Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Cuando las sanciones internacionales bloquean una fuente de financiamiento para los regímenes autoritarios, estos suelen encontrar otra. En Nicaragua, el régimen Ortega- Murillo ha convertido el oro en su salvavidas: una arteria financiera que sostiene su control político, alimenta la represión, fomenta la corrupción, afecta el comercio y abre el camino a la creciente influencia de China en Centroamérica.
Durante más de una década, la dictadura nicaragüense se sostuvo con el dinero extraído bajo el esquema de compra del petróleo venezolano. A través de Albanisa, una empresa conjunta entre PDVSA y la estatal nicaragüense Petronic, el régimen desvió miles de millones de dólares del erario a cuentas paralelas, fuera del presupuesto. Ese esquema se derrumbó entre 2019 y 2020, cuando Washington sancionó a Albanisa, Caruna y Bancorp junto con los operadores financieros del régimen. Sin embargo, para entonces los Ortega Murillo ya habían acumulado más de mil millones de dólares ocultos en préstamos a los municipios, bonos negociables del Tesoro nicaragüense y efectivo.
Cuando el esquema petrolero se agotó, el régimen volvió sus ojos al oro. Un recurso altamente rentable, difícil de rastrear y menos dependiente de los mecanismos financieros formales. Desde 2020, el gobierno nicaragüense reestructuró el sector minero en una compleja red de empresas pantalla, testaferros y sociedades con nacionales chinos, diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político.
En el centro de este esquema está Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores y principal operador del régimen, asistido por los titulares del Ministerio de Energía y Minas, Salvador Mansell Castillo y Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y una larga lista de testaferros que actúan como accionistas, directores, representantes legales, firmantes, prestanombres y operadores del entramado de entidades beneficiadas. Juntos han transformado la minería del oro en un sistema de extracción de rentas, sobornos y lealtades, que también sirve como vehículo de acercamiento con China.
Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la empresa estatal Eniminas en 2022, el régimen cambió de táctica. Surgieron nuevas compañías como Comintsa, Capital Mining y Grupo Minero Xiloá, todas vinculadas a los mismos funcionarios del círculo íntimo de poder. Cuando Washington sancionó a Comintsa y Capital Mining en 2024 por generar ingresos para el régimen, estas desaparecieron de los registros solo para reaparecer bajo nuevos nombres y con los mismos dueños ocultos.
El siguiente paso fue sellar la alianza con los chinos. En 2025, el Gobierno modificó las regulaciones de exportación para otorgar a un puñado de empresas chinas aliadas con el régimen la exclusividad en la compra y exportación de oro en bruto hacia Estados Unidos. Compañías como Zhong Fu Development Nicaragua, XinXin Linze Minería Group, Thomas Metal y Brother Metal —sin trayectoria minera previa— pasaron a controlar el principal rubro de exportación del país. Desde entonces, fijan los precios locales y obtienen ganancias extraordinarias gracias a márgenes de arbitraje que superan el 25 por ciento.
Además de un negocio, este esquema es también una alianza geopolítica. Mientras Nicaragua exporta oro a Estados Unidos, envía antimonio a China —un mineral estratégico para la industria militar, utilizado en municiones, retardantes de fuego, visores nocturnos y tecnología de defensa—. Según datos del Observatorio de Complejidad Económica, en 2022 China fue el principal destino del antimonio nicaragüense, con exportaciones por 27 millones de dólares. Buena parte de ese comercio fue canalizado por Santa Rita Mining, empresa formada en 2018 por las empresas canadienses concesionadas en Nicaragua Calibre, Rosita y Century Mining, esta última controlada por la gigante estatal asiática China Minmetals Corp. Los permisos ambientales y de concesión fueron facilitados directamente por Laureano Ortega.
En paralelo, el Grupo Minero Xiloá se consolidó como un centro de lavado de dinero. Integrado por exfuncionarios de Eniminas, Albanisa y Caruna, el grupo compra oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta a través del circuito de empresas chinas aliadas, utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos. Estos recursos se utilizan para financiar las operaciones represivas del régimen y mantener la maquinaria política que asegura su permanencia en el poder.
Otros actores completan la red. Suministro y Montaje Electromecánico, S.A., cuyo representante es Omar Javier Cortez Moncada, funciona como canal para sobornos de empresas extranjeras, recibiendo hasta un 5 por ciento de sus ingresos mensuales mediante contratos ficticios. Inteligencia de Ingeniería Civil y Eléctrica, S.A., registrada bajo Denisse del Carmen Díaz Rodríguez, una colaboradora de Mansell, sirve para realizar pagos ilícitos a funcionarios y empresarios del sector energético.
El ecosistema trasciende lo económico. En 2024, el régimen creó la Cámara de Industria y Comercio Chino-Nicaragüense (CCNC), una réplica de la antigua AmCham, cerrada cuando el Gobierno desmanteló miles de organizaciones civiles. La CCNC está presidida por el empresario chino Hangbi Xie, y sus vicepresidentes son Aníbal Vladimir Matus Buitrago y Feiwu Bian, los mismos que representan a Santa Rita Mining y Zhong Fu Development. La cámara no solo formaliza la alianza entre Managua y Pekín, sino que otorga una cobertura diplomática a quienes administran las operaciones mineras conjuntas, con el afán de blindarlos parcialmente frente a futuras sanciones.
El resultado es un sistema que cumple varios propósitos simultáneamente: asegura divisas, recompensa lealtades, legitima fondos sancionados y consolida la dependencia de China. Para Estados Unidos, las implicaciones son relevantes. Cada onza de oro nicaragüense exportada a EE.UU. está ayudando a financiar a un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, China obtiene acceso privilegiado a recursos estratégicos y consolida su presencia en el istmo centroamericano, desplazando la influencia occidental.
Lo que hace a este sistema resistente es su capacidad de adaptación. Cada sanción genera una mutación. Cuando cayó Albanisa, surgió Eniminas. Cuando sancionaron Eniminas, apareció Capital Mining. Ahora operan Santa Rita y sus pares chinos. El régimen sobrevive explotando las zonas grises entre las sanciones, el comercio de materias primas y las fallas en los mecanismos internacionales de trazabilidad del oro.
Para romper este ciclo se necesitaría algo más que sanciones individuales. Washington y sus aliados tendrían que atacar toda la cadena de valor del oro, desde la concesión y exportación hasta el refinado y la venta final. Esto implica cooperación con los importadores estadounidenses, controles más estrictos para las refinerías y sistemas de trazabilidad obligatorios.
Pero también exige entender el componente geopolítico. La expansión china en el sector minero nicaragüense no es casualidad: forma parte de una estrategia más amplia para consolidar su influencia en América Latina. Para el régimen Ortega-Murillo, Pekín no solo es un socio comercial, sino también un escudo político.
El oro, símbolo ancestral de riqueza y pureza, está ahora manchado de sangre, y se ha convertido en la moneda de la represión. Cada onza que sale del país sostiene una dictadura que desaparece, encarcela, o expulsa del país a sus opositores, desmantela la sociedad civil, confisca a grupos religiosos, exilia a sacerdotes y vende su soberanía al mejor postor.
Mientras el brillo del oro siga cegando a los mercados internacionales, el régimen Ortega-Murillo seguirá respirando. Detrás de ese resplandor no hay prosperidad: hay un país saqueado, una sociedad sometida y un futuro hipotecado a cambio de poder.
