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El oro que fluye desde las entrañas de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en mina Crucitas, se ha convertido en un río turbio de contaminación, ilegalidad, violencia y un poder político disfrazado con ropaje de güiriseros, como le dicen en Nicaragua a los mineros artesanales.
En medio de ese entramado, el ambientalista nicaragüense exiliado Amaru Ruiz asegura que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo es responsable de devastar ecosistemas dentro de su territorio, sino también de extender su influencia hacia el desastre social y ambiental de Crucitas, en la provincia costarricense de Alajuela, aprovechando los vacíos legales y de presencia institucional en esa zona profunda.
“Hay pistas claras de que la minería en Nicaragua, legal e ilegal, está conectada con el oro que sale de Crucitas”, afirmó Ruiz en esta entrevista con Revista Domingo de LA PRENSA.
Tras años de investigar el fenómeno desde Costa Rica, por su impacto ambiental en Nicaragua, Ruiz ha descubierto incontables señales y evidencias de que un “poder político y económico” gigante maneja los hilos del negocio del oro en la zona.
“El régimen sandinista ha diseñado un marco legal que blanquea la entrada del oro extraído artesanalmente, incluso el que cruza la frontera desde Costa Rica. No hay trazabilidad del oro y cualquier cantidad ilegítimamente extraída puede ingresar al país y ser vendido, o lavado, como si proviniera de las minas autorizadas”, explica.
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Catástrofe ambiental
Mina Crucitas, un enclave selvático fronterizo con Nicaragua, se convirtió a finales de la década de 2000 en símbolo de las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental en Costa Rica.
Lo que comenzó como un proyecto minero concesionado a la empresa canadiense Infinito Gold terminó prohibido por los tribunales en 2011, por presiones de organizaciones ambientalistas y sectores sociales que se opusieron a la destrucción ambiental de la zona, hasta lograr el cierre de las operaciones.
Sin embargo, al retirarse los inversionistas, dejaron abiertas profundas heridas sociales en los pueblos que esperaban ser beneficiados con la explotación legal del oro; en pocos años, la zona se volvió un territorio permeado por la minería ilegal, según explica Pablo Rodríguez, regidor suplente independiente de la municipalidad de San Carlos.
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Desde entonces, miles de “coligalleros”, a como le dicen en Costa Rica a los mineros irregulares, en su mayoría nicaragüenses en condición migratoria irregular, cruzan la frontera para excavar material y extraer el oro con mercurio y cianuro, devastando bosques y ríos.
“El desastre de Crucitas no es solo local, es regional”, subraya Ruiz. “Lo que pasa ahí no se entiende sin el papel de Nicaragua, donde el oro circula como mercancía en un sistema controlado por el partido sandinista”.
La mano del régimen
Ruiz, director de la Fundación del Río y forzado al exilio por la persecución política en Nicaragua, sostiene que el gobierno de Ortega modificó en 2022 la Ley de Minería para “legalizar lo ilegal”.
“El régimen sabía que las grandes mineras industriales ya estaban comprando oro de origen artesanal, que en la práctica es oro ilegal. Para proteger a sus socios, reformaron la ley y permitieron esa entrada”, explica.
Según él, esa decisión abrió la puerta a la comercialización de material aurífero sin ningún control ambiental ni laboral.
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“No hay ley que regule la minería artesanal en Nicaragua. Lo que hicieron fue un remiendo jurídico para blanquear el oro. Pero la ilegalidad sigue siendo la misma: no paga impuestos, destruye el medioambiente y se sostiene con violaciones laborales”, agrega.
Ruiz sostiene que detrás de muchas concesiones mineras se esconden testaferros vinculados al Frente Sandinista: “Personas sin experiencia en minería, administradores de empresas fantasma, que sirven para encubrir a los verdaderos beneficiarios. Así funciona la cadena de control”.
El oro que cruza fronteras
El vínculo entre Nicaragua y Crucitas es más complejo de lo que parece a primera vista.
Las autoridades costarricenses, a través del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), aseguran que existe un flujo de oro en dos direcciones: parte de lo extraído en Costa Rica termina en Nicaragua, y parte del metal precioso nicaragüense se vende en suelo costarricense.
“Dependiendo de cómo se mueve el mercado, el oro extraído en Crucitas se vende en Abangares, en Costa Rica, o cruza el río San Juan para ser comercializado en Nicaragua”, afirmó a la prensa costarricense el pasado 15 de junio el diputado Diego Vargas, de la Comisión de Diputados de Alajuela que visitó Crucitas para elaborar un informe diagnóstico del problema.
La citada comisión analiza una propuesta gubernamental de autorizar al Estado la explotación de minerales en la zona, para evitar la extracción ilegal, controlar los daños ambientales y ejercer autoridad y seguridad en la región fronteriza.
“No hay manera de que esto se solucione si le dejamos el problema de Crucitas solo a la Fuerza Pública. El Estado debe responder por Costa Rica y retomar el control del territorio”, aconsejó Vargas entonces.
En Abangares, donde opera la única empresa costarricense autorizada para exportar, basta una declaración jurada del vendedor para certificar el origen del oro.
“Eso no garantiza nada”, advierte Ruiz. “Los mineros nos dicen que mezclan oro de mayor quilate, proveniente de Crucitas o de Nicaragua, con oro local de menor pureza para camuflarlo. Es un mecanismo clásico de lavado”.
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Capitales extranjeros y vuelos secretos
El ambientalista revela datos inquietantes: según un documento oficial de 2021 de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), parte del capital que financia la minería en Nicaragua proviene de Venezuela, China y Cuba.
“Eso nos voló la cabeza”, dice Ruiz. No hay empresas venezolanas oficialmente registradas en minería en Nicaragua, entonces, ¿por qué aparece capital venezolano? Eso confirma que se trata de un esquema regional de lavado y financiamiento político”, expresa.
Ruiz recuerda versiones periodísticas sobre vuelos de la aerolínea venezolana Conviasa que habrían transportado oro desde Managua, bajo resguardo de empresas de seguridad vinculadas a militares.
Ese oro, asegura, se procesaba en plantas nicaragüenses y luego se exportaba como si fuera de origen nacional.
“Las cifras oficiales no cuadran. Entre 2020 y 2023, hay una diferencia de casi el 30 % entre lo que el Banco Central de Nicaragua reporta en exportación de oro y la capacidad real de producción de las plantas mineras. Ese desfase solo puede explicarse por oro de origen ilícito”, denuncia Ruiz.
La UAF, en el informe citado por Ruiz, reconoció que la minería es un sector “altamente permeable” al lavado de activos y al financiamiento ilícito.
“Cuando es el propio Estado el que admite esos riesgos, queda claro que el sector está orquestado, promovido y controlado por el régimen para sus intereses”, denuncia Ruiz.
Ese control, añade, convierte a la minería en un engranaje más del modelo autoritario de Ortega y Murillo: “El oro sirve para financiarse, lavar capitales de otras industrias ilegales y sostener redes de poder dentro y fuera del país”.
Mercurio, cianuro y devastación ambiental
El impacto ambiental de este negocio es visible en Crucitas y en la ribera del San Juan.
Los mineros ilegales utilizan mercurio para amalgamar el oro, un método rudimentario y altamente tóxico. El mercurio contamina ríos, peces y comunidades enteras.
“En Crucitas lo que se decomisa ahora no es tanto material en bruto, sino tómbolas y plantas improvisadas de procesamiento. Se han incautado decenas y decenas de equipos valorados en hasta tres millones de colones cada uno, imposibles de costear para un minero artesanal. Eso confirma la entrada de capital ilícito en la actividad”, explica Rodríguez desde San Carlos.
Mientras en Nicaragua algunas operaciones industriales emplean cianuro en pilas de lixiviación (un sistema más eficiente, pero también peligroso), en Crucitas prevalecen los procesos rudimentarios.
“Los daños ambientales son irreversibles: deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación de acuíferos transfronterizos”.
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Cooperativas sandinistas
El ambientalista Amaru Ruiz también describe que en Nicaragua, el régimen ha organizado a los güiriseros en cooperativas de minería artesanal, estructuras que según él están bajo control político del Frente Sandinista.
“Todas las organizaciones, para operar, para existir, están afiliadas a las centrales sandinistas de trabajadores. Así el partido controla la base social y asegura que el negocio se mantenga bajo su órbita”, dice Ruiz.
El esquema, según explica, funciona en cadena: los mineros artesanales extraen el material en bruto, las plantas intermediarias procesan para extraer el oro y un pequeño grupo de empresas autorizadas compra el metal precioso y lo exporta.
“El verdadero corredor de oro está en las intermediarias, que no invierten en extracción, pero concentran las ganancias del negocio y cuentan con padrinos a altos niveles que les permiten negociar el oro con seguridad”, dice Ruiz.
Costa Rica: la otra cara del desastre
En Costa Rica, el fenómeno ha generado crisis sociales y políticas. Las comunidades cercanas a Crucitas enfrentan inseguridad, tráfico de personas y conflictos laborales, según confirmaron las autoridades locales a La Voz de Guanacaste.
En 2022, un reportaje de este medio, citando a autoridades oficiales costarricenses, reveló que transportistas llevaban oro desde la zona hasta el Aeropuerto Juan Santamaría y luego hacia Nicaragua.
“Algunos de esos traslados estaban vinculados a venezolanos”, recuerda Rodríguez, aludiendo a testimonios e investigaciones policiales que refuerzan la sospecha de una conexión regional Costa Rica-Nicaragua-Venezuela.
La Fuerza Pública costarricense ha intensificado los operativos, pero el flujo persiste en el juego del “pisa-y-corre”.
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El desgaste es evidente. Los coligalleros huyen al escuchar los vehículos todoterreno de la Fuerza Pública, los helicópteros de observación o los motores de las patrullas que recorren los ríos en los frecuentes operativos.
Los mineros irregulares se internan en la montaña y regresan días después, retomando la extracción como si nada hubiera ocurrido.
Los policías hablan de una “capacidad inagotable” de reposición de equipos e insumos. “Los policías decomisan cinco tómbolas hoy y mañana ya hay otras cinco de nuevo”, dijo a la comisión legislativa costarricense el diputado Vargas, tras su visita en junio pasado a la zona.
Cada tómbola, ubicada para mezclar los químicos que separan el oro del material, cuesta entre 6,000 y 8,000 dólares.
Violencia y armas
A esa tensión se suma la violencia y los riesgos de muerte por accidentes. La Fuerza Pública, oficialmente, ha denunciado la existencia de redes del crimen organizado en el comercio ilegal de oro y ha decomisado armas de calibre pesado, dólares, drogas, mapas y equipos de comunicación, así como millones de colones y miles de dólares en poder de los coligalleros.
En 2023 y 2024 reportaron incidentes de disparos contra la fuerza policial desde Crucitas y amenazas de muerte a las autoridades que denuncian la extracción ilegal de oro.
Y desde ya hace más de una década, han sido comunes las llamadas de emergencia reportando mineros atrapados en túneles y cuevas selladas por derrumbes e inundaciones.
Solo este año se han reportado tres muertes de mineros asfixiados o sepultados; otros han sido hallados sin vida tras riñas internas, con heridas de arma blanca o de fuego.
Varias veces, según los reportes de OIJ, los cuerpos fueron arrastrados hacia territorio nicaragüense para borrar rastros. En incidentes armados al otro lado del río San Juan también se han reportado muertos, testimonio del carácter transfronterizo del negocio.
Por esta razón, el Concejo Municipal de San Carlos aprobó el 1 de septiembre una moción solicitando declarar Estado de Emergencia por un plazo de 12 meses en los distritos de Cutris y Pocosol, colindantes con Nicaragua.
La iniciativa, presentada el 25 de agosto por Juan Pablo Rodríguez, regidor suplente independiente de la Municipalidad de San Carlos, plantea un despliegue de fuerzas de seguridad costarricenses en la zona fronteriza y la atención de instituciones estatales.
Una bomba de tiempo regional
El caso de Crucitas muestra hasta qué punto la frontera entre Nicaragua y Costa Rica es porosa, no solo para las personas migrantes, sino también para el oro y los capitales ilícitos.
“El desastre de Crucitas no puede analizarse solo como un problema costarricense. Es el resultado de un sistema binacional de minería ilegal, alimentado y legitimado desde Nicaragua”, concluye Ruiz.
Para él, el reto no es únicamente ambiental, sino político y ahora, internacional: “Estamos frente a un fenómeno de corrupción transnacional, con impactos en derechos humanos, crimen organizado y gobernanza democrática”.
“Lo que vemos en Crucitas es la prueba de cómo el régimen nicaragüense ha convertido la minería en un negocio de partido. El medioambiente está pagando el precio de esa impunidad”, sentencia.
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Tierra de nadie
Crucitas se ha vuelto un grave problema ambiental, social y de seguridad para Costa Rica.
En el terreno, la Fuerza Pública habla de miles de mineros ilegales en los años más críticos y de un flujo cambiante que, pese a los despliegues policiales, no desaparece. “En algún momento se tuvo hasta 4,000 personas en condición de coligalleros o extractores ilegales”, reconoció el ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Actualmente, aunque la presión estatal y la presencia policial es mayor, la actividad mutó “de miles asentados a decenas que ‘entran y salen’” cada día, lo que obliga a operativos permanentes, resume un balance oficial de agosto pasado.
En 2024 y 2025, el Ministerio de Seguridad ha informado de redadas, aprehensiones y decomisos de equipo, material aurífero y químicos en la zona y alrededores, con reportes públicos de capturas puntuales, desde grupos de cinco hasta una veintena de coligalleros y de incautaciones de decenas de toneladas de insumos.
La ruta comercial del oro extraído ilegalmente también quedó al desnudo y las ganancias dan una idea de la riqueza en juego.
Una investigación conjunta de La Voz de Guanacaste y el programa Interferencia (Radio UCR) documentó que entre 2017 y mayo de 2024 salieron de Costa Rica 7,600 kilos de oro por un valor declarado de 152 millones de dólares, con un régimen tributario que dejó la recaudación en casi cero y con pistas de “blanqueo”.
Invasión de cianuro
Otro hallazgo que también da señales del desastre ambiental es el contrabando de cianuro, químico clave para lixiviar oro, se disparó.
Mientras que entre 2017 y 2023 la policía decomisó 10,145 kilos (promedio 1,428 kg anuales), en 2024 las incautaciones sumaron más de 18,000 kilos, un salto del 2,500 % en ritmo semestral, indicador de una cadena industrial oculta que abastece tanto a Crucitas como a operaciones del otro lado del río San Juan.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ha elevado informes sobre deforestación, túneles, pozos y contaminación con mercurio, confirmando una “estela de destrucción incalculable” en Crucitas.
Esos reportes han llegado como causas penales hasta el Ministerio Público costarricense, que ha recibido denuncias y actualizaciones sobre nuevos daños ambientales en Cutris de San Carlos, con más de 200 personas detenidas en los operativos de este año.
Las alcaldías de la zona, en especial San Carlos, alertan de oleadas de ingreso irregular alimentadas por decisiones mineras del lado nicaragüense y piden más recursos.
El “Cártel de los Soles”
En el plano de seguridad, el ministro Mario Zamora no descarta la influencia del Cártel de los Soles, la red criminal vinculada a altos mandos del régimen de Nicolás Maduro, en la extracción ilegal de oro en Crucitas.
“Oscuros intereses están detrás de la minería ilegal; ya no son solo coligalleros artesanales”, advirtió en septiembre pasado en mensajes y comparecencias públicas, donde pidió aprobar reformas para recuperar el control territorial.
Zamora sostiene que información de inteligencia internacional conecta estructuras venezolanas con el financiamiento de equipos, comunicaciones y redes logísticas en la frontera norte.
El señalamiento se alinea con el discurso de la Fiscalía Ambiental de San Carlos, sobre la presencia de “figuras” o “patrocinadores” detrás de la minería ilegal del oro y con la detección de personajes con antecedentes de criminalidad organizada y legitimación de capitales en el país.
Para la Fuerza Pública de Costa Rica, Crucitas es una “zona de crisis” permanente.
Los agentes despliegan operativos a pie, en cuadrillas que recorren la selva húmeda y lodosa, siempre con la incertidumbre de recibir disparos desde los campamentos clandestinos de mineros ilegales.
Una frontera porosa que exige trazabilidad
El cuadro general confirma lo que investigadores y ONG vienen advirtiendo: sin trazabilidad del oro en la cadena completa —extracción, procesamiento, transporte y exportación—, los incentivos para mezclar, simular origen y blanquear se mantienen.
El aumento de cianuro incautado y tómbolas decomisadas a granel, sugiere procesos cada vez más sofisticados según el ambientalista Ruiz; las estadísticas policiales y municipales, por otro lado, prueban que la presión de fuerza no basta “si los flujos económicos siguen encontrando vías de salida para alimentar el negocio”, dice Rodríguez.
Crucitas es un paraje fronterizo del distrito de Cutris, cantón de San Carlos, en la provincia de Alajuela. Se ubica a unos 130 kilómetros al norte de San José, en una zona selvática colindante con el río San Juan y el límite con Nicaragua.
El caserío más cercano es Chamorro, aunque las referencias locales más conocidas son San Joaquín de Cutris y Pocosol, comunidades que han sentido de cerca la presión migratoria y la actividad minera.
La llamada “zona de crisis” se extiende por unas 2,500 hectáreas de bosque tropical húmedo, un terreno quebrado, de difícil acceso, atravesado por riachuelos que desembocan en el río San Juan.
El clima es cálido y lluvioso la mayor parte del año, con precipitaciones que superan los 3,000 milímetros anuales, lo que convierte al suelo en arcilloso, inestable y vulnerable a deslizamientos.
En ese entorno, la deforestación y el uso de mercurio han dejado cicatrices visibles desde el aire y altos niveles de contaminación en el suelo y ríos.
Del otro lado del río
Del lado nicaragüense, la zona fronteriza frente a Crucitas colinda con el departamento de Río San Juan, en el sureste del país.
El municipio más próximo es San Carlos, cuya cabecera se levanta a orillas del Gran Lago de Nicaragua y del río San Juan, a unos 25 kilómetros en línea recta de los campamentos mineros ilegales que operan en el lado costarricense.
La ciudad de San Carlos funciona como punto de abastecimiento y tránsito, y desde allí se accede a comunidades ribereñas como El Castillo y La Guinea, señaladas en concesiones mineras recientes a operadores chinos.
Es una región selvática, de caminos de tierra y comunicación fluvial, donde el control estatal es limitado y la frontera resulta movediza.
Respecto a la capital, la distancia entre la zona de Crucitas y Managua es de aproximadamente 280 kilómetros al noroeste, un trayecto de ocho a nueve horas por carretera, lo que no ha impedido que el oro ilegal forme parte de los circuitos nacionales e internacionales de comercialización.
