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La familia Ortega Murillo vendió la empresa Grupo Minero Xiloá (Grumixsa), que operaba el plantel de procesamiento de oro en la comunidad chinandegana de Villanueva. El nuevo propietario es el estadounidense James Randy Martin, representante del plantel Los Ángeles, S.A., informaron extrabajadores de la empresa cerrada.
La cifra pactada del acuerdo es todavía desconocida, pero las fuentes aseguraron que Marcos Rivas Kauffman, beneficiario final de Grumixsa y empleado de confianza de la familia dictatorial, informó el viernes 13 de febrero del cambio de dueño a los empleados de Grumixsa y además ofreció otro dato: el plantel sería administrado ahora por un canadiense.
De acuerdo con los denunciantes, la venta de Grumixsa habría sido forzada tras las revelaciones de LA PRENSA sobre un entramado de compañías, con las cuales se sostenía el negocio del oro de la familia dictatorial.
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Después de que les dijeron lo del cambio de dueño, a los trabajadores les prometieron que serían liquidados en un plazo de diez días, sin embargo, esto no ha ocurrido a pesar que han transcurrido dos meses desde que supieron del acuerdo. LA PRENSA escribió el 7 de abril a la gerencia del plantel Los Ángeles, S.A. solicitando información sobre la manera en que se traspasó a su nombre la concesión que tenía antes Grumixsa. Sin embargo, hasta ahora no han respondido.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) autorizó de manera expedita el traspaso, según el título de concesión minera PGJ-DGM-0009- 2026, publicado precisamente el 7 de abril en el diario oficial La Gaceta.
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Según fuentes del sector aurífero, Grumixsa cerró por órdenes de la dictadora Rosario Murillo. Esta empresa operaba el plantel en la comunidad de Villanueva, en Chinandega. En específico el lote llamado Flor de Azalea con una superficie de 1,352.29 hectáreas. La autorizaron desde el 1 de octubre de 2024.
No le han pagado a los trabajadores
Los trabajadores acompañaron su denuncia con un finiquito del contrato de uno de ellos. Tiene el nombre oculto por razones de seguridad. Pero puede leerse que el argumento para rescindir del acuerdo laboral es el artículo 41 del Código del Trabajo. En este se estipulan ocho posibles razones, las más normales la terminación del contrato o la finalización de la obra, pero también por fuerza mayor o caso fortuito.
En el caso de Grumixsa no se especificó la causa. “De igual manera agradeciendo todo el tiempo para nosotros y manifestándole que todas sus prestaciones laborales y salariales correspondientes serán liquidadas dentro del tiempo establecido para ello”, promete el documento firmado por José Fernando Sobalvarro Cruz, jefe de recursos humanos. Se puede ver el sello de la compañía y está fechado 15 de febrero, es decir dos días después que Rivas Kauffman los notificara de la venta.
Las oficinas en Managua de Grumixsa se encontraban —tal como publicó LA PRENSA en una investigación de noviembre— en el mismo sitio donde antes operaba la estatal Empresa Nicaragüense de Minas, sancionada por Estados Unidos en 2022. Este despacho y sus trabajadores fueron trasladados hasta el plantel en Chinandega. A este grupo tampoco le pagaron.
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“Ya han pasado casi dos meses y nada de la liquidación. Solo saben decir la otra semana. El personal ya está cansado de escuchar lo mismo y la gente necesita de su liquidación. Los trabajadores hacemos un llamado a Marcos Rivas Kauffman que se presente a pagar el dinero”, insistieron.
Grumixsa es una de las tres sociedades que forman parte de un esquema de extorsión a mineros artesanales y empresas establecidas, con las cuales la familia Ortega Murillo controlaba la industria del oro. Mientras se da el cierre de Grumixsa, las otras sociedades mercantiles relacionadas estarían trabajando al mínimo, según fuentes consultadas.
El gerente de Grumixsa era un trabajador de Alba Generación, Marlon Salinas. Pero una abogada que participó en la entrega de poderes de administración de la empresa es del círculo cercano a los Ortega Murillo.
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Una investigación periodística documentada
Uno de los beneficiarios finales de Grumixsa, Rivas Kauffman, ha tenido importantes nombramientos en el régimen. Sustituyó en 2020 al fallecido secretario de la Presidencia, Paul Oquist, luego de que fue sancionado por Estados Unidos. Además ocupó un puesto en la junta directiva precisamente de Eniminas y en la Empresa Nicaragüense de Petróleo.
La otra conexión de Grumixsa con la familia de los dictadores es que su socia mayoritaria es la Urbanizadora Industrial, S.A. (Urbisa), representada por Carlos Armando Flores Zamora. Esta es una de las 22 empresas que formaban parte del grupo empresarial de los Ortega Murillo que creció al amparo del poder, según una investigación publicada por Confidencial en 2022.
De acuerdo con la investigación de LA PRENSA, URBISA tiene el 70 por ciento de las acciones de Grumixsa y el restante está en manos de Elixon Canales Lara, quien actúa sin embargo como presidente. Los trabajadores recuerdan que Laureano Ortega Murillo llegó a Grumixsa en sus primeros días.
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“Quien (al principio) llegó representando en calidad del gobierno fue Laureano Ortega. Luego dejó a Marcos Rivas. Marcos es una marioneta. Ahí quienes siempre han estado arriba son los ORMUS (Ortega Murillo), después Francisco López”, explicaron.
Francisco López es el extesorero del FSLN que cayó en desgracia en días recientes por órdenes también de Murillo. Pero los trabajadores de Grumixsa lo identifican como el «cerebro» detrás de esta empresa para procesar oro. Las otras compañías que formaban parte del sistema de extorsión, y que cobraban una comisión de 5 por ciento a los mineros por el material producido que obligan a procesarlo en Grumixsa, era Capital Mining Investment, sancionada por Estados Unidos. La otra era Suministro y Montaje Electromecánico que cobraba en su caso “comisiones” a las empresas establecidas.
“Capital Mining es una empresa minera nicaragüense y una de varias empresas alineadas con el régimen que operan o han operado en el sector de oro nicaragüense. Capital Mining es un intermediario de este sector que le cobra a otras empresas mineras por realizar negocios en Nicaragua. La empresa es controlada por Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidente Murillo”, señaló en su momento el Departamento del Tesoro.
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La venta coincidió con indagación periodística
Desde que LA PRENSA inició su investigación el año pasado ha intentado contactar a los principales operadores de las compañías involucradas, pero no han respondido.
Tampoco lo ha hecho el ministro Salvador Mansell. Por lo tanto, no se han conocido sus explicaciones oficiales. La Dirección de Minas estaba bajo control del Ministerio de Energía y él mismo también fue señalado por Estados Unidos de dirigir la Compañía Minera Internacional, S.A (Comintsa), sancionada el mismo día que Capital Mining Investment.
Desde el 11 de febrero, es decir dos días antes de que anunciaran a los trabajadores la venta de Grumixsa, la Dirección de Minas pasó a manos de la Procuraduría General de Justicia. Esta institución la dirige Wendy Morales, una de las funcionarias más leales a Murillo.
LA PRENSA publicó la primera entrega en noviembre de 2025 sobre este caso, pero preparó durante meses una segunda parte de la investigación. Finalmente sería publicada el 16 de febrero. Eso significa que el anuncio de la venta a los trabajadores se concretó tres días antes.
Esta nueva publicación periodística contenía documentos que mostraron con más detalles el negocio fraguado desde el poder. De hecho, el 10 de febrero, LA PRENSA mandó una consulta a Mansell sobre el esquema del oro mencionado. No respondió y tres días después Rivas Kauffman avisó a los trabajadores sobre la venta de Grumixsa.
Bajo el control de los Ortega Murillo, el Estado ha entregado en concesión el 8.5 por ciento del territorio nacional a 15 mineras chinas desconocidas, según la Fundación del Río. Han reconfigurado el sector aurífero con presiones fiscales a las empresas establecidas, además de encontrar una oportunidad de negocios en uno de los principales rubros económicos del país.
