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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 16 de abril a Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de los dictadores de Nicaragua, según un comunicado oficial. El primero es el encargado del feudo del deporte y el otro es responsable de la propaganda bajo el mando directo de su madre Rosario Murillo.
«La dictadura ha transformado el Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No solo Murillo ejerce más poder ahora, sino también sus hijos adultos, incluido Laureano Ortega Murillo (Laureano), hijo de Murillo y Ortega, quienes han sido designados para varios cargos clave dentro del gobierno nicaragüense. La OFAC sancionó a Laureano el 17 de abril de 2019», afirma el pronunciamiento estadounidense.
Las sanciones fueron anunciadas cuando faltan dos días para que se cumpla el octavo aniversario de la rebelión cívica que fue brutalmente reprimida por el Estado. El impacto de las medidas alcanza a la cúpula dictatorial, así como a la opaca estructura de negocios creada para controlar el comercio del oro y participar en él.
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Las medidas de la Administración Trump castigan al Grupo Minero Xiloá (Grumixsa), eje del negocio de la familia dictatorial en la industria del oro. Una empresa cuya existencia fue revelada en investigaciones del Diario LA PRENSA.
También los estadounidenses responsabilizaron al Estado por el despojo de la compañía BHMB Mining, víctima de la toma arbitraria de su plantel en 2025 en el norte de Nicaragua. Esta fue entregada por las autoridades del régimen a las compañías chinas Santa Rita Mining y Zhong Fu Developtment.
La empresa BHMB Mining está reclamando 80 millones al régimen en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.
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Las sanciones al negocio del oro de los Ortega Murillo se relacionan con un esquema de extorsión a pequeños mineros artesanales y empresas establecidas. Estados Unidos sancionó en ese sentido al Grupo Minero Xiloá (Grumixsa), cerrado recientemente por órdenes de Rosario Murillo, en un intento por borrar las huellas de la participación familiar.
Grumixsa tiene como socia mayoritaria a la empresa Urbanizadora Industrial (Urbisa), que forma parte de la red de 22 empresas de los Ortega Murillo, según una investigación de Confidencial publicada en 2022. La sede del Grupo Minero en Managua era la antigua oficina de la estatal Empresa Nicaragüense de Minas, sancionada también por la Administración norteamericana en 2022.
Los estadounidenses vinculan los ingresos generados en este plantel de procesamiento de oro, ubicado en Villanueva, Chinandega, al financiamiento de la represión. La Procuraduría General de Justicia recientemente autorizó que el plantel pasara a manos de otra empresa, el plantel Los Ángeles, S.A., propiedad de James Randy Martin.
Fuentes de LA PRENSA confirmaron que la familia dictatorial vendió Grumixsa en febrero, a consecuencia de las revelaciones periodísticas de este Diario, así como la presión sostenida por Estados Unidos en el sector minero de Nicaragua.
«La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a miembros de la familia en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense. Desde 2020 ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas y testaferros diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio», explicó el Departamento del Tesoro.
El secretario Scott Bessent se pronunció en su cuenta de X con una crítica frontal al régimen nicaragüense. «La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas compañías de oro y coconspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos que mantengan su poder político. Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y continuará apuntando a los flujos de ingresos que fortalecen al corrupto régimen de Murillo-Ortega», afirmó.
El papel de Laureano Ortega y Salvador Mansell
Los estadounidenses agregaron que «este esquema corrupto, controlado por el Gobierno, es administrado por dos personas sancionadas por Estados Unidos: Laureano (Ortega Murillo) y Salvador Mansell Castrillo (Mansell), ministro de Energía y Minas de Nicaragua».
Como consecuencia de todos estos intereses, la industria aurífera ha sido objeto de una reconfiguración en los últimos años. No solo se trata de los intereses familiares, sino que los Ortega Murillo han entregado en concesiones a 15 mineras chinas desconocidas el 8.5 por ciento del territorio nacional, según un estudio reciente de la Fundación del Río.
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Sancionan a viceministro Santiago Bermúdez
El pronunciamiento indica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), castigó a cinco personas y siete empresas que participan en el sector aurífero, entre ellos el viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez Tapia.
Para los estadounidenses, altos cargos del Estado de Nicaragua se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro. Cifras oficiales indican que estas fueron de 1,961 millones de dólares en 2025. En esta misión ha sido clave el papel de la estatal Empresa Nicaragüense de Minas, sancionada por Estados Unidos en 2022. Esta desempeña un papel «en la canalización de beneficios a socios del sector privado y el pago de sobornos a personas cercanas al régimen. Eniminas está facultada para decidir qué empresas utilizará para la explotación de reservas de oro y minerales».
Estados Unidos responsabiliza a cinco empresas
Las empresas responsabilizadas son las siguientes: Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA), Grupo Minero Xiloá (Grumixsa), Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Brother Metal.
Según el comunicado, EMSA es una empresa con sede en Managua que vende oro a granel a Estados Unidos y es una de las diversas compañías organizadas por el régimen Ortega Murillo con el fin de generar ingresos «para uso gubernamental».
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«EMSA ha recolectado oro sin refinar en seis lugares diferentes de Nicaragua para fundirlo en su sede en Managua. Las ganancias de la venta del oro se han transferido electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua, que posiblemente se haya utilizado para equipar, entrenar y pagar los salarios de los grupos paramilitares nicaragüenses subordinados al Gobierno«, agregaron.
Ingresos de Grumixsa también para financiar represión
De Grumixsa, afirman, compra oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta a través de una red de empresas nicaragüenses aliadas, «utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos».
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«Estos recursos se utilizan posteriormente para financiar las operaciones represivas del régimen y mantener la maquinaria política que garantiza su control del poder. Varios exfuncionarios de entidades sancionadas por Estados Unidos, como Eniminas, Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna) y Alba de Nicaragua (Albanisa), participan ahora en (el sector) Minero», sostiene EE. UU.
Al sancionarlas, el Departamento del Tesoro señaló a las empresas Thomas Metal y Brother Metal como beneficiarias de concesiones mineras. Pero en el caso de Nicaragua XinXin Linze Minería Group recordaron que enviaron más de 25 millones de dólares en oro nicaragüense a Estados Unidos entre principios y mediados de 2025. Este señalamiento corrobora el hallazgo de una investigación publicada por LA PRENSA a inicios de noviembre de ese mismo año.
La confiscación a BHMB Mining
El gobierno estadounidense recordó cómo se dio la toma arbitraria del plantel de BHMB Mining. Señaló que participaron Feiwu Bian (Bian), presidente y representante legal de Zhong Fu, pero además su abogado, Vladimir Matus Buitrago. Las empresas y estas dos personas fueron sancionadas.
También sancionaron a Nelson Francisco Sobalvarro, representante de la Compañía Minera Internacional, S.A. (Comintsa), castigada en mayo de 2024. Igual al abogado Lester Matus Tamariz, quien participó en la agilización de las concesiones a Zhong Fu. El gobierno estadounidense llama al viceministro, a Sobalvarro y a Matus «los taloneros que respaldan el plan ilícito del oro».
La decisión provocó reacciones en Estados Unidos. El congresista republicano Carlos Giménez calificó como un cáncer a la dictadura Ortega Murillo en una publicación en su cuenta de X.
«La dictadura de Murillo-Ortega es un cáncer en nuestro hemisferio que sobrevive gracias a la corrupción y al robo de propiedades estadounidenses. Aplaudo al Departamento del Tesoro y al secretario Scott Bessent por apuntar al sector del oro, un banco de ahorros principal para este régimen. ¡Debemos seguir cortando cada salvavidas financiero hasta que se restaure la libertad para el pueblo de Nicaragua!», sugirió Giménez.
