Así funciona el lucrativo negocio del oro de los Ortega Murillo que sostiene a la dictadura

En esa misma comunicación, denunció que la familia dictatorial creó una “compleja red de empresas y testaferros” para enriquecerse a través del oro. Esto mismo reveló LA PRENSA en una investigación publicada en febrero de este mismo año. 

“El modelo permite un control del mercado del oro, ingresos constantes mediante cobros a pequeños mineros, un mecanismo de lavado de dinero y un monopolio de exportación con doble rentabilidad”, explicó una fuente que está al tanto de las operaciones en esa ocasión.

Para el ambientalista Amaru Ruiz, de Fundación del Río, el oro “es uno de los rubros que sostiene al régimen, pero no es el único”. El economista Enrique Sáenz coincide. “La fiebre del oro que se ha producido en Nicaragua repercute en aumentar el poder económico y político de la mafia en el poder, pero no solo eso. El disparo de los precios del oro y los flujos de remesas han sido claves para mantener la economía del país”, detalla. 

El oro es el principal activo de exportación en Nicaragua. Según datos del Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (Mific), en el primer cuatrimestre del 2026, Nicaragua exportó 1,160.4 millones de dólares en oro, un 32 por ciento de los ingresos totales de las exportaciones. 

Los datos oficiales también muestran que las exportaciones de oro han tenido un aumento significativo. Entre 2020 y 2025 el volumen exportado pasó de 11.8 a 18.5 miles de kilogramos, mientras que solo durante el primer trimestre de 2026 ya se habían exportado 5.9 mil. 

Entre 2022 y 2025, Nicaragua exportó más de 5,380 millones de dólares en oro, según los informes anuales del Banco Central de Nicaragua (BCN). Solo el año pasado las exportaciones auríferas alcanzaron 1,971 millones de dólares, más del doble de lo registrado en 2022. 

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Los principales destinos de este oro nicaragüense son Estados Unidos, Canadá, Suiza e Italia, todo ello a pesar de las sanciones internacionales y el aislamiento diplomático en el que se encuentra la dictadura Ortega Murillo. 

Diversas organizaciones como Fundación del Río o el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes han seguido la ruta del oro en Nicaragua y coinciden en que se ha convertido en un lucrativo negocio para el régimen, con un crecimiento exponencial en apenas cuatro años y con una voracidad ambiental que avanza como un cáncer en las montañas del país. 

¿Por qué el oro? 

Para entender cómo funciona el negocio del oro de los Ortega Murillo, primero hay que explicar cómo funciona la compleja operación del lavado de dinero y por qué el oro es clave en las transacciones de los grupos de crimen organizado. 

“El oro tiene un valor comercial y es parte del Sistema Financiero mundial. Los bancos centrales de casi todos los países del mundo lo usan como reserva para respaldar su moneda. También funciona como un valor refugio que en tiempos de crisis puede mantener su valor y en algunos casos hasta aumentarlo”, detalla un especialista financiero que solicita no ser mencionado. 

En América Latina el oro es utilizado para blanquear dinero que viene de actividades ilícitas como el narcotráfico. 

A principios del siglo XX, en Estados Unidos hubo una la ley seca que prohibió por tres años la fabricación y venta de bebidas alcohólicas en ese país. Entonces, el alcohol empezó a ser vendido por grupos de contrabandistas que después necesitaban legalizar el dinero que les generaba. El famoso mafioso Al Capone fue uno de los que implementó un sistema que pronto se popularizó en todo el mundo. 

Capone tenía una cadena de lavanderías en donde se ejecutaron los tres principales pasos para lo que luego conoceríamos como el lavado de dinero. Primero, la colocación. Con el dinero ilegal se abre una empresa fachada y a través de ella o de testaferros, se introduce el dinero en el Sistema Financiero. 

El segundo paso es la estratificación. Se van haciendo depósitos graduales en las cuentas del negocio y para evitar sospechas y evadir impuestos, se hacen inversiones, transferencias, compras de más propiedades y artículos de lujo. “Lo que buscan es separar al máximo el dinero de su origen ilícito”, explica el experto financiero. Entre más operaciones mejor. 

El tercer paso es la integración. El dinero que ya aparenta ser limpio en el Sistema Financiero lo usan para compras personales o inversiones en negocios, fundaciones y más empresas fachadas para lavar más dinero. Sin embargo, todo esto va dejando rastros como recibos, libros contables o las mismas personas involucradas en las operaciones. 

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“Pare reducir esos riesgos es que aparece el oro, porque su composición lo hace muy difícil de rastrear a diferencia de otras piedras preciosas como diamantes, joyas o cosas así”, explica. 

El mercado del oro está muy poco regulado. “Se puede adquirir oro con dinero en efectivo y con distintas fuentes. Esto permite cierto anonimato”, indica. 

Difícil de rastrear 

El oro es maleable, es decir, basta con fundirlo para convertirlo en un artículo diferente. Puede pasar de un adorno, a un lingote, a un arma, a un reloj, a un lingote otra vez y así se va perdiendo cada vez más la huella y se complica más su rastreo. 

No tiene un número de serie; puede mezclarse con oro de otros orígenes y una vez refinado es difícil identificar de qué mina provino. 

Otra ventaja que le da a los criminales es que el oro se puede almacenar en un banco y con el tiempo generar ganancias. En 2025, en el mercado internacional, un lingote de oro que contiene 400 onzas podía encontrarse hasta 1,700 dólares. 

En las últimas décadas los narcotraficantes han instalado mineras ilegales en territorios ricos en oro en varios países. Sucede en Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, sobre todo en la Amazonía. Así obtienen el oro sin intermediarios y sin necesidad de comprarlo a terceros. 

Por todas esas ventajas, el oro es atractivos para los criminales, capos y narcotraficantes. Ahora lo es también para los Ortega Murillo. 

La misma Unidad de Análisis Financiero (UAF) del régimen advirtió en 2021 en un informe que “se puede considerar que el riesgo de LA/FT (Lavado de activos y financiamiento al terrorismo) es latente por la escaza regulación y las grandes cantidades monetarias que genera esta actividad” en Nicaragua. 

“Es importante prestar atención a la predominancia del ‘uso del efectivo’ como principal medio de pago en este subsector, debido a que la utilización de este por parte de sus clientes dificultaría el rastreo de sus orígenes. En este sentido, al no poder determinar su origen y procedencia permitiría a las personas dedicadas a actividades ilícitas, poder ingresar sus fondos al Sistema Financiero Nacional”, señaló la UAF. Es decir, el mismo régimen reconoce que el oro es propicio para blanquear activos. 

La ruta del oro 

La operación no es sencilla. De hecho, el Departamento del Tesoro reconoce que una “compleja red”, pero en términos generales funciona de la siguiente manera. 

Los mineros artesanales extraen la broza con oro de la tierra y la venden a las empresas chinas para que estas lo industrialicen y exporten. Desde aquí la operación ya es ilegal porque la minería artesanal no está regulada. Los güiriseros no pagan impuestos; no tienen permisos; no hay aseguramiento de los trabajadores; no tienen concesiones mineras definidas; los residuos los tiran a los ríos y nadie los regula. 

De acuerdo con Fundación del Río, las empresas chinas no solo extraen oro que también le compran de manera ilegal otros minerales a estos güiriseros como cobre, cobalto, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. 

En 2021 el régimen granjeó la ruta del oro al permitir la entrega de avales para la comercialización de la minería artesanal a la minería industrial. “Eso es un ejemplo de un proceso de blanqueo. Con ese aval, lo blanqueó para que una actividad ilegal de comercialización pase a los sistemas financieros nacionales. Cualquiera puede vender ese oro ilegal con un aval del régimen”, explica Ruiz. 

Luego, las empresas industriales, con mayor capacidad, extraen el oro de la broza y pagan una pequeña parte a los güiriseros. Este método es más barato para ellos, explica Amaru Ruiz, porque no incurren en gastos de producción, en maquinaria, mantenimiento y más. Y si ocurre un accidente en la mina, ellos no se hacen responsables porque los güiriseros en teoría no son trabajadores de la empresa. 

Una vez extraído el oro en los planteles industriales, estos trabajan con empresas de exportación que se encargan de la transacción. Solo se fijan que el oro cumpla con los requerimientos. “Lo único que constatan es quién es el dueño, quién manda esa mercancía”, detalla Ruiz. Y si se ponen más rigurosos, estos muestran el aval que entrega el régimen. Con eso ya se encargan de que el material llegue a las refinerías en Estados Unidos y otros países, y de recepcionar el pago. 

Ya aquí es donde se pierde el rastro. Las ganancias que deja el oro y la minería artesanal aún no son reportadas en su totalidad por el régimen, lo cual crea una nebulosa alrededor de esto. 

“Mientras la actividad de minería artesanal no esté regulada y en muchos de los casos sea ilegal, eso va a permitir que se siga metiendo material a los sectores industriales de dudosa procedencia”, insiste Ruiz. 

En toda esta operación surge la duda de cómo es posible que este oro ilegal sea exportado a países como Estados Unidos. La respuesta es que la red que ha creado el régimen permite que no haya trazabilidad del oro, es decir, no hay un registro documentado que permita rastrear el recorrido del metal desde su extracción en las minas hasta su producto final. 

Enrique Sáenz señala que eso también permite al régimen evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a diversas empresas chinas de este sector. “Las sanciones no han escarbado en la ruta del dinero o la ruta del oro”, detalla. 

En términos sencillos, las sanciones son como el boxeador que golpea en el hígado a su contrincante y este se refugia entre las cuerdas, pero el que va ganando no lo remata y más bien lo deja recuperarse. “Ya pasó con el combustible, con Bancorp y con otros”, señala Sáenz. 

Algunas autoridades estadounidenses han criticado que por un lado se sancione a las mineras en Nicaragua, pero por otro se les oxigene comprándoles oro. En mayo de este año, los senadores demócratas Ron Wyden, de Oregon, y Elizabeth Ann Warren, de Massachusetts, le exigieron al Departamento del Tesoro que deje de comprar oro procedente de Nicaragua, Colombia y Venezuela, cuya producción esté vinculada a organizaciones criminales y dictaduras. 

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Según una carta enviada por los señadores, el Departamento del Tesoro compra oro a través de la Casa de la Moneda, que es la dependencia encargada de fabricar las monedas en Estados Unidos. 

“En Nicaragua, país del que, según se informa, la Casa de la Moneda también ha adquirido oro, los beneficios derivados de la minería aurífera constituyen una de las principales fuentes de financiación de la represiva dictadura de Murillo-Ortega», señalaron los senadores. 

Bandeja de oro para los chinos 

Desde el año 2022, hasta junio de 2026, se han otorgado hasta 2,417,002 hectáreas, equivalentes al 20.3 por ciento de la superficie terrestre de Nicaragua. Esta es una extensión superior al territorio completo de El Salvador, según un estudio hecho por las asociaciones Investigación UR-Gente, el grupo Wankgi y el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA). 

Hasta el 9 de junio de 2026, Nicaragua ha entregado a la minería más de una quinta parte del territorio nacional. Estas alcanzan territorios indígenas, áreas protegidas e incluso presenta casos de concesiones superpuestas otorgadas a diferentes empresas sobre una misma zona. 

La actividad minera moderna en Nicaragua comenzó a expandirse tras la privatización de empresas estatales durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, explica el informe, pero el auge tanto de concesiones como de extracción de oro se ha dado a partir de 2022. 

De las 212 concesiones mineras que están activas en el país, 112 fueron otorgadas a partir del año 2022. La mayoría de estas concesiones fueron otorgadas a empresas chinas que cuentan con 1.27 millones de hectáreas entregadas para ser explotadas. 

Esto coincide con la modificación de varias leyes y normas que hizo el régimen para allanar el camino a las empresas chinas. El régimen modificó primero la ley especial sobre exploración y explotación de minas para que la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) sorteara las sanciones impuestas por Estados Unidos y pudiera seguir entregando concesiones. 

Luego, a través de un decreto legislativo en 2024 Ortega le quitó a las alcaldías la facultad de emitir dictámenes ambientales sobre concesiones mineras y después eliminó los estudios de impacto ambiental. Para rematar, en mayo de 2025, el régimen legalizó las concesiones chinas que ya habían sido otorgadas en zonas fronterizas. 

En agosto de 2025, una reforma a la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible permitió entregar concesiones mineras dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. En esa zona se ubica un lote llamado La Guinea, a tan solo 300 metros de la frontera con Costa Rica. 

Fundación del Río ha denunciado que en esa zona opera una planta de procesamiento de oro extraído de manera ilegal desde Crucitas y Conchudita, en territorio costarricense. 

Güiriseros nicaragüenses están entrando a territorio costarricense para extraer oro y luego lo venden a Thomas Metal Sociedad Anónima, la cual tiene concesionado el territorio de La Guinea y es una de las tantas empresas sancionadas por Estados Unidos. 

“Es una empresa aurífera nicaragüense a la que el régimen de Murillo-Ortega le ha otorgado decenas de miles de acres en concesiones mineras”, señaló el Departamento del Tesoro en abril de 2026. 

Lo que hacen en Crucitas y Conchudita ha sido denunciado por Costa Rica como un robo de su oro por parte de los güiriseros nicaragüenses que lo tipifican como “crimen organizado” ya que operan con “lógica militar”. Este oro extraído de territorio costarricense termina siendo exportado como oro nicaragüense, detalla Fundación del Río. 

De las 15 mineras chinas que operan en Nicaragua, la más importante es precisamente Thomas Metal. Tiene 228,272. hectáreas concesionadas, la mayor extensión otorgada a una sola empresa asiática. 

Además, las empresas chinas han sido cómplices en la confiscación a empresas extranjeras que operan en Nicaragua. En septiembre de 2025, la Procuraduría General de Justicia confiscó el plantel de procesamiento minero de BHMB Mining, una empresa de capital estadounidense y británico, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares. 

El plantel fue transferido a Zhong Fu Development y Santa Rita Mining Company SA, dos empresas mineras chinas que operan en el país. Después de eso, ambas empresas fueron sancionadas por Estados Unidos. 

“Planes ilícitos” de los Ortega Murillo 

Para el Departamento del Tesoro, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene “planes ilícitos de oro y nepotismo” y por ello ha colocado a miembros de la familia en puestos claves que le permitan controlar sectores cruciales de la economía del país. 

“Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas y testaferros diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio. Este esquema corrupto, controlado por el gobierno, es administrado por dos personas sancionadas por Estados Unidos: Laureano (Ortega) y Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas de Nicaragua”, detalla el Departamento del Tesoro. 

Gracias a esa red, los miembros de la dictadura se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, “debido al papel preponderante que desempeña la empresa minera estatal nicaragüense Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), en la canalización de beneficios a socios del sector privado y el pago de sobornos a personas cercanas al régimen. El régimen de Murillo-Ortega faculta a Eniminas para decidir qué empresas utilizará para la explotación de las reservas de oro y minerales”, detalla. 

Además del papel que desarrolla Eniminas, hay otras compañías que son “cómplices” de la extracción de oro y que son administradas por testaferros. El Departamento del Tesoro menciona a la Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA) la cual vende oro a granel en Estados Unidos y sus ganancias habrían permitido el financiamiento de paramilitares. 

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“Las ganancias de la venta del oro se han transferido electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua, que posiblemente se haya utilizado para equipar, entrenar y pagar los salarios de los grupos paramilitares nicaragüenses subordinados al gobierno”, indica Estados Unidos. 

Otra empresa es Grupo Minero Xiloa SA (Grumixsa) la cual compra oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta a través de una red de empresas nicaragüenses aliadas, “utilizando el Sistema Financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos. Estos recursos se utilizan posteriormente para financiar las operaciones represivas del régimen y mantener la maquinaria política que garantiza su control del poder”. 

Según Estados Unidos, Grumixsa también ha permitido a otras empresas y funcionarios de Eniminas, Caruna o Albanisa evadir sanciones de ese país.