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Las sanciones que Estados Unidos impuso recientemente a los hijos de la pareja dictatorial Maurice y Edmundo Ortega Murillo, además de funcionarios del régimen y empresas mineras, están diseñadas para golpear el entramado económico que ayuda a sostener a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, valoran analistas.
Esa misma estrategia se desprende de las comunicaciones que ha hecho el Departamento del Tesoro, que ha indicado que existe “una compleja red de empresas y testaferros diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”.
Esta red corrupta se creó en 2020, según el Tesoro, y es administrada por Laureano Ortega Murillo y Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas de Nicaragua. Ambos ya han sido sancionados por Estados Unidos.
Las sanciones de la Administración Trump alcanzaron al Grupo Minero Xiloá (Grumixsa), eje del negocio de la familia dictatorial en la industria del oro. Esta es una empresa cuya existencia fue revelada en investigaciones del Diario LA PRENSA.
Otros sancionados
El 18 de abril de 2026, el Departamento de Estado sancionó al viceministro del Interior Luis Cañas Novoa, el responsable de expulsar y negarle la entrada al país a miles de nicaragüenses. Estados Unidos lo designó bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado y Programas Relacionados “por su participación en graves violaciones de los derechos humanos”.
Días antes, Estados Unidos anunció sanciones en contra de los hijos de la pareja dictatorial Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo y 7 empresas mineras y testaferros que son parte del negocio del oro de la familia dictatorial.
En el caso de Cañas, él es una ficha clave del aparato represor. Desde antes de 2018, a él se le dirigían cartas para que liberaran a los reos que ya habían cumplido sus condenas y que él no autorizaba que salieran del Sistema Penitenciario, relata Salvador Marenco, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Además, Cañas ha colaborado en el desmantelamiento de oenegés y ha sido el encargado de desterrar a cientos de nicaragüenses. “Tenemos testimonios en donde Luis Cañas ha amenazado de forma directa a familiares de personas presas políticas con desterrarlos”, relata Marenco.
Sanciones diferentes
El tipo de sanción impuesta a Cañas por el secretario de Estado, Marco Rubio, es una normativa que restringe el ingreso a Estados Unidos de funcionarios de otros gobiernos vinculados a actos de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, las sanciones impuestas por el Tesoro a los otros hijos de Ortega y Murillo, Maurice y Edmundo, al viceministro del Energía y Minas Santiago Bermúdez, y siete empresas del sector minero, se tomó en virtud de la Orden Ejecutiva 13851, la cual congela activos que los sancionados tengan en Estados Unidos y no permite que ciudadanos o empresas de ese país hagan negocios con ellos. Además se les declara muerte financiera, es decir no pueden gozar de los servicios financieros que vinculen al entramado financiero global, como el uso de tarjetas de créditos, entre otros.
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La Orden Ejecutiva 13851 “es más fuerte que la sanción de la Ley de Seguridad Nacional”, advierte un analista político que solicita no ser citado. “Pero ambas son igual de importantes porque ponen en la mira a los funcionarios corruptos y no descartemos que vengan más sancionados en los próximos días”.
“Recordemos que Estados Unidos también tiene otras herramientas para sancionar a los funcionarios del régimen. Está la Ley Global Magnitsky, la Nica Act, y ni hablemos de la posible expulsión de Nicaragua del Cafta que aún no se ha hecho, pero lo podrían hacer”, detalla.
Sanciones selectivas
La especialista en relaciones internacionales, Alexa Zamora, resalta que el hecho de que estas sanciones se hayan anunciado en vísperas de la conmemoración de los ocho años del estallido social contra la dictadura Ortega Murilo “es un mensaje político de que Nicaragua continúa en la agenda de Estados Unidos”.
Además, Zamora valora que “las sanciones selectivas en contra de funcionarios particulares debilitan la capacidad que tiene el régimen para maniobrar a nivel económico. Las sanciones selectivas, y en particular contra los hijos, están orientadas a evitar que la permanencia en el poder de los operadores políticos y el círculo cercano de los Ortega Murillo sea una fuente de enriquecimiento ilícito y limita la capacidad de la utilización de los recursos para seguir ejerciendo represión”.
¿Qué es la Orden Ejecutiva 13851?
En noviembre de 2018, cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo ya habían desatado la represión en Nicaragua y Donald Trump ejercía su primer mandato, el presidente estadounidense firmó esta orden para sancionar a funcionarios del régimen que participaron en violaciones a derechos humanos.
Entre los primeros sancionados estuvo Rosario Murillo, el 27 de noviembre de 2018, además del asesor en seguridad, Néstor Moncada Lau.
Esta misma orden fue retomada por la administración de Joe Biden que incluso amplió el rango en octubre de 2022 para sancionar a representantes y entidades de los sectores de la economía nicaragüense. Ahora que Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos, la Orden Ejecutiva se sigue aplicando contra funcionarios del régimen.
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Antes de la enmienda de Biden, la orden establecía los siguientes motivos para sancionar a funcionarios nicaragüenses:
1) Ser responsables o cómplices, o que hayan participado o intentado participar directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua.
2) Acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua.
3) Acciones o políticas que atenten contra la paz, la seguridad o la estabilidad de Nicaragua.
4) Cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción.
5) Ser funcionario o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua a partir del 10 de enero de 2007.
Nuevos motivos de sanciones
Después de la enmienda de Biden, ahora también se pueden sancionar a los funcionarios o entidades del régimen por los siguientes motivos:
1) Los responsables o cómplices del arresto o enjuiciamiento de una persona, incluido un individuo o un medio de comunicación que difunda información al público, principalmente debido al ejercicio por parte de esa persona de la libertad de expresión, incluidos los miembros de la prensa o de reunión.
2) Ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados de conformidad con esta orden.
3) Operar o haber operado en el sector aurífero (oro) de la economía nicaragüense o en cualquier otro sector de la economía nicaragüense que determine el secretario de Hacienda, en consulta con el secretario de Estado.
Gracias a esa enmienda de Biden es que las sanciones de la administración Trump alcanzó a siete empresas mineras vinculadas al régimen Ortega Murillo. Estas empresas son:
Las empresas sancionadas
Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA), que según Estados Unidos “ha recolectado oro sin refinar en seis lugares diferentes de Nicaragua para fundirlo en su sede en Managua. Las ganancias de la venta del oro se han transferido electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua, que posiblemente se haya utilizado para equipar, entrenar y pagar los salarios de los grupos paramilitares nicaragüenses subordinados al gobierno”.
Grupo Minero Xiloa S, A, señalada de comprar “oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta a través de una red de empresas nicaragüenses aliadas, utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos. Estos recursos se utilizan posteriormente para financiar las operaciones represivas del régimen y mantener la maquinaria política que garantiza su control del poder. Varios exfuncionarios de entidades sancionadas por Estados Unidos, como ENIMINAS, Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna) y Alba de Nicaragua (Albanisa), participan ahora en Minero”.
Thomas Metal S, A, “una empresa aurífera nicaragüense a la que el régimen de Murillo-Ortega le ha otorgado decenas de miles de acres en concesiones mineras”.
Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S, A, ”una empresa aurífera nicaragüense a la que el régimen de Murillo-Ortega le ha otorgado decenas de miles de acres en concesiones mineras. Se ha identificado que Xinxin envió más de 25 millones de dólares en oro a Estados Unidos entre principios y mediados de 2025.
Brother Metal S, A, una empresa a la que el régimen “le ha otorgado decenas de miles de acres en concesiones mineras, a pesar de tener poca o ninguna experiencia en la exploración de oro en Nicaragua”.
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Efectos de la confiscación
Por otro lado, Estados Unidos también sancionó a dos empresas vinculadas a la confiscación de una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua, que es una empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión extranjera de una compañía estadounidense.
“Según informes públicos, los individuos irrumpieron en las instalaciones de BHMB, expulsaron al personal de seguridad y tomaron el control físico de la propiedad. Al parecer, BHMB no ha recibido ninguna compensación por la incautación de su propiedad, y el Gobierno de Nicaragua revocó formalmente su licencia de operación hace poco tiempo”, detalló el Tesoro. Por este caso ocurrido en 2025 sancionó a estas empresas:
Zhong Fu Development S, A, una empresa nicaragüense de oro cuyo presidente y representante legal, Feiwu Bian, “fue identificado como una de las personas involucradas en la ocupación de la planta de BHMB. Aníbal Vladimir Matus Buitrago (Buitrago), representante legal de Zhong Fu, también fue identificado como una de las personas involucradas en la ocupación de la planta de BHMB”
Santa Rita Mining Company S, A, otra empresa que también “figura entre las compañías vinculadas al régimen de Murillo-Ortega que participaron en la toma forzosa de la planta de procesamiento de oro de BHMB”.
¿Qué alcance tienen las sanciones?
La Orden Ejecutiva 13851 establece las siguientes prohibiciones para quienes sean sancionados.
1) La realización de donaciones por, para o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados.
2) La realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados.
3) La recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
4) Cualquier transacción que eluda o evite, o tenga el propósito de eludir o evitar, provoque una violación o intente violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden.
5) Cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden.
6) La importación a los Estados Unidos de cualquier producto de origen nicaragüense según lo determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado y el Secretario de Comercio.
7) La exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, desde los Estados Unidos, o por una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre, de cualquier artículo que determine el Secretario de Comercio, en consulta con el Secretario de Estado y el Secretario de Hacienda, a cualquier persona radicada en Nicaragua.
8) Nuevas inversiones en cualquier sector de la economía nicaragüense según lo determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, por una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre.
9) Cualquier aprobación, financiamiento, facilitación o garantía por parte de una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre.
EE.UU. busca desmantelar red corrupta del régimen
Para Estados Unidos, el negocio del oro “ayuda a la dictadura de Murillo Ortega a generar dinero y mantener el control político en Nicaragua” y por ello “ha mantenido una presión diplomática y económica constante sobre el gobierno nicaragüense para que implemente reformas, pero se ha encontrado con una intransigencia persistente y nuevos intentos de reprimir los derechos de su pueblo”, indicó el Departamento del Tesoro recientemente.
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Además, expuso que Nicaragua es “una dinastía familiar” y que las reformas constitucionales que convirtieron a Rosario Murillo en copresidenta “aseguraron la continuidad en el poder, institucionalizando un estado totalitario y, en última instancia, sometiendo al pueblo nicaragüense a la pareja dictatorial. La dictadura ha transformado el Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No solo Murillo ejerce más poder ahora, sino también sus hijos adultos”.
Golpe al entramado económico
A criterio de Alexa Zamora, esto significa que Estados Unidos tiene la mira puesta en los funcionarios señalados de cometer crímenes de lesa humanidad y en los operadores necesarios, pero también en los actores claves que permiten la sustentabilidad económica de la dictadura.
“Esto es parte de la estrategia de Estados Unidos para evitar que estos funcionarios sigan utilizando el sistema económico como herramienta para sostener al régimen”, valora Zamora.
Por su parte, Salvador Marenco indica que las acusaciones de Estados Unidos evidencian que en Nicaragua “la corrupción se ha institucionalizado y esta corrupción es la que fortalece el sistema de represión y se ayuda del enriquecimiento ilícito para seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos”.
El analista que solicita anonimato valora que Estados Unidos busca debilitar al régimen por la vía económica y obligarlos a una negociación política. “La administración sabe que el negocio del oro representa un fuerte sostén económico para los Ortega Murillo. Lo que quiere es cerrar esa fuente de ingresos con estas sanciones”, sostiene.
