De manera expedita los diputados orteguistas aprobaron la Ley para inhibir a opositores de ser candidatos en las elecciones nacionales del 2021, bajo la acusación del régimen de ser “golpistas” y por promover sanciones en contra de los funcionarios y la dictadura de Daniel Ortega.
Sorpresivamente los sandinistas cambiaron el texto de la iniciativa para endurecer las amenazas, al incorporarle el delito de ser “traidores a la Patria” a los ciudadanos que promuevan las sanciones y protestas sociales, que para el régimen sean actos de “golpe de Estado”. Con la Ley aprobada, el régimen tiene otra arma jurídica para procesar penalmente a los opositores.
“Serán traidores a la Patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz, y los delitos contra contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”, reza el texto agregado al artículo único de la nueva Ley represiva.
La aprobación se dio este 21 de diciembre antecedida por una acalorada discusión entre los sandinistas y los del Partido Liberación Constitucionalista (PLC). Los de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), estaban muy molestos porque en el momento que se iniciaba la sesión se conoció la información de que Estados Unidos sancionó a tres personeros más del orteguismo, entre ellos el diputado y presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez Mercado. Los otros sancionados son: el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar García y el comisionado de la Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez.
Maximino Rodríguez, Jimmy Blandón y Adilia Salinas, del PLC, les reclamaron a los oficialistas que al aprobar la norma pasaron por encima de la Constitución, con el único fin de dejar participar a los candidatos que no representen un riesgo a la ambición de Ortega de repetir un fraude electoral, en los comicios de noviembre del 2021.
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La propuesta de “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», inhibe de «optar a cargos de elección popular» a todo nicaragüense que la dictadura le señale de dirigir o financiar «golpes de Estado», así como gestionar y celebrar sanciones de gobiernos extranjeros a funcionarios y al gobierno orteguista.
La votación quedó 70 diputados del FSLN a favor, 14 en contra del PLC y cinco se abstuvieron.
Opositores recurrirán contra Totalitarismo
José Adán Aguerri, directivo de la opositora Alianza Cívica, señaló que hay un extremismo para inhabilitar el derecho ciudadano a ser candidato, ya sea vía administrativa o que personeros del régimen monten juicios políticos a los opositores para impedirles participar en las elecciones.
“Están tratando de habilitar administrativamente al Consejo Supremo Electoral para decidir, porque simplemente te vieron en televisión haciendo un comentario (contra la dictadura), que ya no podés ser candidato en el debido proceso electoral. Y en el dado caso de que eso no sea suficiente, ellos tiene la capacidad de abrirte un juico. Te quieren sacar sin estar condenado o inhabilitado en tu derecho”, criticó Aguerri, representante del sector empresarial en la Alianza.
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Los grupos opositores podrían recurrir en contra de la Ley de restricción de candidatos por ser inconstitucional, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que si bien responde a las voluntades de Ortega tendrá que pronunciarse en el conflicto legal.
Porras amenaza con actuar penalmente
Durante el debate en el plenario, el legislador del PLC, Maximino Rodríguez, denunció que se está “discriminando a los nicaragüenses que no son parte de la oligarquía gobernante”, al cercenarles los derechos políticos establecidos en la Constitución, y que además se invaden facultades de la Ley Electoral que, es de rango constitucional, que es donde se norman las reglas de los procesos de las elecciones en Nicaragua.
Gustavo Porras, Edwin Castro, Wilfredo Navarro, Loria Dixon y Maritza Espinales son los legisladores del FSLN artífices formales de la propuesta para inhibir a los opositores, solo por pedir y celebrar sanciones internacionales, como por promover protestas contra los abusos a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Ortega.
Porras, presidente del Parlamento es uno de los 27 funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos, por su papel en la represión a las protestas sociales de abril del 2018 y la aprobación de leyes totalitarias. El diputado sandinista elevó las amenazas a los opositores diciéndoles que, ahora podrán ser acusados penalmente a aquellos que para el régimen cometen delitos de traición a la Patria o que comprometen la paz de la dictadura.
Porras intervino en el plenario para responderle directamente a Rodríguez diciéndole que el Código Penal ya establece las penas de cárcel por los delitos de traición a la patria, contra la paz y contra la Constitución, el cual le será aplicado sin dudar a los ciudadanos que le molesten al régimen.
“No han querido entender que la acción es de delincuentes. El que se ponga a alguien a decir: ¡Que venga la intervención!, eso es un delito contra la Constitución, es un delito por traición, es un delito contra la paz. Y se ponen a hacer los tranques de la muerte, eso es terrorismo. Hacen eso y ahora quieren andar alzando la bandera porque son candidatos”, dijo un ofuscado Porras.
El Código Penal establece en el artículo 410 como delito de “menoscabo a la integridad nacional”, cuando se realizan “actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo, en parte a dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano independiente”, y será sancionado de 10 a 15 años de prisión e “inhabilitación absoluta, por el mismo período por el desempeño de función, empleo o cargo público”.
En el articulo 413 sanciona con prisión de 2 a 6 años a quien se declare culpable del delito de los delitos que comprometen la paz. Y los delitos contra la Constitución se sancionan con hasta siete años de prisión, de acuerdo a los artículos 420 al 426.
“A caso no es atentar contra la Constitución querer alterar el orden constitucional pidiendo financiamiento extranjero e intervenciones extranjeras en los asuntos internos. (…)No pueden ser candidato un asesino, un homicida, un ladrón. Lo que pasa es que muchos que sí son candidatos, pero no deberían ser porque siguen siendo ladrones. Lo que pasa no han sido condenados y son de cuello blanco, pero el pueblo los conoce”, dijo por su parte el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro en su defensa a la nueva arma política.
Castro fue directo en que no dudarán en censurar a los que opositores que gestionen las sanciones.
OEA insta al régimen de Ortega a derogar ley
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, compartió este lunes la posición de la Secretaría General de la organización sobre «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» aprobada por el régimen orteguista, la que, confirma, “pretende restringir los derechos políticos, con el objetivo de limitar la competencia electoral” y refirió que es “un claro atentado a los principios básicos de un estado democrático de acuerdo a lo establecido en la carta democrática Interamericana”.
“En efecto, el intento de concurrir a elecciones impidiendo la participación de quienes legítimamente se ubican en oposición al gobierno, es un atentado a derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos”, expresó la OEA en su comunicado.
Agregó que el gobierno de Nicaragua, a través de este tipo de actos, le negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en una imposición, en lugar de una elección; y le recordó al régimen “su compromiso expresado públicamente de implementar las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA desplegada para las elecciones municipales de 2017, qué incluía medidas que sin duda mejorarían las condiciones democráticas en el país y que difieren radicalmente a las que ahora se pretenden implementar”.
Por último, la Secretaría General de la OEA llamó al régimen de Ortega “a derogar la ley en cuestión”.
EE.UU. la considera otra afrenta a la democracia
El subsecretario para asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, (EE.UU), Michael G. Kozak, valoró que con la Ley de restricción de candidatos, Ortega hace lo contrario a lo que el pueblo nicaragüenses y la comunidad internacional le ha demandado, que son reformas electorales que garanticen elecciones transparentes en el 2021.
“La ley de restricción de candidatos de Ortega es opuesta a la reforma electoral y otro intento burdo de mantenerse en el poder. En vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postularse para un cargo y al pueblo el derecho a elegir a sus líderes”, fustigó Kozak en una publicación en Twitter.
El jurista y miembro de la Coalición Nacional, José Pallais, señaló que Ortega de esta forma “ha perfeccionado el fraude” que buscará cometer en las elecciones de noviembre del 2021, para tratar de retener el Gobierno.
Pallais señaló que la nueva Ley para restringir candidaturas es inconstitucional por lo que el CSE no debería aplicarla, sin embargo está claro que los magistrados obedecen a Ortega. Al radicalizarle la represión “la tarea de todos los sectores opositores es unirse, porque si no nos unimos ya perderá el país, porque la realidad es que hay una ruptura a la salida cívica a la crisis” política y social en Nicaragua.