Los diputados sandinistas se negaron a explicar qué mecanismo utilizó el Estado de Nicaragua para hacerse con el control del 83 por ciento de las acciones de la empresa distribuidora de energía Disnorte-Dissur y tampoco explicaron en manos de quién se encontraban estas acciones desde febrero de este año, pues el grupo español TSK Melfosur dijo a LA PRENSA desde hace 10 meses que no tenía relación con Nicaragua.
La Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense fue aprobada, de forma urgente, este 21 de diciembre por los 70 diputados orteguistas y cinco de sus aliados del PLI-ALN y Apre. Se opusieron 13 de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin embargo, dejó muchas preguntas sin responder. La primera, ¿por qué hablan de acciones de TSK-Melfosur si esa empresa abandonó el país hace 10 meses?
Desde febrero “TSK no tiene actividad en Nicaragua”
“TSK al día de hoy no tiene actividad en Nicaragua y las personas que en su día estaban a cargo de ese mercado ya no trabajan para la compañía”, fue la escueta respuesta que en febrero dio a LA PRENSA una funcionaria de la empresa española.
En el 2013, la también española Gas Natural Fenosa vendió sus acciones en Disnorte-Dissur tras enfrentar fuertes presiones de parte del gobierno de Daniel Ortega que se negó a flexibilizar normativas que le permitieran reducir las pérdidas que la empresa aseguraba tener. En aquel momento se anunció que Gas Natural – Fenosa había vendido el 83 por ciento de las acciones a TSK-Melfosur, también española, por 57.8 millones de dólares.
Al retirarse TSK-Melfosur en febrero, nadie explicó en manos de quien quedaba el 83 por ciento de las acciones ni el precio de venta de las mismas. Lo único claro era que el Estado se quedaba con poco más del 16 por ciento de las acciones y en aquel momento el representante del Estado ante la Junta Directiva de la distribuidora era Francisco López, el tesorero del Frente Sandinista y presidente del estatal Petronic y vicepresidente de Albanisa. López estuvo formalmente en ese puesto hasta que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en julio del 2018; en enero de 2019 también fue sancionada Albanisa.
Ley utiliza lenguaje difuso e inexplicablemente habla de TSK-Melfosur
En debate de ayer ningún funcionario del régimen arrojó más luz sobre el oscuro asunto, pese a que durante el debate de aprobación “de urgencia” de la Ley en que se oficializó el traspaso, los diputados liberales exigieron que se transparentara el proceso.
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El lenguaje de la propuesta de Ley, aprobada ayer, tampoco aporta mayor información, pues se limita a decir que «se declara de seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional, Sociedad Anónima (TMI, S.A.), en las empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, Sociedad Anónima (DISNORTE) y Distribuidora de Electricidad del Sur, Sociedad Anónima (DISSUR)».
Además, la ley alega que la operación se realiza para “garantizar la seguridad y continuidad del servicio público básico de la energía eléctrica a la población nicaragüense”, sin aclarar cómo y por qué la seguridad de ese servicio se encuentra supuestamente amenazado, ni qué ha cambiado ahora, pues el servicio de distribución de energía ha estado en manos privadas de hace 20 años.
Preguntas de diputado Maximino Rodríguez chocan en oídos sordos
«¿Cómo el Estado se hace acreedor de las acciones de esta sociedad anónima inmersa en esa actividad económica? Hablamos de (las acciones de) TSK Melfosur, la que en este momento, de acuerdo a esta iniciativa con carácter de urgencia del Poder Ejecutivo, pasarían a ser parte del Estado», exigió conocer el diputado del PLC, Maximino Rodríguez.
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El documento de la propuesta de Ley, enviada por el dictador Daniel Ortega a la Asamblea, no transparenta de qué manera el Estado adquirió esas acciones, que en 2013 le costaron 57.8 millones de dólares al grupo TSK. Tampoco fue aclarado quiénes han estado manejando la empresa desde que el grupo español confirmó a LA PRENSA en febrero del 2020, que había dejado de ser dueña de la distribuidora y comercializadora de energía en Nicaragua.
«¿Quiénes son los beneficiarios finales de estas empresas?», reclamó también Rodríguez, al exponer que la Asamblea está obligada por sus leyes a exigir y divulgar todo la información de los negocios que haga el Estado con compañías privadas o públicas.
Directivos de Disnorte-Dissur también callan
LA PRENSA no ha logrado comunicarse con el gerente de comunicaciones de Disnorte-Dissur, Jorge Katín para conocer: ¿A quién vendió TSK sus acciones? ¿Cuándo fue realizada la transacción? ¿Cuánto les pagaron? ¿Quiénes ha estado manejando la empresa durante el tiempo que TSK salió de Nicaragua? ¿A quién le va a pagar el Estado para hacerse con el control de esta empresa?
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Con la adquisición de este 83 por ciento de las acciones y el 16 por ciento que ya tenía el Estado, se completa la nacionalización de la empresa comercializadora y distribuidora en Nicaragua, que fue privatizada desde hace más de 20 años.
¿Blindaje frente a posibles sanciones?
El exdiputado opositor Eliseo Núñez, quien fuera miembro de la Comisión Económica entre 2012 y 2016 consideró que la maniobra Ortega se podría explicar como un intento de blindar a la distribuidora Disnorte-Dissur de posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), por la relación con las plantas generadoras propiedad de Albanisa.
Además, dijo, que si bien los funcionarios se han negado a informarlo, se rumora que Albanisa habría comprado las acciones al grupo español, y que la empresa sigue dirigida por Francisco López, vicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN.
Lo que sí quedó establecido en la ley es que la distribuidora no será pública por mucho tiempo, pues estable que después de un año, o sea, después de las elecciones de noviembre, “el Ministerio de Energía y Minas “deberá garantizar la participación de otros operadores idóneos nacionales y/o internacionales, priorizando la incorporación de sujetos privados o mixtos de conformidad a las leyes de industria eléctrica”.
