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El embajador de Estados Unidos, Leandro Rizzuto Jr., cerró el 25 de junio la participación de su país en la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo hizo con la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y demandó la libertad de los familiares de Brooklyn Rivera, quienes actualmente están en «condición de desaparición forzada».
Rizzuto Jr. se dirigió al resto de representantes del organismo regional durante tres minutos para agradecer la atención a todo lo referido a la crisis de Nicaragua, así como el esfuerzo realizado por el grupo de países que han dado seguimiento a este tema. La OEA condenó y exigió el fin de las violaciones de derechos humanos en una declaración el 23 de junio.
El representante de Estados Unidos condensó en su breve discurso la visión de la Administración Trump, adelantada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau. Antes de la aprobación de la declaración sobre la situación de Nicaragua, el número dos del Departamento de Estado exigió «cero tolerancia» para los regímenes totalitarios en el hemisferio y también reclamó los derechos fundamentales que la dictadura ha conculcado a los nicaragüenses.
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«La dictadura Murillo Ortega afecta la soberanía de los vecinos en Centroamérica. Condenamos todas las instancias de represión de los nicaragüenses y notamos con mayor preocupación que están acosando a los periodistas que están en el exilio», denunció Rizzuto Jr.
Exigió libertad de familiares de Brooklyn Rivera
El embajador estadounidense mencionó los graves abusos cometidos por los Ortega Murillo desde 2018. Tal es el caso del encarcelamiento de opositores, las confiscaciones que han afectado también a ciudadanos estadounidenses, la persecución religiosa y retomó la denuncia de la muerte el 30 de mayo del líder miskito Brooklyn Rivera, bajo custodia del Estado. En ese sentido, el funcionario demandó la libertad de sus familiares.
«Condenamos la detención de los familiares de Rivera, invocamos a que se les libere a todos», afirmó. Según una funcionaria de la ONU, Anexa Alfred, fueron detenidas ocho personas del círculo cercano de Rivera el 31 de mayo cuando acudieron a retirar el cuerpo del exdiputado de Yatama. Entre ellos está una hermana, tres sobrinos, una cocinera de Rivera y tres allegados. Desde entonces se desconoce su paradero.
Rizzuto Jr. describió la situación en general que vive Nicaragua: «Se ha asesinado a varias personas». El embajador recordó que, gracias a una reforma constitucional de 2025, Rosario Murillo se convirtió en «copresidenta» junto a su esposo Daniel Ortega.
Enfatizó que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua «en un Estado policíaco nacional desde 2018″. Consecuencia del cambio constitucional citado anteriormente, el orteguismo abolió además la independencia de los poderes del Estado y fortaleció su aparato represivo.
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«La libertad religiosa sigue siendo violada. La dictadura ha negado el reingreso a Nicaragua a más de 300 miembros de la Iglesia y estos viven fuera de Nicaragua. 51 sacerdotes corren el riesgo de ser apátridas«, detalló el diplomático.
«Dictadura ha alejado a Nicaragua de la democracia»
Según el embajador, el irrespeto del régimen a la Carta Democrática Interamericana puede dificultar la reincorporación de Nicaragua a la OEA, a la que no pertenece desde 2023. Por eso, recalcó, «tiene que demostrar su buena fe, su compromiso para respetar los derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana establece un camino para hacerlo. Esta dictadura ha alejado a Nicaragua de la democracia».
Este año, la idea de invitar al régimen a regresar a la OEA fue de Brasil, según se informó en un editorial de LA PRENSA. Eso lo hicieron, a pesar de que sabían que Ortega no aceptaría las condiciones mínimas para reincorporarse.
Estados Unidos insistió en que escribirían un pie de página a la declaración sobre la situación de Nicaragua. El organismo regional declaró ilegítimas las votaciones de 2021, gracias a las cuales Ortega y Murillo se prolongaron en el poder. Este proceso estuvo marcado por la represión y la eliminación de la competencia electoral con el encarcelamiento de líderes opositores, así como miembros de la sociedad civil y empresarios.
Conforme al Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, había 46 reos de conciencia hasta mayo, de los cuales nueve se encuentran desaparecidos. Eso quiere decir que sus familiares desconocen su paradero y su estado de salud.
