14
días
han pasado desde el robo de nuestras instalaciones. No nos rendimos, seguimos comprometidos con informarte.
SUSCRIBITE PARA QUE PODAMOS SEGUIR INFORMANDO.
nacionalizan, Enatrel, distribuidora de energía, Disnorte, Dissur, Nicaragua, Asamblea Nacional, sanciones, Albanisa

En febrero del 2020, la empresa española TSK confirmó a LA PRENSA que dejó de ser dueña de Disnorte-Dissur LA PRENSA/ JADER FLORES

Régimen nacionalizará a Disnorte-Dissur, pero oculta cuánto costaron las acciones de TSK, que se retiró en febrero

El dictador Daniel Ortega intenta blindar a la distribuidora Disnorte-Dissur de posibles sanciones del Gobierno de Estados Unidos, por la relación de la empresa con las plantas generadoras propiedad de Albanisa.

Contenido Exclusivo CONTENIDO EXCLUSIVO.

Diez meses después de que el grupo español TSK Melfosur admitió que ya no tiene ninguna participación en la empresa distribuidora de energía de Nicaragua, Disnorte-Dissur, el régimen de Daniel Ortega mandó una iniciativa de Ley a la Asamblea Nacional para que el Estado asuma todas sus acciones, sin embargo, se desconoce aún cuánto costó al erario público esa transacción.

La nacionalización será concretada mediante la “Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense”, la cual, solicitó Ortega a los diputados, la aprueben de forma urgente. Y para cumplirle al dictador, los legisladores, que son mayoría en la Asamblea, sesionarán de forma extraordinaria el próximo 21 de diciembre.

El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora y el exdiputado Eliseo Núñez, coinciden en que con este procedimiento se intenta blindar a la distribuidora Disnorte-Dissur de posibles sanciones del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), por la relación de la empresa con las plantas generadoras propiedad de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).

Núñez observó que este esquema ideado por el régimen es para “triangular” las acciones que Albanisa habría comprado al grupo TSK, a un costo económico que no ha sido revelado. Hasta ahora ningún funcionario del régimen ni de las compañías han confirmado públicamente ese negocio. Pero según Núñez, debido al alto riesgo de que la distribuidora sea sancionada por EE.UU., como efecto colateral de ser parte de los negocios de Albanisa, es que deciden nacionalizar a la empresa eléctrica.

Se conoce que Francisco López, uno de los principales operadores de los negocios del orteguismo, sigue al frente de la directiva de Disnorte-Dissur como el representante de las acciones de Albanisa. López es vicepresidente de Albanisa y Tesorero del FSLN, está sancionado por Estados Unidos que lo señaló por actos de corrupción en el manejo discrecional de la cooperación venezolana, y violaciones a los derechos humanos.

Aunque Ortega quitó legalmente a López  como presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), en la práctica López sigue controlando los negocios petroleros y del sector energético.

TSK se retiró hace rato

En febrero del 2020, el grupo TSK confirmó a LA PRENSA que había dejado de ser dueña de la distribuidora de energía eléctrica en Nicaragua, aunque no reveló desde cuándo se salió del negocio. El consorcio español era dueño del 83 por ciento de las acciones de la compañía, por las que pagó 57.8 millones de dólares en un negocio que se concretó en febrero del 2013.

TSK a día de hoy no tiene actividad en Nicaragua, y las personas que en su día estaban al cargo de ese mercado ya no trabajan en la compañía”, afirmaron en febrero pasado personeros de la oficina del Grupo TSK, con sede en España, a LA PRENSA.

El Estado ya era dueño del 16 por ciento de las acciones de esa empresa. Pero 10 meses después de que se revelara la salida de TSK del negocio de electricidad en Nicaragua, Ortega decide nacionalizar totalmente la empresa.

“Por mandato de la presente Ley y para garantizar la continuidad y seguridad del servicio básico de la energía eléctrica a la población nicaragüense, se declara de seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional, Sociedad Anónima (TMI, S.A.) en las empresas Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur (Dissur)”, reza el artículo 1 de la iniciativa enviada el 15 de diciembre a la Asamblea Nacional.

Puede interesarle: Grupo español TSK confirma que ya no manejan la distribuidora eléctrica en Nicaragua

La nacionalización se concreta en el segundo párrafo de ese articulado que dice que “por ministerio de la presente Ley, la participación accionaria de TMI, S.A., en Disnorte y Dissur pasa a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua“.

De esa forma, se revierte la privatización de la distribuidora de energía eléctrica que se efectuó en abril de 1998, cuando se constituyó de la segmentación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel).

Lea además: Daniel Ortega cierra el cerco a los opositores: dice que «candidatos golpistas» no participarán en las elecciones 2021

MEM tendrán control, pero…

En la propuesta de “Ley de Aseguramiento Soberano” de la energía eléctrica se hacen otros dos movimientos. Se establece que “Disnorte y Dissur serán operadas y administradas por las empresas que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorice o delegue para tal efecto”. Eso significa que el MEM será el propietario de la compañía, pero otras empresas de índole privado serán quien las administre.

Además, a las distribuidoras se les mantendrá legalmente como sociedades anónimas regidas por el derecho privado, y en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la Ley, el MEM deberá garantizar que otros operadores privados sean nacionales o extranjeros, participen como socios de la empresa eléctrica.

La dictadura también ordena que la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) asuma parte de las funciones de la distribución de energía eléctrica, ya que pasará a controlar parte del sistema operativo de Disnorte y Dissur.

La propuesta  de “Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense”, entró a la Asamblea el 15 de diciembre, pero los diputados orteguistas, que también son mayoría en la junta directiva parlamentaria, ordenaron que el texto no estuviese disponible hasta este viernes 18 de diciembre por la tarde.

Esa Ley es parte de un paquete de al menos cuatro propuestas que el régimen mandará a la Asamblea, para que los diputados se las aprueben antes de que finalice el 2020. Entre esas está la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, con la que Ortega no dejará participar como candidatos en las elecciones a los opositores que califica de “golpistas” y a quienes promueven sanciones internacionales en contra de los negocios de la familia presidencial, funcionarios y familiares del dictador.

Lea también: Diputados aprueban ley enviada de urgencia por Daniel Ortega para nacionalizar DNP tras sanciones de EE.UU.

Los diputados iniciaron sus vacaciones de fin de año el pasado 15 de diciembre, con el cierre de la Legislatura del 2020, sin embargo están convocados para sesionar el lunes 21 de diciembre, y también serían convocados para el sábado 26 de diciembre, afirmaron varios legisladores.

Salida de Albanisa alivia al sector eléctrico

El presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía (CNE), César Zamora, calificó de “positivo” sacar a Albanisa del negocio de generación eléctrica, debido a que se quita presión de que el sector sufra daños colaterales ante posibles sanciones de Estados Unidos a la distribuidora Disnorte-Dissur, por seguirle comprando energía a Albanisa, la cual está sancionada por los norteamericanos.

“Creo que es un paso positivo porque le quita el riesgo a todo el sector, de que sea sancionada” la distribuidora, por sus vínculos comerciales con las generadoras propiedad de Albanisa, afirmó Zamora.

Lea además: Convocan a diputados a sesionar de forma extraordinaria el 21 de diciembre, y estos son los motivos.

El empresario consideró que la nacionalización de la compañía es acertada en el actual contexto.

“Sin duda alguna se está revirtiendo el proceso de privatización (de Disnorte-Dissur), pero el riesgo de no hacerlo es mayor de quedarse a como está. Para todo el mundo es más transparente que la distribuidora pase a manos del Estado en un cien por ciento”, expresó el presidente de la Cámara de Energía.

Sin embargo, el analista político y abogado Eliseo Núñez, señaló que “habrá un conflicto de intereses” en el momento en que Enatrel asuma la responsabilidad de asegurar de que Disnorte-Dissur mantengan el suministro de energía a la población, debido a que jugará dos roles: la encargada de asegurar el transporte de la energía eléctrica de las generadoras y además ser parte del negocio de la distribución.

“Van a proteger a la distribuidora de su relación con Albanisa. Los Ortega se están protegiendo frente a posibles sanciones a la empresa, pero el manejo del mercado eléctrico es totalmente opaco”, afirmó Núñez.

Al involucrar a Enatrel se le mete en un problema, “porque hablamos de una empresa rentable financieramente, pero que estará obligada a asumir costos financieros de la distribuidora para ayudarla, porque se sabe que enfrenta millonarios déficit que arriesga su operatividad”, afirmó Núñez.

Preferible a que Albanisa siga en el mercado

El presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, dijo que aunque es posible ese conflicto, la intervención estatal es mejor, “porque el riesgo de no hacerlo es mayor”, de que Disnorte y Dissur sean paralizadas económica y operativamente, si llegasen a ser sancionadas por EE.UU.

“Hay ruido (nerviosismo) sobre la relación con Albanisa” en el mercado eléctrico, afirmó Zamora. Para el empresario, la nacionalización de la distribuidora a través de Enatrel convendría además, porque sus finanzas serían más transparentes y habría mayor control, que es, a su parecer, lo que busca el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

 

Puede interesarte

COMENTARIOS

  1. Hace 3 años

    Si la empresa espanola ya no era la duena de ese negocio hace muchos anos, quien tomo y usufructuo esa parte? El estado interviene esas acciones y a quien le va a reembolsar la inversion? El estado esta comprando inversiones que ya estan viciadas y por lo tanto sujetas a sanciones. Estara buscando ortega que sancionen al estado para pregonar al mundo que ahora si estan afectando a Nicaragua? Todo es una confusion para prevalecer en el negocio de la energia que si deja buenos dividendos por el control y la distribucion en unas solas manos.

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí