Los grupos opositores cerraron fila en que no se dejarán amedrentar por el régimen, que pretende inhibir candidaturas mediante una nueva Ley, pues aseguraron que seguirán en el trabajo organizativo a nivel nacional y enfocados en cohesionar a los grupos de oposición para presentarse ante la población como la opción para sacar al dictador Daniel Ortega del poder en las elecciones del 2021.
Aunque la Alianza Cívica y los miembros de la Coalición Nacional, los dos principales bloques opositores, señalaron que de concretarse las inhibiciones de candidaturas que no le convienen a Ortega, entonces no habrían las condiciones para que en Nicaragua se celebren elecciones con las mínimas garantías de transparencia, porque el fraude se concretaría antes del 7 de noviembre del 2021, que es cuando están previstos los comicios nacionales.
El régimen pretende cerrar el camino a la oposición con la iniciativa “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que inhibe de “optar a cargos de elección popular” a todo nicaragüense que la dictadura le señale de dirigir o financiar “golpes de Estado”, así como gestionar y celebrar sanciones de gobiernos extranjeros a funcionarios y al Gobierno orteguista.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, dijo que esa Ley sería “inconstitucional”, pero que Ortega sería el primero a ser inhibido de ser candidato a la Presidencia “porque es el criminal que viola” los principios en la norma ideada por los orteguistas.
“Daniel Ortega es el principal vendepatria de Nicaragua al haberle regalado la franja canalera al chino Wang Jing”, afirmó Chamorro. Se refiere a la Ley de concesión para la construcción del Gran Canal Interoceánico, que el dictador entregó a la empresa HKND, propiedad de Jing, donde le cedió prácticamente todo el territorio nacional por cien años al empresario chino.
En junio del 2019 se cumplieron los seis años de plazo del Acuerdo Marco de la concesión, para que el concesionario obtuviese el financiamiento para desarrollar el proyecto, por lo que al haberse incumplido el acuerdo debió ser cancelado, sin embargo el régimen se niega a derogar la Ley canalera.
La propuesta de “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, prohibirá ser candidatos a “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
“El que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. No los podemos expulsar, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes, están perdiendo sus derechos, perdió los derechos de optar a cargo público cuando hubieran elecciones en este país, ni que sigan peleando por buscar candidatos a la presidencia porque las leyes no lo permiten”, fue parte del ataque de Ortega el viernes pasado.
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La nueva Ley inhibirá a “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado”. Esto supone otra arma jurídica para amedrentar a la sociedad de no volver a protestar en contra de las políticas represivas.
Para Chamorro todas las prohibiciones que se establecen recaen en Ortega “porque en los años 80 llamó a los soviéticos, a los cubanos, a los alemanes a que intervinieran militarmente” a Nicaragua “para que le salvaran el pellejo durante la guerra contra la resistencia”.
La destrucción de la institucionalidad del país por medio del control partidario del orteguismo del Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional, supone para Chamorro el principal golpe de Estado ocurrido en Nicaragua, cometido por Ortega “para usurpar como dictador el poder que le pertenece al pueblo y la democracia”.
El director ejecutivo de la Alianza Cívica señaló que Ortega también es quien alteró el orden constitucional, “cuando en asociación con magistrados corruptos de la Corte Suprema de Justicia le permitieron reelegirse” en la Presidencia, en el 2011, violando la Constitución que prohibía la reelección.
“El principal terrorista es esta dictadura”, afirmó Chamorro al recordar que más de 300 nicaragüenses fueron asesinados en la sangrienta “Operación Limpieza”, que por orden del régimen ejecutaron la Policía junto a paramilitares en contra de las manifestaciones y tranques que levantaron los ciudadanos para protestar entre abril y junio del 2018.
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La mandaron el viernes a las 4:08 p.m.
La iniciativa de Ley entró a la Primer Secretaría de la Asamblea a las 4:08 de la tarde del viernes 18 de febrero. La presentaron los diputados sandinistas, encabezados por el sancionado presidente del Legislativo, Gustavo Porras y los directivos Loria Dixon, Maritza Espinales y Wilfredo Navarro, otrora exdiputado liberal y hoy aliado del FSLN.
Contrario a la urgencia con que se solicitan se aprueben las leyes represivas, esta de “defensa de los derechos del pueblo” los sandinistas no pidieron darle trámite expedito. Sin embargo, la junta directiva parlamentaria que es controlada por los orteguistas, podrían obviar el proceso para que el plenario la apruebe rápidamente el próximo 21 de diciembre, en una sesión extraordinaria a la que fueron convocados los legisladores.
Otra muestra de que no permitirá elecciones libres
Para Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la inhibición de posibles candidatos opositores es demostración “de una dictadura arrinconada, de una tiranía huérfana que busca desesperadamente cualquier artimaña para detener su inminente derrota en un escenario electoral”.
Maradiaga señaló que son millones de nicaragüenses a los que se les cercenaría su derecho político de presentarse como candidatos a las elecciones del 2021, “porque al unísono hemos pedido y seguiremos sanciones focalizadas para los que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
El miembro de la UNAB dijo que Ortega y sus diputados pueden seguir aprobando “leyes espurias”, pero que no servirán para revertir el repudio de la mayoría de los ciudadanos hacia la dictadura, porque solo demuestran tener miedo a que hayan elecciones libres y transparentes.
“Aunque quieran fabricar un circo electoral con candidatos de paja, también es inevitable que en ese caso el régimen sea desconocido por la comunidad internacional”, porque en esas condiciones los comicios del 2021 carecerían de legitimidad, afirmó Maradiaga.
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En un mensaje publicado en las redes sociales Maradiaga dijo a Ortega y la vicepresidente designada, Rosario Murillo: “Ustedes además de asesinos también son unos cobardes, pero les digo que no tenemos miedo. Las leyes injustas no son ley y nos las vamos a obedecer. Vamos a seguirnos organizándonos contra viento y marea. Nada ni nadie nos va a detener, porque toda Nicaragua sabe cuál es la ruta con o sin elecciones”.
Similar posición expresó Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino, al expresar que Ortega lo que pretende es decidir a los candidatos que le sean fácil de vencer en las elecciones, y que además le avalen el fraude que prepara el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Con esto Ortega dice que no permitirá elecciones libres. En la Coalición no se ha dicho que vamos a participar en las elecciones, si no que nos venimos preparando para que hayan las condiciones. Pero Ortega no debe decidir quién es el candidato de la oposición”, expresó el dirigente campesino.
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Ataca liderazgos potables
Aunque la Alianza Cívica y la Coalición Nacional no han decidido si participarán en las elecciones del 2021 ya que primero presionan porque existan las condiciones que garanticen que sean democráticas, por lo que demandan reformas electorales que incluyan nuevos magistrados del CSE, la despartidarización de la estructura electoral, la observación internacional y nacional sin condicionamientos, entre otros cambios.
Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Miguel Mora se perfilan entre los potenciales candidatos de las fuerzas opositoras por la Alianza Cívica y la Coalición Nacional. Todos son señalados por el régimen de “golpistas” y les asedia con la Policía, que les impide salir de sus casas sin haber cometido delitos, para evitar que organicen a los grupos opositores en un frente común contra Ortega.
El dirigente campesino Mairena y el periodista Miguel Mora pasaron casi un año en la cárcel acusados de terrorismo e incitación al odio, por su participación en las protestas sociales, y la difusión de la represión en el canal 100% Noticias, respectivamente.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados. No es Ortega quien debe decidir quién será su contrincante. Debemos hacer resistencia. Estas leyes represoras de alguna manera nos deben hacer reflexionar para dar una respuesta a este pueblo sufrido, y decirle a Ortega que no va a decidir quién será el candidato de la oposición”, afirmó Mairena.
Miguel Mora mantiene sus aspiraciones
Pese a la amenaza de la nueva Ley, el periodista Miguel Mora afirmó que no renunciará a ser el candidato presidencial de la oposición, si la Coalición Nacional decide participar en los comicios del 2021.
“Él trata de amedrentar para querer instaurarse como un tirano perpetuo, pero eso depende de los ciudadanos. Yo como ciudadano no le entrego ese derecho. Yo voy a ejercer mis derechos constitucionales y me voy a postular como candidato a la Presidencia de Nicaragua”, afirmó Mora, del Partido de Restauración Democrática (PRD) que es parte de la Coalición Nacional.
Mora señaló que en base al ordenamiento jurídico, las leyes no son retroactivas por lo que la que aprobará el régimen con el fin de inhibir candidatos, no puede aplicarse por las protestas desde abril del 2018.
“Como opositor, como ciudadano yo no me siento inhibido, yo voy a ejercer mis derechos constitucionales. No soy ni terrorista, ni he promovido un golpe de Estado, ni estoy violentando el orden constitucional. Me estoy sujetando a la Constitución que establece que en el 2020 se convoco a elecciones y yo tengo mis derechos ciudadanos en pleno uso”, afirmó Mora.
De cumplirse la amenaza del dictador Ortega y se inhiben candidaturas de los opositores que le supongan peligro de perder en elecciones con mínimas garantías, para Mora el régimen tendrá que pagar las consecuencias de que la comunidad internacional reaccione no reconociéndole como legítimo.
“La dictadura cometerá sus errores, pero la oposición no puede retroceder solo por un chamarrazo. Lo que miro es desesperación (del régimen) porque saben que aún con todo lo que puedan hacer en un fraude electoral, dando las condiciones mínimas, pierden las elecciones”, afirmó Mora.