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El multimillonario y político británico, Nicholas (Nick) Candy, accionista mayoritario de Metals Exploration, empresa del sector minero que el año pasado adquirió el Proyecto Mina La India, está de visita en Nicaragua y se reunió con el hijo de los dictadores Laureano Ortega Murillo y otros funcionarios, a pesar que el Reino Unido ha sancionado a Rosario Murillo y otros funcionarios por «socavar la democracia y el Estado de derecho; reprimir a la sociedad civil, a la oposición democrática, y por violaciones de los derechos humanos».
La visita también ocurre mientras el sector minero nicaragüense está bajo la lupa de la administración Trump, por la reciente confiscación del plantel de procesamiento minero BHMB Mining Nicaragua, S.A., propiedad de la empresa de capital estadounidense y británico BHMB Inc.
El empresario y político británico, tesorero del partido de derecha británico Reform UK, es accionista mayoritario de Metals Exploration, empresa que el año pasado le compró Condor Gold a otro grupo británico y en la que ahora Candy funge como presidente de la junta directiva. Condor Gold tiene en su poder varias concesiones mineras, entre ellas la mina La India, ubicada en León, que tras ser adquirida el año pasado por Metals Exploration anunció que antes de que concluya este año entrará en etapa de producción.
El magnate inmobiliario, que en los últimos años incursionó en el sector minero, siempre ha estado ligado a la política. Según publicaciones periodísticas fue muy cercano al ex-primer ministro Boris Johnson y por varios años lideró el partido conservador de Reino Unido, el mismo país que en 2021 sancionó a ocho políticos y oficiales nicaragüenses de alto nivel, entre ellos Rosario Murillo.
Candy en diciembre de 2024 pasó a ser el tesorero y principal recaudador de fondos del partido populista de derecha Reform UK. Agrupación política que antes se denominó Brexit porque abogó por la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
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La comitiva que recibió al inversionista británico
La comitiva que recibió al magnate británico estuvo encabezada por Laureano Ortega, en su calidad de asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional. Lo acompañaron Salvador Mansell, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y ministro de Energía y Minas (MEM), y la procuradora general de Justicia, Wendy Morales, todos sancionados por Estados Unidos.
Ortega Murillo expresó su disposición de apoyarlo en lo necesario para garantizar el éxito de su inversión. Además, lo invitó a ampliarla y invitar a sus amigos y conocidos «de los círculos empresariales del mundo entero» a ver Nicaragua como un destino interesante para sus inversiones.
La empresa Condor Gold que adquirió el empresario británico el año pasado, además de la mima La India posee otras dos concesiones mineras importantes, La Estrella y Río Luna. Sin embargo, tras veinte años de trabajos de exploración y equipamiento está concentrada en comenzar a extraer oro de mina La India y no ha anunciado grandes inversiones en las otras dos concesiones.
Los anteriores intentos por calmar los ánimos
Tras la confiscación del plantel minero BHMB Mining Nicaragua, de capital estadounidense, el sector minero nicaragüense atrajo la atención de la administración Trump. En respuesta la dictadura Ortega Murillo ha realizado algunos intentos por garantizar normalidad en el sector minero, que sostiene las exportaciones locales y está dominado por los envíos de oro que hacen al exterior, principalmente las mineras de capital canadiense y colombiano.
El pasado 21 de febrero, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ahora a cargo de la Dirección General de Minas (DGM), publicó un comunicado en el que defendió la transparencia, legalidad y seguridad jurídica de las concesiones mineras que “han cumplido con el debido proceso”, rechazando “especulaciones” que buscan descalificar el sector.
Esto luego que investigaciones de LA PRENSA y Fundación del Río dejaron al descubierto la mentira y de cómo se beneficia la cúpula del poder y los inversionistas chinos con el oro a través de la competencia desleal y la minería ilegal.
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Compromiso con Costa Rica
El otro intento de generar tranquilidad en el sector minero ocurrió el 28 de febrero, cuando los cancilleres de Costa Rica y Nicaragua se reunieron en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde acordaron implementar una mayor coordinación de sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería ilegal y el contrabando de oro en la frontera común.
Este encuentro surgió tras afirmaciones del ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, de que mineros ilegales extraen el mineral en su país para procesarlo y venderlo en Nicaragua. Lo que a su vez generó reacción del propio presidente costarricense Rodrigo Chaves, quien anunció que presentaría el caso en la reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo con un grupo de mandatarios latinoamericanos el 7 de marzo en Miami.
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El régimen en el negocio del oro
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha incursionado en el lucrativo sector minero. Estados Unidos así como investigaciones periodísticas vinculan a la cúpula del poder con al menos tres empresas mineras.
Las empresas son: Compañía Minera Internacional S.A. (Comintsa), asociada al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell; y Capital Mining Investment, vinculada directamente a Laureano Ortega Murillo; ambas sancionadas por Estados Unidos. A estas se suma el Grupo Minero Xiloá S.A. (Grumixsa) también relacionado con los Ortega Murillo.
Analistas consultados por LA PRENSA han explicado que el régimen extorsiona a mineros artesanales y empresas formales del sector minero para beneficiar a sus empresas y a 15 empresas de capital chino. Estas últimas han recibido 1.01 millones de hectáreas equivalentes al 8.5 por ciento del territorio nacional en 71 concesiones en distintas zonas del país.
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Las arremetidas contra empresas mineras
Entre las mineras afectadas por el régimen está Hemco que pertenece a la colombiana Mineros, que tuvo que pagar 49.30 millones de dólares para resolver una disputa fiscal por supuestos impuestos atrasados del periodo comprendido entre 2019 y 2024.
En una situación similar se vio involucrada la canadiense Equinox Gold, que en junio del 2025 adquirió Calibre Mining y que ahora opera las minas La libertad y Limón. El año pasado le cobraron 36.6 millones de dólares en concepto de supuestos impuestos atrasados.
A esto se sumó el robo del plantel de procesamiento minero BHMB Mining Nicaragua, S.A., propiedad de la empresa de capital estadounidense y británico BHMB Inc., por parte del régimen en contubernio con la empresa china Zhong Fu Developtment. Todas estas acciones evidencian la falta de seguridad jurídica que existe en el país.
