Minería en Nicaragua. Foto: Tomada de El 19 Digital.

Minería en Nicaragua (Mining activities in Nicaragua). Foto: Tomada de El 19 Digital.

Dictadura Ortega Murillo entregó en concesión a 15 mineras chinas el 8.5 % del territorio nacional

Fundación del Río cuantifica concesiones sobre 71 lotes, que cubren la superficie de 1,013,225.44 hectáreas en un sector controlado directamente por la familia Ortega Murillo

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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado a 15 empresas chinas un total de 71 lotes de concesiones mineras entre 2021 y 2026. Según el informe «Invasión minera china en Nicaragua», presentado este 11 de marzo por la Fundación del Río, estas abarcan una superficie de 1,013,225.44 hectáreas. Es decir, el 8.5 por ciento del territorio nicaragüense.

Las concesiones se han realizado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), detalló Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río en la presentación de la investigación, realizada en San José, Costa Rica. Aunque recientemente la atribución pasó a manos de la Procuraduría, controlada directamente por Murillo, a través de la superministra Wendy Morales.

De acuerdo con la investigación de la Fundación del Río, la empresa asiática que concentra el mayor número de concesiones, con 17 lotes que suman 228, 272.98 hectáreas, es Thomas Metal Sociedad Anónima.

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El sector minero es controlado de manera directa por la familia Ortega Murillo, que ha favorecido a empresas chinas de manera acelerada desde que el régimen restableció sus relaciones diplomáticas con Pekín en diciembre de 2021. Se trata de compañías sin historial previo y con representantes desconocidos.

La Fundación del Río mencionó a otras empresas beneficiadas con las concesiones: Brother Metal Sociedad Anónima, con 14 lotes que suman 208,959.35 hectáreas; XinXin Linze Minería Group Sociedad Anónima, con 12 lotes que suman 144,884.87 hectáreas; y Zhong Fu Development Sociedad Anónima, con 10 lotes que suman 204,532.71 hectáreas.

Investigaciones de LA PRENSA han revelado que no solo son desconocidas. La compañía Xinxin Linze exportó 25.6 millones de dólares en oro a Miami entre enero y agosto de 2025, sin ser propietaria de minas y planteles. En cambio, Zhong Fu fue beneficiada directamente por la dictadura al transferirle los activos confiscados el año pasado a la empresa BHMB Mining, de capital estadounidense y británico, por un plantel ubicado en el norte de Nicaragua, cuyo valor era de 80 millones de dólares. Un caso que ha llamado la atención en Washington por la amenaza que representa para los inversionistas la alianza local con China.

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En mayo de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA), y Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima (Capital Mining), vinculadas al hijo de los dictadores Laureano Ortega Murillo y al ministro de Energía, Salvador Mansell. Capital Mining forma parte de un esquema de extorsión, a través del cual la familia dictatorial está ganando millones en el negocio aurífero.

Fundación del Río elaboró un mapa, que se puede acceder en este enlace, en que ubicó las coordenadas de las concesiones mineras otorgadas por el orteguismo a las empresas chinas en los últimos cinco años. Este mapa interactivo permite a los internautas conocer el nombre de la empresa que tiene la concesión, el nombre y extensión del lote que se le otorgó, y el municipio y departamento en que se encuentra el lote.

Manejo discrecional del régimen de Ortega en el sector minero

En Nicaragua, existe evidencia de que está coincidiendo los intereses de los chinos con los del Estado, controlado por la dictadura Ortega-Murillo, y eso está cambiando el sector, uno de los más importantes del país, porque significó en exportaciones más de 1,961 millones de dólares en 2025.

“Ha cambiado drásticamente y rápidamente la dinámica minera en Nicaragua, generando diversos impactos que incluyen procesos opacos de entrega de concesiones, competencia desleal, cambio en las legislaciones ambientales y en las salvaguardas sociales”, dice el informe.

El presidente de Fundación del Río, en entrevista con LA PRENSA, refirió que le orteguismo «ya había controlado el sector minero artesanal y ahora al que están controlando es el sector minero industrial, ya sea a través de las empresas chinas o de sus propias empresas que le sirven a través de testaferros para obtener esas concesiones».

«Está reconfigurando esa dinámica, desplazando a los capitales anteriores. Compiten de forma desleal con los otros mercados, están expropiando a otros planteles porque saben que es la forma que controlan el negocio de la minería ilegal o artesanal…. Definitivamente el régimen y sus intereses han cambiado la dinámica minera que había antes de 2021», apuntó.

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Ruiz destacó que “ninguna de estas empresas chinas tiene página web para que sepamos sobre su actividad económica, antecedentes sobre su experiencia en actividades de minería industrial, tampoco estudios de impacto ambiental, estudios ambientales o inversiones que van a hacer en el país”.

Afirmó también que la falta de este tipo de información básica sobre las empresas a las que se les está otorgando importantes extensiones del territorio nacional “genera alta sospecha”, además de “discrecionalidad de la actividad de estas empresas”.

Reconfiguración del sector minero

El trato especial a las empresas chinas, agrega el documento, ha tenido impacto en un sector en el que tienen presencia capitales de vieja data que han invertido en el sector minero en Nicaragua. Se detalla que las tres empresas de capital canadiense que tienen actividades mineras en el país, por ahora, solo acumulan 57 lotes o concesiones que se extienden por 758,869.29 hectáreas; una de origen colombiano tiene 25 concesiones, que suman 151,389.59 hectáreas; y otra de origen británico tiene 15 concesiones que abarcan 66,095.27 hectáreas.

Este es un recuadro en el que Fundación del Río resume cómo están distribuidas hasta 2026 las concesiones según el origen de su capital:

Ruiz aclaró que en el apartado de otros capitales se ubicó como «sin datos» porque todavía no tienen «el balance de las demás empresas, que ya sea tenían concesión en 2024 y continúa, o que le han quitado la concesión y se las dieron a nuevas empresas mineras, que son dos vinculadas por el régimen».

Además destacó que, aunque algunas de estas empresas mineras que operan en Nicaragua recientemente han expresado que “todo está bien” en cuanto al clima de inversión en el sector minero, “en los informes de accionistas de las empresas de 2025 ya se habla de los riesgos que existen alrededor de las exportaciones, inversiones en el país y cambios en la seguridad jurídica del país”.

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“Una de las empresas que ha disminuido el número de sus lotes otorgados es Calibre Mining Corp. y sus subsidiarias, adquirida por Equinox Gold en junio de 2025, la que redujo 413,671.49 hectáreas con la renuncia parcial de 5 lotes y la renuncia total de 8 lotes; adicionalmente, la empresa desistió de 3 lotes en proceso de solicitud que sumaban 125,449.03 hectáreas”, señala el informe de Fundación del Río.

A finales de febrero pasado, empresas como Equinox Gold Nicaragua y Hemco divulgaron comunicados en los que aseguran que están fortaleciendo su presencia y proyectos de inversión en Nicaragua, y también hablan de “estabilidad y condiciones brindadas para el ejercicio de una minería responsable”.

El presidente de Fundación del Río apuntó que todo este aumento de las concesiones mineras para capital chino evidentemente se debe “a las facilidades que el régimen ha establecido para la instalación rápida de las concesiones mineras en el país; eso se ha mirado en la modificación de la legislación”.

Sin embargo, la dictadura en un comunicado reciente de la Procuraduría General de Justicia, publicado el sábado 21 de febrero, habló sobre el «sólido estado y seguridad jurídica del sector minero en el país». Mencionó que Hemco Mineros y Equinox exportaron 1325 millones de dólares de la producción nacional en 2025, mientras operan 64 concesiones equivalentes al 34.28 por ciento de las áreas de aprovechamiento.

Áreas de reserva otorgadas a empresas chinas

Algunos de los cambios realizados por el régimen para beneficiar a empresas chinas, evidenciados en la investigación de Fundación del Río, incluyen reformas en la legislación que permitieron el otorgamiento de áreas de reserva minera y la enmienda de nulidades en concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en zonas fronterizas.

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En 2022, recordó Fundación del Río, se reformó la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, con la que no solo se permitió evadir sanciones que fueron impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), sino también la entrega de concesiones en alianzas con empresas de origen chino dentro de Áreas de Reservas Mineras.

“Esas áreas de reservas mineras han pasado a lotes de empresas chinas, pero sin ningún acuerdo que haya sido publicado; es decir, no sabemos cuánto tiene el uno o el otro para desarrollar esa actividad minera en las zonas de los lotes concesionados”, apuntó Ruiz.

Explicó que la Ley de las Áreas de Reservas Mineras refiere que esas áreas “deben tener un contrato público-privado con el concesionario, donde se diga cuánto aporta el Estado y el concesionario para esas acciones de actividad minera, porque son áreas que el Estado se ha reservado para su explotación o sus ingresos”.

Concesiones minera afectan comunidades indígenas

El orteguismo también aprobó el año pasado la nueva Ley de Territorio Fronterizo, con la que, según Fundación del Río, el orteguismo “trató de enmendar la nulidad de las concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en zonas fronterizas, ya que entraban en conflicto con varios artículos de la norma derogada, que establecía requisitos para obtener concesiones en los límites fronterizos que no fueron cumplidos por los concesionarios chinos”.

El presidente de Fundación del Río apuntó que estas empresas mineras chinas, además de afectar áreas de reserva minera y zonas fronterizas, también al menos en 29 lotes otorgados “se encuentran afectando Territorios Indígenas y Afrodescendientes del país”.

La organización señala que ello “violó los estándares internacionales de Consulta Libre”, que establece la Ley 445, “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas”, resaltando que “algunas comunidades ni siquiera saben que su territorio fue concesionado”.

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