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El pasado 26 de abril, el New York Times (NYT) publicó un reportaje revelador sobre cómo el oro proveniente de la minería ilegal en Colombia y otros países, así como el capturado por regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, es infiltrado en las exportaciones hacia refinerías de Norteamérica y Europa.
Los autores, Justin Scheck, Simón Posada y Federico Ríos, describen el colapso de las salvaguardas de la industria aurífera estadounidense y de los sistemas de trazabilidad. Su conclusión es inquietante: una porción de prácticamente cada lingote refinado en Occidente contiene oro extraído por cárteles de droga, dictaduras y redes criminales que deforestan territorios y contaminan ecosistemas enteros.
Desde hace meses, LA PRENSA viene documentando los mecanismos mediante los cuales la dictadura Ortega-Murillo ha capturado el sector aurífero en Nicaragua. El oro se ha convertido en un instrumento de poder: sirve para enriquecer a la familia gobernante, financiar el aparato represivo y atraer capitales opacos de origen chino, que prosperan en entornos de corrupción y destrucción ambiental. Bajo la protección del régimen, un entramado de entidades chinas ha acumulado más de 70 concesiones mineras, equivalentes a más del 8 por ciento del territorio nacional.
El esquema es tan evidente que ha provocado reacciones internacionales. El pasado 16 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a funcionarios, testaferros del régimen, empresas chinas e incluso a dos hijos de la pareja gobernante. No se trata de un hecho aislado, sino de la tercera intervención de este tipo en pocos años, tras medidas similares en 2022 y 2024, dirigidas a desmontar el andamiaje rentista del régimen en este sector.
El reportaje del NYT aporta un elemento clave: el alza sostenida del precio del oro —más de 400 por ciento en la última década— ha convertido al sector en un imán para estructuras criminales y autoritarias. En el caso de Nicaragua, la dictadura no solo participa, sino que organiza el sistema.
Bajo el pretexto de formalizar a los güiriseros en mineros artesanales, el régimen ha creado un mecanismo de extracción de rentas. Plantas procesadoras como BHMB —expropiada ilegalmente y sin compensación— han denunciado que se les obliga a retener hasta un diez por ciento sobre las compras de broza a mineros artesanales. El incentivo es perverso: mientras más mineros “formalizados”, mayor la recaudación. En la práctica, el registro se convierte en un trámite político más que en un filtro de legalidad.
El resultado es un sistema donde no hay trazabilidad. El regulador carece de capacidad real para verificar el origen de la broza. Esto quedó en evidencia cuando se descubrió que mineros nicaragüenses explotan ilegalmente yacimientos en zonas fronterizas de Costa Rica, para luego introducir ese material en Nicaragua y vendérselo a las empresas chinas protegidas por el régimen como producción artesanal “legal”. El resultado para Costa Rica son bosques devastados, suelos contaminados y comunidades afectadas.
En este contexto, exigir a las plantas procesadoras que verifiquen la legalidad del origen es poco más que una formalidad vacía. Basta con que el vendedor esté registrado para que el sistema lo valide, aunque el volumen creciente de mineros inscritos haga imposible cualquier control efectivo.
Tanto en Nicaragua como en otros países, la única forma real de garantizar trazabilidad sería que los grandes operadores industriales procesen exclusivamente mineral extraído de sus propias concesiones, sin adquirir broza de pequeños mineros ni permitir el acceso de mineros informales a sus áreas. Pero esto implicaría renunciar a una parte sustancial del suministro, en un momento en que la demanda global de oro sigue siendo insaciable.
La conclusión es que mientras no existan controles efectivos, las grandes refinerías, los bancos centrales, los inversionistas y los consumidores finales seguirán participando —consciente o inconscientemente— en una cadena de suministro contaminada. Detrás de cada lingote puede haber degradación ambiental, represión política, corrupción sistémica y crimen organizado.
Eso es lo que ha hecho de Nicaragua la dictadura corrupta de Ortega y Murillo.
