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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo asestó el viernes otro golpe a BHMB Mining Nicaragua S.A., de capital estadounidense; esta vez el régimen le arrebató la concesión del lote La Guadalupana, de 2,500 hectáreas en San Juan de Río Coco, Madriz. La empresa también operaba su plantel en el norte del país.
En septiembre de 2025 el plantel propiedad de BHMB Mining Nicaragua y valorado en aproximadamente 80 millones de dólares fue ocupado arbitrariamente por dos compañías chinas, Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, bajo la protección del régimen.
Ahora, el régimen despoja a los inversionistas estadounidenses del lote cuya licencia para explorar y explotar le había otorgado en febrero de 2020. BHMB Mining pagó todos los impuestos y permisos, y obtuvo la cesión total de los derechos de la concesión originalmente otorgados mediante Acuerdo Ministerial No. 000-DM-697-2015. La autorización fue certificada el 13 de febrero del 2020, por Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas, actualmente en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En el documento puede leerse como el ministro Salvador Mansell aprobó en 2020 la cesión de la licencia a favor de BHMB Mining por el lote La Guadalupana.
La decisión del régimen parece una venganza, después de la repercusión que tuvo en Washington el caso del despojo del plantel en septiembre, el cual se conoció por publicaciones de LA PRENSA en las cuales se documentó el robo a los inversionistas estadounidenses. El caso motivó la publicación de un extraño comunicado de la Procuraduría el sábado 21 de febrero para transmitir desde la dictadura que había «seguridad jurídica en el sector minero», sin mencionar directamente a la empresa intervenida.
LA PRENSA ha llamado desde hace semanas a Mansell para hablar sobre el tema del oro, pero nunca ha respondido. El período de la concesión para el lote La Guadalupana es de 25 años.
Régimen beneficia a sociedad anónima recién creada, supuestamente de capital chino
La concesión fue entregada por las autoridades a una recién creada sociedad anónima denominada Palacagüina Mining. El presidente de la misma es el nacional chino, Minhui Sun, que tiene el número de cédula de residencia 000127761, según la publicación realizada en La Gaceta, diario oficial, este viernes 13 de marzo.
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La autorización fue emitida por el Ministerio de Energía y Minas y certificada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que asumió la Dirección de Minas desde el 11 de febrero para patentizar el control directo de la familia Ortega Murillo en el sector aurífero.
La PGJ es dirigida por Wendy Morales, una de las funcionarias leales a Murillo que también ha sido designada por la OFAC por coordinar las campañas de supresión del disenso en el país. Lo curioso del caso de Palacagüina Mining es que Minhui Sun delegó para la presentación de los documentos a Aníbal Vladimir Matus Buitrago, un abogado relacionado con las dos mineras chinas que se tomaron arbitrariamente el plantel de BHMB Mining y a las cuales el Estado transfirió los activos de esta cuando se dio la intervención: Zhong Fu Developtment y Santa Rita Mining.
Nueva empresa tiene nombre del plantel confiscado
Los operadores del régimen Ortega Murillo ni siquiera tuvieron creatividad para ejecutar la orden. La nueva empresa china se llama Palacagüina Mining, precisamente como era el nombre del plantel confiscado: BHMB Mining Palacagüina. La autorización del Estado para la nueva compañía beneficiada es para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos.
Según documentos públicos, Matus Buitrago es también miembro de la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua China, que crearon en 2024 al amparo de las inversiones promovidas tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la potencia asiática bajo el liderazgo del hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, quien funge como enlace del régimen con China, Rusia e Irán.
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La dictadura aprovecha el alto precio del oro en el mercado internacional
El sector aurífero es uno de los motores de la economía, con más de 1,900 millones de dólares en exportaciones durante 2025, en medio de un alza histórica del precio internacional del oro.
En mayo de 2024, Estados Unidos mencionó directamente al sancionado Laureano Ortega en el negocio del oro. El Departamento del Tesoro señaló a este último en la sanción que impuso a la Compañía Minera Internacional (Comintsa) y a Capital Mining Investment Nicaragua.
«Capital Mining es una empresa minera nicaragüense y una de varias empresas alineadas con el régimen que operan o han operado en el sector de oro nicaragüense. Capital Mining es un intermediario de este sector que le cobra a otras empresas mineras por realizar negocios en Nicaragua. La empresa es controlada por Laureano Ortega Murillo», aseguraron las autoridades estadounidenses.
Investigaciones de LA PRENSA evidenciaron que existe un esquema de extorsión que permite a los Ortega Murillo controlar el negocio del oro, en el que participa efectivamente como intermediaria Capital Mining, quien cobra una comisión del 5 por ciento a los mineros artesanales, además de garantizar el envío del material a un plantel de la familia Ortega ubicado en Chinandega: Grupo Minero Xiloá (Grumixsa). La otra compañía sería Suministros y Montajes Electromecánico que, según testigos consultados, cobraría comisiones a empresas establecidas.
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Despojo a BHMB Mining ha llamado la atención en Washington
El caso de BHMB Mining ha impactado en Estados Unidos. Richard Grenell, el enviado especial para Misiones Especiales del presidente Donald Trump, calificó aquella expropiación de “indignante». Pero, además, el abogado Jason Ian Poblete escribió un artículo a profundidad publicado en LA PRENSA en el que explicó lo que significa la expropiación a la empresa estadounidense
«Para los responsables políticos estadounidenses, el caso BHMB ilustra un punto estructural. Las empresas chinas que ahora operan en el sector del oro de Nicaragua no están ahí por casualidad. Están ahí porque las empresas occidentales enfrentan limitaciones legales y reputacionales que las chinas no tienen. Cuando la OFAC sanciona a una entidad minera nicaragüense, los socios chinos absorben la concesión. Cuando una empresa estadounidense es expulsada, una empresa china interviene», escribió Poblete.
La Fundación del Río publicó un informe el 11 de marzo en que se denunció al Estado de Nicaragua de entregar el 8.5 por ciento del territorio nacional a 15 mineras asiáticas. En la lista, no figura la empresa que fue beneficiada con la concesión en San Juan de Río Coco. Lo que ha ocurrido este viernes hace parte de la confiscación a los inversionistas de BHMB Mining que los operadores de los Ortega han finiquitado con descaro a las puertas del fin de semana.
