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Richard Grenell, quien ha sido enviado especial de Donald Trump a Caracas y quien ha estado a cargo del Trump-Kennedy Center, señaló en un mensaje de su cuenta de la red social X que, si el régimen de Daniel Ortega no resuelve la confiscación de la empresa estadounidense BHMB Mining Nicaragua se debe imponer sanciones a toda la industria minera de Nicaragua.
En septiembre del 2025, LA PRENSA informó que la dictadura de Ortega confiscó el plantel procesador de oro de BHMB Mining Nicaragua, para luego transferir todas sus operaciones a la empresa china Zhong Fu Development. Estos activos estaban valorados en más de 80 millones de dólares; además, LA PRENSA publicó el sábado 14 de marzo que una concesión de 2,500 hectáreas en San Juan de Río Coco también le fue cancelada a la empresa estadounidense y esta vez le fue entregada a la empresa Palacagüina Mining, igualmente relacionada con supuestos inversionistas chinos.
Esta es la segunda vez que Grenell reacciona a la confiscación de esta empresa y habla de sanciones a una industria que aporta casi 2,000 millones de dólares a la economía de Nicaragua, cuyo negocio rápidamente está siendo controlado por un engranaje de empresas chinas sin trayectoria y la familia Ortega Murillo a través de Laureano Ortega.
«Confiscar la mina de un empresario estadounidense y entregársela a los chinos es inaceptable. Esto debe rectificarse, o de lo contrario se enfrentarán a sanciones contra toda la industria aurífera de Nicaragua», publicó en su sitio de X, Grenell.
Hace dos semanas, Grenell ya había calificado de indignante la confiscación de BHMB Mining, la cual es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, incorporada en la Florida.
Las críticas por la confiscación de esta empresa por parte de la dictadura habrían provocado un comunicado inusual el sábado 21 de febrero de la Procuraduría General de Justicia, en que la institución aseguró que las concesiones del sector son entregadas después de cumplir con el “debido proceso y la transparencia”. Ese argumento se cae por su propio peso con el caso de BHMB Mining.
La apropiación se realizó formalmente el 18 de septiembre de 2025, pero la pesadilla para los propietarios inició en agosto. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas ordenaron al gerente del plantel que debía cesar operaciones. Baruch Rapoport aseguró hace unas semanas a LA PRENSA que dos empresas gestionaron la confiscación: Zhong Fu y Santa Rita Mining. Ambas han sido beneficiadas con concesiones del Estado.
“En nuestro caso, una empresa de origen estadounidense, con inversión registrada y operaciones legales, fue cerrada, sus activos confiscados y el control de facto de sus instalaciones transferidos a entidades vinculadas a empresas chinas que también recibieron concesiones significativas”, dijo Rapoport.
Investigaciones de LA PRENSA revelaron que los Ortega Murillo tienen intereses directos en el sector minero. Participan en un esquema de extorsión que les permite controlar el negocio. En este serían vitales las empresas Capital Mining Investment Nicaragua, S.A., la planta de procesamiento del Grupo Minero Xiloá (Grumixsa) y Suministro y Montaje Electromecánico.
