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La minería ilegal sigue expandiéndose en la Reserva Biológica Indio Maíz, agravando la crisis ambiental en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció la Fundación del Río. Muestra de ello es que el área de extracción en el sector de Las Cruces ha crecido hasta alcanzar 250 hectáreas, con una población de más de 3,000 personas dedicadas a esta actividad ilegal.
«En 2025 dicho sitio aumentó considerablemente y abarca un área de unas 250 hectáreas, equivalente a unos 350 campos de futbol», denunció la Fundación del Río, a quien la dictadura despojo de su personería jurídica desde 2018.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación, explicó que en ese lugar «se ha logrado identificar aproximadamente unas 724 champas de plástico y de zinc que han sido construidas por los invasores güiriseros que realizan la minería ilegal» y añadió que hay más de tres sectores denominados Nueva Managua, Managüita, Suina y Bonanza.
«El sector cuenta con dos bares, una iglesia y presencia creciente de prostitución. Los alimentos y abarrotes son llevados en lancha desde la ciudad El Castillo y dejados sobre la ribera del río San Juan, luego son transportados a pie hasta la mina», denunció Ruiz.
Instrumentos para la minería llegan desde Costa Rica
La Fundación del Río reveló que los materiales utilizados para la minería, como maquinarias, plantas eléctricas, motores estacionarios, balines, tómbolas y rotomartillos «están llegando desde Costa Rica».
«Hemos comprobado que el mercurio y cianuro llegan desde Costa Rica y también hay venta de drogas como crack y cocaína que, lamentablemente, proveniente de territorio costarricense», denunció Ruiz.
La Fundación reprocha que desde que públicamente se realizó la denuncia hace dos años, «ni la Policía, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), ni el Ejército de Nicaragua han intervenido en el sector de la minería ilegal».
Ruiz por su parte mencionó que lo único que hace el Ejército cuando se reportan muertos en el sector «cierran temporalmente el transporte sobre el río y se mueve en la ribera de donde inicia el camino a la entrada de la mina».
Entre los asesinatos figura el del 25 de enero, cuando fue ultimado Milton José Aragón; en diciembre de 2024, Ariel López Pérez asesinó a una niña de un año identificada con las iniciales X.E.L.; en octubre de 2024 fueron asesinados Manuel de Jesús Cano y Yajaira Sevilla.
Nuevo sitio minero en Indio Maíz y del territorio Rama y Kriol
La Fundación del Río informó que después de continuos monitoreos lograron identificar un nuevo sitio de minería dentro de la Reserva Indio Maíz y del territorio Rama y Kriol: «El sector es conocido como Piedra Fina y existen dos puntos de extracción minera activos procesando el material de forma artesanal a través de una tómbola y vendiendo el oro en el municipio de El Castillo».
Los güiriseros entran a ese sector desde la comunidad de Boca de Escaleras, El Castillo y se encuentra a 11 kilómetros al noroeste del sector de Las Cruces.
«Actualmente se está abriendo un camino para conectar la zona de Las Cruces con el de Piedra Fina, lo que podría permitir un aumento de la actividad minera en el sitio. Con este nuevo sector, se suma el cuarto punto de actividad minera dentro de la RBIM y el tercero dentro del territorio Rama y Kriol», denunció Ruiz.
La Fundación del Río denunció que el Ejército, en particular el Destacamento Militar Sur, tiene conocimiento de la actividad ilegal, muestra de ello es que entre 2023 y 2025 ha emitido 22 notas de prensa en las que informa detenciones e incautación de materiales, sin embargo no busca cómo detenerla.
«El Ejército confirma la actividad minera, sin embargo, sus acciones se han concentrado sobre el río San Juan, particularmente en el puesto de Boca de San Carlos; otras instituciones como Marena y el Ministerio de Energía y Minas no han confirmado oficialmente las actividades mineras en la zona», indica la Fundación.
Instan a la comunidad internacional «abstenerse de financiar»
Como parte de ello, el Ejército ha detenido a 45 personas y dos costarricenses que transportaban materiales para la minería ilegal.
«Se contabilizan 7,375,992 córdobas decomisados, 62 tómbolas metálicas, 1,429 balines de acero para las labores de molienda de material minero, 3.2 quintales de cianuro, 30 galones de ácido muriático, 400 galones de combustibles, 18 generadores eléctricos, 13 rotomartillos, 34 motores estacionarios, 11 bombas de agua, 14 tubos de explosivos y 24 cilindros de gas a presión para soldadura portátil, entre otros materiales», especificó.
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Ruiz concluyó que el régimen orteguista y sus instituciones son «cómplices en el deterioro ambiental, porque siguen actuando negligentemente frente al deber de protección de la Reserva Indio Maíz» y a su vez, reprochó que continúan solicitando financiamiento internacional para proteger las reservas.
«Llamamos y solicitamos a la comunidad internacional que se abstenga de continuar financiando al régimen Ortega Murillo sin que existan resultados en materia ambiental», enfatizó Ruiz.
