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Los inversionistas de la empresa BHMB Mining iniciaron en Estados Unidos un proceso de demanda contra el Estado de Nicaragua por más de 80 millones de dólares. Esta ocurre casi seis meses después de la toma arbitraria de su plantel de procesamiento de oro, informaron fuentes de la empresa estadounidense.
Según los propietarios, el control de facto de las instalaciones fue transferido por las autoridades a las empresas chinas Zhong Fu Developtment y Santa Rita Mining. El representante legal de la compañía expropiada, Baruch Rapaport, explicó a LA PRENSA que la demanda se centra en una “expropiación directa e ilegal, sin compensación, junto con violaciones a principios fundamentales del derecho internacional de inversiones”.
Este reclamo se formalizará en los próximos días en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM), con sede en Washington D.C., luego que las autoridades nicaragüenses no dieron ninguna respuesta al período de “cooling-off” (enfriamiento), como se conoce técnicamente a la etapa en que se busca una solución amistosa entre las partes. La compañía ilegalmente expropiada es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, incorporada en la Florida, Estados Unidos.
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Base jurídica para el reclamo
El representante legal explicó que la base jurídica de la acción ante el CIADI es que las inversiones de BHMB Mining en Nicaragua se encuentran protegidas por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) y también por el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Nicaragua (UK- Nicaragua BIT).
Los empresarios afectados indicaron que uno de los incumplimientos más notables es la obligación del Estado de brindar protección y seguridad plenas a los inversionistas, ya que las autoridades no solo no evitaron el daño, sino que estuvieron involucrados en el mismo.
En este mes, la expropiación de BHMB Mining impactó en círculos políticos de Washington. Un aliado del presidente Donald Trump, el diplomático Richard Grenell, advirtió de sanciones a la industria minera por la confiscación, la que había calificado antes de “indignante”.
Nicaragua registró 1,961 millones de dólares en exportaciones de oro durante 2025. La familia Ortega Murillo tiene intereses directos en el sector aurífero. Ha favorecido con múltiples concesiones mineras en los últimos años a un enjambre de empresas chinas—desconocidas—, pero además ejerce el control, a través de un esquema societario que le permite obtener ganancias de los mineros artesanales y empresas formales, según investigaciones de LA PRENSA.
El sábado 21 de febrero, la Procuraduría General de Justicia publicó un comunicado para transmitir que existía seguridad jurídica, mientras intentaron desmentir lo que llamaron “publicaciones malintencionadas” sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en el sector minero.
La Fundación del Río ha denunciado que el Estado de Nicaragua entregó 8.5 por ciento del territorio en concesión a 15 mineras chinas. Entre las empresas beneficiadas están Zhong Fu Developtment con diez licencias y Santa Rita con un lote asignado.
Magnate se reunió con hijo de Ortega, pese a sanciones
En marzo, el asesor de inversiones Laureano Ortega Murillo, hijo de los co-dictadores y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, recibió al multimillonario y político británico Nicholas (Nick) Candy. Se trata del accionista mayoritario de Metals Exploration, empresa que adquirió el año pasado el proyecto de Mina La India. De esa manera intentó vender nuevamente tranquilidad en el sector.
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El encuentro del magnate se dio a pesar de que el Reino Unido ha sancionado a la dictadora Rosario Murillo, madre de Laureano Ortega Murillo, y a otros funcionarios nicaragüenses “por socavar la democracia y el Estado de Derecho, reprimir a la sociedad civil, a la oposición democrática, y por violaciones a los derechos humanos”. La reunión de Candy con Ortega Murillo causó un escándalo en su país y fue portada de algunos de los principales diarios británicos.
BHMB Mining: Así fue el despojo
De acuerdo con publicaciones de LA PRENSA, el contubernio del Estado con las empresas chinas es evidente en el caso de BHMB Mining. Los abusos estatales iniciaron cuando las autoridades del Ministerio de Energía y Minas ordenaron cesar operaciones de la planta al gerente el 12 agosto de 2025. Los afectados pidieron varias veces aclaración, pero nunca les respondieron. Diez días después trabajadores de las dos empresas chinas llegaron al plantel.
La notificación del cierre definitivo de operaciones e intervención de los activos del plantel de material aurífero de BHMB se dio el 25 de agosto de 2025. Posteriormente, el 9 de septiembre, el Estado y los representantes de las empresas chinas rompieron candados y portones. Con la asistencia de individuos armados, desalojaron al personal de seguridad, lo cual fue documentado por las cámaras de seguridad del plantel.
Rapaport explicó que hubo falta de “debido proceso” y mencionó como gestores y partícipes de la intervención al abogado Aníbal Vladimir Matus Buitrago y a los ciudadanos chinos Feiwu Bian y Chunqing Sun, quienes aparecen en videos liderando la toma arbitraria del plantel.
De acuerdo con documentos oficiales, publicados en la Gaceta el 30 de septiembre de 2025, Matus Buitrago labora para la empresa china Zhong Fu, cuyo representante es Bian. El otro ciudadano chino (Sun) es el apoderado de Santa Rita Mining.
Los tres señores involucrados forman parte, además, de la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua-China, una asociación sin fines de lucro, creada al amparo del fomento de inversiones chinas en el país. Estas han sido promovidas por Laureano Ortega Murillo, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la potencia asiática en diciembre de 2021 que él lideró.
Rapaport lamentó la afectación directa al clima de inversiones en Nicaragua, porque no lo considera un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio. “Cuando un activo perteneciente a inversionistas occidentales es expropiado y transferido de facto a otros actores, sin un proceso legal adecuado y sin compensación, se socava directamente la confianza de los inversionistas”, afirmó.
“Nicaragua ha incurrido en múltiples violaciones a sus obligaciones bajo el derecho internacional de inversiones y los tratados aplicables”, reiteró.
Investigación de USTR: «Expropiaciones irrazonables»
El 12 de diciembre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), tras llevar a cabo una investigación por 12 meses conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de ese país, determinó que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua –incluyendo la expropiación de bienes a ciudadanos y empresas estadounidenses– eran irrazonables y afectan el comercio de Estados Unidos. En consecuencia, impuso un arancel escalonado, limitado a bienes no cubiertos por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA–DR), de 0% en 2026, 10% a partir de 2027 y 15% a partir de 2028.
Además de la expropiación del plantel para procesamiento de oro, LA PRENSA reveló también el 14 de marzo que la dictadura asignó la concesión del lote La Guadalupana, de 2500 hectáreas, en San Juan de Río Coco en Madriz, a la empresa china Palacagüina Mining.
Esta concesión ocurrió, a pesar de que el ministro sancionado Salvador Mansell certificó en 2020 la cesión de derechos por el mismo lote del señor René Tinoco Aguirre a BHMB Mining. Palacagüina Mining es representada por el ciudadano chino Minhui Sun, quien delegó al abogado Aníbal Vladimir Matus Buitrago para la presentación de documentos ante el Estado, el mismo que participó en la toma del plantel en septiembre de 2025.
