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Las concesiones mineras, entregadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a empresas chinas sin historial previo, evidencian un entramado de corrupción que pone en el radar de las autoridades estadounidenses a los protagonistas de estos negocios, según especialistas consultados por LA PRENSA.
El economista Juan Sebastián Chamorro calificó como “irrastreables” a los chinos beneficiados con las concesiones, mientras explicó que es probable que se trate precisamente de un mecanismo para evadir sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
LA PRENSA publicó el 17 de enero la historia del lote Tutuwaka, de 6000 hectáreas y ubicado en la ciudad de El Rama, en el Caribe Sur, el cual en menos de cuatro años pasó de una empresa sancionada por Estados Unidos a compañías chinas sin antecedentes.
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La concesionaria más reciente de este lote es Tutuwaka Mining Company Sociedad Anónima. Pero el sitio estuvo antes en manos de Zhong Fu Developtment, ya que se lo asignaron el 26 de febrero de 2024. Durante dos años, antes de este traspaso, la concesión fue de la Compañía minera Internacional Sociedad Anónima (Comintsa), que la recibió el 16 de mayo de 2022.
En mayo de 2024, Comintsa fue sancionada por Estados Unidos, es decir tres meses después que el mismo lote pasó a Zhong Fu Developtment. Además que las empresas no tienen un historial previo, sus representantes tampoco son conocidos. “Cuando el régimen hace las cosas, las hace de manera opaca para que no haya seguimiento ni sean sancionados”, concluyó Chamorro.
El control de familia Ortega
El negocio aurífero está bajo control directo de la familia dictatorial, a través de Laureano Ortega Murillo, el principal “asesor” de inversiones del Estado. El Departamento del Tesoro aseguró que Comintsa es del ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, penalizado de manera individual desde 2021.
Además de la sanción a la empresa mencionada, Estados Unidos castigó a Capital Mining, que «es un intermediario de este sector que le cobra a otras empresas mineras por realizar negocios en Nicaragua. La empresa es controlada por Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidente Murillo, y el designado por OFAC, Mansell Castrillo».
El negocio del oro es millonario. Según el Banco Central de Nicaragua, las exportaciones de este rubro significaron 1353.9 millones de dólares en 2024. El 14 de enero, Zhong Fu cedió también los derechos de su otro lote Siuna a otra minera desconocida: Y. M. Mining Company. La superficie de la concesión era en este caso de 46, 172.50 hectáreas.
Investigaciones de LA PRENSA revelaron en noviembre de 2025 que una empresa de la red familiar de los Ortega Murillo—Urbanizadora Industrial Sociedad Anónima (URBISA)—es socia del Grupo Minero Xiloá S.A. (Grumixsa). Esta minera tiene un plantel en Villanueva, Chinandega, mientras sus oficinas en Managua son las mismas de la sancionada Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
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Un experto en transparencia, consultado bajo condición de anonimato, indicó que estos negocios ponen en el radar de Estados Unidos a la dictadura, por la enorme apertura que «el régimen ha otorgado al gobierno chino y a sus inversionistas para ampliar su influencia en Centroamérica», particularmente en un sector tan sensible como el oro, afirmó.
Agregó que se confirma con estos casos cómo los negocios en Nicaragua son manejados de manera “personalista”, es decir, directamente por la familia Ortega Murillo para garantizar un flujo importante de recursos.
Dubón: “Como hacienda privada”
La exdiputada Edipcia Dubón, economista y politóloga, afirmó que no existe transparencia en Nicaragua, y el Estado no rinde cuentas a nadie. “Ha sido desmantelado como forma de organización institucional y sustituido por una estructura familiar que administra el país como si fuese una hacienda privada. En ese contexto, no resulta sorprendente que se establezcan acuerdos opacos, sin carácter público, al margen de estándares internacionales y sin que se conozcan, ni se evalúen, sus impactos ambientales, sociales o económicos”, cuestionó.
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Dubón expresó que todo esto debería preocuparnos como sociedad, porque generalmente la presencia de China no genera beneficios locales sostenibles y se traduce en deterioro ambiental, vulneración de derechos humanos y afectaciones a los derechos económicos de las poblaciones más vulnerables.
En esto coincide con Chamorro, quien asegura que nunca ha oído que un chino en este tipo de proyectos se responsabilice o lo hayan acusado de daños ambientales. El 17 de enero, el director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, declaró que se carece de información sobre las concesionarias chinas beneficiadas. No hay una página web para evaluar los proyectos en los que han participado.
Por lo general, Ruiz dice que estas empresas chinas están sirviendo de intermediarios de otras empresas en un intento de ocultar quién está detrás. Dubón lamentó que “ desgraciadamente donde hay oro y no hay Estado de derecho, lo que florece no es el desarrollo, sino la violación de derechos humanos”.
“No obstante, la coyuntura actual, marcada por la determinación de Estados Unidos de restablecer su hegemonía en lo que considera su esfera de influencia, coloca al régimen nicaragüense en una posición cada vez más compleja y riesgosa, una complejidad que previsiblemente irá en aumento”, insistió Dubón.
La economista comentó también que cada inversión china en Nicaragua no debe leerse como una cooperación desinteresada, sino como un endeudamiento creciente, «una carga que terminarán asumiendo las generaciones venideras y eso pesará en un país en transición».
El régimen de Nicaragua restableció relaciones diplomáticas con China en diciembre de 2021, luego de abandonar a Taiwán, un aliado histórico. Desde entonces ha entregado parte del territorio nacional a empresas originarias del gigante asiático. Una de las más afortunadas es Xinxin Linze Minería Group que, en apenas ocho meses del año pasado—entre enero y agosto—, exportó 25.6 millones de dólares en oro nicaragüense a Miami sin ser propietaria de minas y planteles.
