Mineras chinas sancionadas por EE. UU. controlan 6% del territorio nacional

Estas compañías auríferas son parte de las 15 empresas a las que régimen orteguista entregó entre 2021 y 2026 el 8.5 por ciento del territorio, en 71 lotes, equivalentes a 1,013,225.44 hectáreas, según un informe de la Fundación del Río. El negocio del oro ha significado 1,961 millones de dólares en exportaciones para Nicaragua durante 2025, según la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Las concesiones entregadas por el Estado a estas compañías forman parte de la reconfiguración de un sistema controlado por la dictadura y en el cual la familia Ortega Murillo tenía hasta hace poco intereses directos. Esto conllevó también a un cambio en las reglas para comprarle a los mineros artesanales. Esto solo se puede realizar desde entonces con una autorización del Estado y esta solo la dan a las empresas grandes o a los secuaces del régimen.

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Por un lado, el Estado favoreció entonces a empresas asiáticas —sin experiencia conocida— y presionó fiscalmente a otras compañías establecidas. Los intereses de la familia Ortega Murillo estaban vinculados al Grupo Minero Xiloá (Grumixsa), que se convirtió en el eje de un negocio que descansaba en un sistema societario usado para extorsionar a mineros artesanales.

El Departamento del Tesoro sancionó a Grumixsa a mediados de abril, luego de que las revelaciones de las investigaciones periodísticas de LA PRENSA causaron una reestructuración de las tres sociedades mercantiles controladas por la familia dictatorial en el sector del oro.

El otro factor para analizar la situación del sector aurífero nacional es que, según ambientalistas, algunas compañías chinas beneficiadas con concesiones se prepararon para sortear el castigo financiero impuesto por EE. UU. Un claro ejemplo, es lo que ocurrió con el lote «Tutuwaka», de 6,000 hectáreas, ubicadas en El Rama, Caribe Sur.

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La concesión estaba en principio en manos de Compañía Minera Internacional Sociedad Anónima (Comintsa), sancionada por EE. UU. en mayo de 2024. Comintsa la cedió a Zhong Fu Development S.A., y esta, a su vez, en enero 2026 la transfirió a la desconocida empresa Tutuwaka Mining Company Sociedad Anónima. Esta acción fue catalogada por el ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, como «blanqueo de concesiones sancionadas».

Amaru Ruiz explica el grave riesgo ambiental

Ruiz advierte que la expansión de estas concesiones implican un grave riesgo ambiental, debido a la cuestionada reputación con la que cargan las empresas asiáticas por la falta de políticas de protección ambiental, pero evidencia la connivencia del régimen con estas mineras que irrumpieron en el negocio del oro desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua en diciembre de 2021.  

«Implican altos niveles de riesgos de los impactos ambientales asociados a la actividad minera que van desde los procesos de contaminación, cambio de uso de suelos y los procesos de deforestación. Causan afectaciones a toda la biodiversidad, al ecosistema que están dentro de esas áreas concesionadas», explica Ruiz.

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Enseguida advierte que es más preocupante debido a la falta de transparencia y a eso se suma la ausencia de estudios de impacto ambiental.

«No se conoce la tecnología minera que van a utilizar si es a cielo abierto o minería sobre túneles, dependiendo de esos los impactos van a ser mayores o menores, pero va haber impacto en esos territorios. Es muy preocupante porque ninguna de estas empresas para solicitar (la concesión) hizo estudios de impacto ambiental», indica.

Evan Ellis, profesor e investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de EE. UU., agrega que «con poco supervisión, hay peligros de daños medioambientales, desplazamiento de comunidades indígenas y demás en las áreas donde operan».

Jurista estadounidense: «Reciclaje de concesiones»

Nombres de empresas como Thomas Metal Sociedad Anónima, Brother Metal Sociedad Anónima, Zhong Fu Development S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., Santa Rita Mining, Exportadora de Metales S.A., y Grumixsa, aunque para muchos son empresas sin experiencia, para Estados Unidos supone una red de «compañías cómplices» de la dictadura.

«Operan en el sector aurífero de la economía nicaragüense y ayudan a la dictadura de Murillo-Ortega a generar dinero y mantener el control político en Nicaragua», señala el comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU. del 16 de abril de este año en el que anunciaron las sanciones a estas empresas.

El abogado y exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, quien en marzo pasado denunció el robo de la minera estadounidense BHMB Mining Nicaragua S.A., en declaraciones a LA PRENSA asegura que lo encontrado en el análisis refuerza el argumento de las sanciones norteamericanas.

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«El régimen Ortega Murillo utiliza el sector aurífero como vehículo de financiamiento y, cuando una empresa cae bajo sanción, transfiere la concesión a otra estructura societaria que cumple la misma función», dijo el jurista estadounidense.

Poblete apunta que el problema estructural radica en que la sanción recae sobre la compañía. «El flujo de ingresos lo genera la concesión territorial, que el régimen puede reasignar. Mientras Washington no aborde el reciclaje de concesiones como una conducta sancionable en sí misma, la política seguirá un paso atrás del régimen», opina.

Sostiene que Nicaragua bajo los Ortega Murillo le ofrece a Pekín algo que ningún otro país centroamericano puede ofrecerle. «Un régimen sancionado y diplomáticamente aislado, sin más socios a los cuales acudir. Esa asimetría favorece a Pekín en cada negociación», remarca el exasesor estadounidense.

Entregado equivale a cinco departamentos del Pacífico

Las 53 concesiones en manos de cinco de las siete empresas sancionadas suman un total de 787,560.71 hectáreas, equivalente a unos 7,875.61 kilómetros cuadrados (km²), del territorio concesionado para la exploración y explotación del oro.

El área total en manos de las mineras sancionadas es comparable con el departamento de Matagalpa que posee aproximadamente 6,800 km².

Otra forma de medir el peso territorial de las concesiones es su equivalencia con la suma del tamaño combinado de cinco departamentos del Pacífico de Nicaragua: Managua, Masaya, Granada, Rivas y Carazo, que en conjunto suman 8,351 km².

Lo otorgado a estas compañías asiáticas también equivalen al 6 por ciento del territorio nacional, cuya extensión es de 130,373.5 km². Sobre cuáles son los riesgos que existen cuando parte del territorio está en poder de entidades designadas, Poblete describe que «por razones que van más allá del porcentaje, una concesión minera no es solo un derecho de extracción; conlleva el acceso a infraestructura, perímetros de seguridad y, cada vez más, a logística de doble uso».

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Agrega que el país al tener frentes tanto al Caribe como al Pacífico «deja de ser una cuestión meramente económica y pasa a ser una cuestión de seguridad hemisférica. La geografía importa: Nicaragua no es Mongolia», refiriéndose a que este país asiático no tiene acceso a mar.

Ellis, quien le ha dado seguimiento durante años a las relaciones de China con los países de América Latina, coincide con Poblete. «En las áreas donde operan, (también) hay actividades ilícitas, y el posible uso por el Estado de China u otros actores como base de operaciones para actividades contra los Estados Unidos», indica.

Ruiz denuncia la facilidad que tienen las empresas chinas para tomar el control en las áreas que el régimen les entregó. «Ellos pueden hacer lo que ellos quieran sin ningún control del Estado, y es otra preocupación porque Nicaragua pierde soberanía y la capacidad de fiscalizar lo que están haciendo estas empresas chinas y por lo general hay violaciones a derechos laborales y ambientales», señala.

Para el experto Ellis, las sanciones impuestas por EE. UU. a las siete mineras, «muestra que tiene sus ojos puestos en este tipo de actividades y va a seguir aplicando sanciones primarias y secundarias para desincentivar este tipo de actividad, mientras que seguramente seguirá monitoreándola», apunta.

Thomas Metal y Brother Metal S.A.: «Las mimadas»

Thomas Metal. y Brother Metal S.A. figuran como las empresas chinas «mimadas» de la dictadura. De acuerdo a registros públicos, ambas mineras están dirigidas por el mismo grupo empresarial. El presidente de Thomas Metal es Xiangming Gu —quien aparece como representante legal en las solicitudes de concesiones— y su vicepresidenta es Xiaocun Bao. Ella funge como representante legal de Brother Metal.

Thomas Metal es la minera china con más concesiones tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. De hecho, entre julio y agosto de 2025 se convirtió en la más polémica al recibir dos concesiones mineras dentro de la Reserva de Biosfera Indio Maíz. Es la única empresa china en lograrlo por designio del régimen orteguista.

Pero, el primer lote que obtuvo esta empresa fue el denominado «Wonderful Gold» con una extensión de 1,200 hectáreas, localizadas en Villanueva, Chinandega. Desde entonces, la dictadura le ha otorgado 17 lotes que suman 228,272.98 hectáreas, unos 2,282.68 km².

Octubre de 2025 fue cuando obtuvo nueve concesiones mineras. El último lote que solicitó y recibió fue el denominado «La Reyna II» con 4,131.79 hectáreas ubicadas en San Ramón y Matagalpa. Fue publicado el 26 de enero de este año en La Gaceta.

Brother Metal se ubica como la segunda favorita del régimen. Sus dos primeros lotes «Polígono 1A y 2A», con 6,960.50 y 24,612.13 hectáreas respectivamente, le fueron entregados en febrero 2025. Desde entonces ya suma 14 lotes que juntos suman 208,959.35 hectáreas, unos 2,089.54 km².

El 26 de noviembre de 2025 recibió seis lotes ubicados en Nueva Guinea que le fueron cedidos por la empresa El Provenir Murra S.A. El último lote que recibió fue el «Yalagüina II» con 2,605.27 hectáreas en Madriz, según consta en La Gaceta del 16 de febrero de 2026.

El caso de la sancionada Zhong Fu Development S. A.

La empresa Zhong Fu Development se convirtió en la primera empresa china en solicitar una concesión en Nicaragua en 2023. Es señalada por EE. UU. como una de las dos compañías vinculadas a la dictadura orteguista que participaron en la toma forzosa de la planta de procesamiento de oro de BHMB Mining Nicaragua S.A., de capital estadounidense.

Estados Unidos identificó a Feiwu Bian, presidente y representante legal de esta minera, como una de las personas involucradas en la ocupación de la planta BHMB, respaldando la denuncia realizada por los afectados que incluso dijeron públicamente que había vídeos que mostraban su presencia el día de la toma arbitraria de las instalaciones.  

Esta minera solicitó el primer lote denominado «Santo Tomás», con 1,200 hectáreas, ubicadas en Chinandega, el 28 de febrero de 2023 y ocho meses después, el 10 de octubre de ese mismo año, le fue aprobado.

Desde entonces hasta octubre 2025, acumula 14 lotes que sumaban 315,955.21 hectáreas, sin embargo, cedió cuatro lotes a nuevas empresas en diciembre 2023, abril 2024 y octubre 2025. Actualmente cuenta con 10 lotes que suman 213,631.41 hectáreas, equivalentes a 2,136.29 km².

Nicaragua XinXin Linze Minería Group

La empresa asiática Nicaragua XinXin Linze Minería Group obtuvo su primer lote denominado «Nuevo Bijagual» de 36,610.10 hectáreas ubicadas en el Caribe Norte en febrero de 2024. Previo instalaron su campamento en la comunidad Liberia, en Mulukukú, para comenzar con la explotación del oro.

Desde febrero de 2024 a 2026, la minera china había recibido 14 lotes mineros que sumaban 155,516.12 hectáreas, pero en noviembre de 2024 y julio de 2025 cedió tres lotes, los dos primeros a Linze Excelente Minería S.A., una empresa nueva que responde al mismo grupo empresarial.

Actualmente cuenta con 11 lotes que suman 133,340.07 hectáreas, unos 1,332.49 km².

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En noviembre de 2024, una investigación publicada por este diario reveló que la compañía había exportado 25.6 millones de dólares en oro nicaragüense a EE. UU., entre enero y agosto de ese año. Esto fue destacado en la justificación de EE. UU., sobre las sanciones que le impuso en abril pasado.

Santa Rita Mining S.A., con un lote

Santa Rita Mining Company Sociedad Anónima cuenta desde el 5 de marzo de 2019 con un lote denominado «Rosita D» una superficie de 3,356.90 hectáreas en el Caribe Norte.

EE. UU. la identificó como la segunda compañía vinculada al régimen orteguista que participó en la toma forzosa del plantel de oro de la minera estadounidense BHBM.

En enero de este año, este diario reveló que hombres y mujeres identificados como trabajadores de esta empresa desalojaron de sus propiedades a campesinos en el pueblo minero de Rosita, Caribe Norte. Pero esta no sería la primera denuncia de despojo.

En junio de 2021, pobladores de los barrios 19 de Julio, Los Ángeles y la comunidad Terciopelo fueron desalojados. Esta compañía tiene un vínculo con la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua-China.

¿Mineras operando con impunidad local?

Los expertos consultados por LA PRENSA coinciden en que tras las sanciones, el régimen y los empresarios chinos constituirán nuevas mineras. «Van a seguir constituyendo nuevas empresas chinas con representantes nuevos para tratar de sortear estas sanciones en el sector del oro», opina Amaru Ruiz.

No obstante, apunta que en sí las sanciones «ya tienen un impacto directo porque van a tener que transformar todo el esquema de estas empresas que ya estaban instaladas y tenían concesiones».

Ellis, por su parte, advierte que las acciones realizadas por EE. UU. apunta que «esta consciente de la amenaza que los Ortega Murillo representa como anfitrión de actividades ilícitas, crimen organizado, y puerta de entrada para adversarios extra hemisféricos de los Estados Unidos».

Poblete valora que si las empresas chinas sancionadas continúan operando con impunidad en Nicaragua pese a las designaciones, «la política (por parte de EE. UU.) necesita herramientas más afiladas: sanciones secundarias contra entidades extranjeras que faciliten estas operaciones; alistamiento de individuos clave bajo Magnitsky Global; y coordinación con aliados europeos y británicos que ya tienen regímenes paralelos sobre Nicaragua».

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El abogado Poblete concluye enumerando que entre los mecanismos con los que cuenta EE. UU. para monitorear a las empresas sancionadas, están las designaciones de OFAC bajo E.O. 13851 y la lista SDN; advertencias de FinCEN al sistema financiero; restricciones de visa bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones; procesamientos del Departamento de Justicia por evasión de sanciones; riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras; controles aduaneros sobre importaciones de oro.

No obstante el jurista apunta, que más allá de los instrumentos, lo esencial «es la voluntad política para usarlos en secuencia, y si el Tesoro y el Departamento de Estado van a tratar el reciclaje de concesiones como la conducta evasiva que es».