Murillo busca imponer olvido para perpetuar abusos, advierten abogados de DD. HH.

Desde junio, Murillo anunció una serie de actividades conmemorativas previas al 19 de julio. La primera fue el Repliegue a El Vapor el 20 de junio. Simpatizantes sandinistas iniciaron una caminata desde el barrio San Judas, en Managua, hasta la Hacienda El Vapor (conocida como Hacienda Miraflores), ubicada en la zona de El Crucero. Esto para conmemorar la táctica militar y de supervivencia ocurrida el 16 de junio de 1979, cuando cientos de combatientes del FSLN y pobladores de ese barrio se resguardaron en el lugar para evadir los bombardeos de la Guardia Nacional somocista y reorganizarse.

Luego siguió el Repliegue Táctico el 27 de junio. Con ello, la dictadura busca mantener viva en la memoria de los nicaragüenses la caminata que 6,000 guerrilleros sandinistas y población civil de los barrios orientales de Managua realizaron en silencio el mismo día de 1979 hacia Masaya para reorganizarse, salvaguardar sus vidas y preparar la ofensiva final que culminó con la Revolución del 19 de julio.

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“33 Monumentos que estamos remozando para conmemorar en grande, siempre con el corazón lleno de reconocimiento a nuestros héroes y mártires, el 47/19”, dijo Murillo el 7 de julio pasado en su alocución ante los medios oficialistas.

La represión de 2018

Las actividades anunciadas por el régimen contrastan con hechos históricos más recientes como los de 2018. En abril de ese año, quienes una vez participaron en el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle se convirtieron en los verdugos del pueblo.

Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron reprimir las protestas antigubernamentales que iniciaron el 18 de abril de 2018. Con el paso de los días, la violencia del Estado se recrudeció.

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Julio es el mes de la Revolución Popular Sandinista, pero también uno de los más sangrientos en la historia reciente del país. Ese mismo mes, pero en 2018, ocurría la conocida “Operación Limpieza”, con la que policías y paramilitares —estos últimos grupos formados por exmilitares y “voluntarios”— desmantelaron a punta de balas los tranques y barricadas que los manifestantes habían levantado como forma de protesta y protección. La orden de los Ortega Murillo fue “vamos con todo”.

Esa operación la realizaron entre junio y agosto de 2018. El resultado fue 145 muertos, según la OEA, aunque otros organismos elevan la cifra a 200. El operativo se extendió a todo el país, pero los epicentros más violentos tuvieron lugar en Carazo el 8 de julio, el de la iglesia Divina Misericordia el 13 de julio en Managua, en Masaya el 17 de julio y seis días después en Jinotega.

“Utilizaron centenares y miles de personas armadas, civiles, con armas de guerra, los paramilitares que fue el tercer cuerpo armado creado”, cuenta a LA PRENSA el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Carrión vivió la Revolución Sandinista de 1979 y también la brutal represión de 2018. Conoce bien los dos momentos.

Murillo busca borrar lo que significó abril de 2018

El defensor dice que la dictadura pretende “borrar lo que fue abril” de 2018 y los meses siguientes. Fueron una “verdadera ejecución contra la vida, detenciones arbitrarias masivas y desapariciones”. Sostiene que cada vez que los Ortega Murillo hablan “más bien se encargan de reafirmar de qué lado está la razón y que la memoria no se olvida”.

En esto coincide con víctimas directas de Carazo y Masaya, como Dulce Porras y Yubrank Suazo, quienes ofrecieron sus puntos de vista en declaraciones a LA PRENSA. La reacción inmediata del orteguismo no se hizo esperar. El aparato de propaganda publicó una galería de fotos bajo el título «octavo aniversario de la liberación de los tranques de la muerte en Carazo«.

En la imagen, fanáticos sandinistas recorrieron las calles cargando los retratos de las víctimas del FSLN durante el operativo de represión que dejó al menos 24 muertos en Carazo. Con esto, no solo recetaron olvido a las víctimas del ataque del Estado, sino que los ubican como villanos de la historia.

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“Julio Victorioso”, como ha llamado Rosario Murillo a la campaña en la que promueve miles de actividades conmemorativas previas al 19 de julio en todo el país, es “una disputa por la memoria como herramienta de poder”, explica el abogado Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH).

“Este personaje (Rosario Murillo) ha desarrollado una política sistemática de control simbólico y narrativo sobre la historia nacional. Esta política no es accidental: forma parte de un proyecto político que busca legitimar el poder actual, consolidar una identidad oficial y neutralizar cualquier memoria que cuestione la autoridad del régimen”, expone el defensor de derechos humanos.

Según Cuevas, la narrativa promovida por Murillo se caracteriza por exaltar únicamente los héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista como símbolos eternos y, por otro lado, “eliminar, distorsionar o criminalizar hechos contemporáneos que contradicen esa narrativa, especialmente, las protestas de abril de 2018”. Para el abogado, la codictadora intenta imponer una memoria selectiva donde solo sobreviven los elementos que fortalecen su proyecto político.

Una revolución que ya no existe

Sin embargo, pese a los intentos de Murillo por mantener el control del país, el respaldo popular ha mermado “porque han perdido la legitimidad”, afirma Gonzalo Carrión. El defensor sostiene que, durante las celebraciones previas y centrales del 19 de julio, lo que prima es “derroche” y “ensalce” a los codictadores como “los máximos y endiosados líderes de una revolución que hace rato ya no existe”.

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Antes de 2018, la celebración principal del 19 de julio se realizaba en la Plaza de la Fe. Hasta ahí llegaban centenares de partidarios procedentes de distintas zonas del país, pero en los últimos años eso cambió. Ahora el acto se realiza en espacios más pequeños, con una selección de los presentes para resguardar la seguridad de los dictadores.

Carrión señala a Ortega y Murillo como la “pareja responsable de la destrucción del orden jurídico constitucional” de Nicaragua. Dice que pese al “derroche de personalismo” y los grandes rótulos que han impuesto en distintas partes del país, “perdieron el arraigo popular porque hasta su propia gente los dejó de respaldar… no hay ninguna grandeza más allá de las palabras”, remata.

La estrategia de Murillo

Pablo Cuevas explica que la estrategia de Murillo para “imponer el olvido” combina elementos culturales, comunicacionales y represivos. Con los medios oficialistas busca crear una identidad emocional a través de un “lenguaje místico y repetitivo” sobre los símbolos, rituales y efemérides sandinistas. A esto se suma la censura y el silenciamiento con la prohibición de conmemoraciones de abril de 2018, así como las reformas educativas que omiten hechos recientes.

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El abogado también menciona que el hostigamiento constante a los familiares de las víctimas de 2018 y hasta las confiscaciones de archivos, universidades y centros culturales hace parte de la misma estrategia estatal. Recuerda lo que ocurrió con el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), que pasó a manos del régimen tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua en agosto de 2023, así como la hemeroteca del Diario LA PRENSA confiscado el 13 de agosto de 2021.

“La estrategia de Murillo genera efectos profundos, que incluyen la fragmentación de la identidad nacional… El olvido se convierte en un mecanismo para perpetuar abusos, lo que debilita la democracia”, concluye Cuevas.