Ortega, entonces no habrían las condiciones para que en Nicaragua se celebren elecciones con las mínimas garantías de transparencia, porque el fraude se concretaría antes del 7 de noviembre del 2021, que es cuando están previstos los comicios nacionales.
El dictador Daniel Ortega intenta blindar a la distribuidora Disnorte-Dissur de posibles sanciones del Gobierno de Estados Unidos, por la relación de la empresa con las plantas generadoras propiedad de Albanisa.
Para lograr el rescate financiero de ambas empresas estatales, el Ministerio de Hacienda utilizó recursos del Tesoro que estaban destinados a la amortización de la deuda pública