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La estructura de sociedades mercantiles bajo control de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que extorsiona a mineros artesanales y empresas formales en el sector aurífero, es un esquema que describe a la perfección el “Estado mafioso” que impera en Nicaragua, advirtieron economistas independientes.
Según el exviceministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Sebastián Chamorro, las operaciones descubiertas en la investigación periodística, realizada por este Diario, muestran a una “mafia familiar” (los Ortega Murillo) que busca obtener una gran cantidad de recursos para aumentar su poder.
La investigación publicada este 16 de febrero por LA PRENSA reveló el control de la familia gobernante sobre sociedades, cuyos representantes son generalmente abogados y contadores públicos desconocidos, metidos en un negocio que mueve millones de dólares en el país. De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), el país ha exportado 4309 millones de dólares en oro entre 2022 y 2025.
El 15 de mayo de 2024, el Departamento del Tesoro señaló a Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores, como la persona que controla Capital Mining Investment, cuando sancionó a esta empresa. Las autoridades estadounidenses hicieron lo mismo con la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (Comintsa). Esta última propiedad del ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell.
La publicación de LA PRENSA revela además que Capital Mining actúa como una intermediaria en tratos con mineros artesanales, a los que les cobra el 5 % del valor del material extraído en sus propiedades y les orienta mandarlos al plantel del grupo Minero Xiloá, S.A. (Grumixsa), ubicado en Chinandega y ligado también a la familia Ortega Murillo.
Las estimaciones sobre la cantidad de ingresos que pudieron haber obtenido con la combinación de acciones a favor de los intereses de Capital y Grumixsa es bastante conservadora. Según el testimonio de un minero, Grumixsa se queda con el 60 % del valor del material extraído. Entre ambas entradas, por la intermediación y luego por el “trabajo” en el molino, pudieron obtener más de 80 millones de dólares en 16 meses de operación del plantel chinandegano, ubicado en Villanueva. Ese dato no incluye el comercio del oro al exterior.
“El oro ha sido la más reciente actividad económica, donde los niveles son astronómicos (…) Yo esperaría que estas investigaciones, estas conexiones, no se queden ahí a la luz de la bypaseada que le ha dado la dictadura a las sanciones en el caso del oro en el pasado”, dijo Chamorro.
Desde que subieron al poder, hace ya 19 años, la familia Ortega Murillo ha participado en negocios con el Estado, mediante un grupo económico constituido al menos por 22 empresas, con participación en el sector hidrocarburos, publicidad, medios de comunicación y construcción.
La búsqueda de riqueza, poder e impunidad
En ese sentido, el exdiputado y economista independiente, Enrique Sáenz, explicó que el concepto de “Estado mafioso” obedece a la caracterización de un grupo que se ha adueñado de todos los “espacios públicos para acumular riquezas, asegurarse impunidad y afianzarse en el poder”.
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Además de los lazos de Capital-Grumixsa, expuestos en el reportaje de LA PRENSA, se reveló también la existencia de una tercera sociedad anónima: Suministro y Montaje Electromecánico.
Suministro sería utilizada para cobrar una extorsión a las empresas del sector oro, equivalente en este caso al 5 % de las “ventas brutas anuales de sustancias extraídas» por mineros artesanales. Una modalidad de extorsión que cobran mensualmente, según los documentos a los que tuvimos acceso.
“A partir del crecimiento espectacular de los precios internacionales se ha convertido en el negocio más rentable del país. Es `natural` entonces que la mafia en el poder resultara contaminada por la ‘fiebre’ del oro para lo cual utiliza todos los instrumentos a su disposición: fraude, intimidación, colusión, extorsión, explotación, contrabando, lavado de dinero, coimas y demás artilugios mafiosos”, lamentó Sáenz.
Por su parte, el ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, destacó que resulta importante para las operaciones de la familia gobernante el control sobre las plantas de procesamiento del oro, mientras explica la situación de desorden del sector de la minería artesanal y cómo esto pudo incidir en que el régimen los viera en sus planes como un objetivo para controlar desde el principio.
“Es una actividad ilegal en el país (la minería artesanal). El régimen sabe eso y sabe que, si lo regula, sería más difícil utilizarla o controlarla para el manejo de sus ingresos”, añadió Ruiz. Para el experto, la dictadura Ortega Murillo también tiene control sobre algunos mineros artesanales, relacionados gracias a la influencia política que ejerce a través de los secretarios políticos del FSLN en las localidades. Se pregunta, como todos, cuál es el mecanismo que está usando la dictadura para vender el oro en el exterior.
Además de los intereses de la familia de los dictadores, el Estado ha facilitado también concesiones mineras a empresas chinas desconocidas. En octubre de 2025, estas compañías tenían ya más del 6 % del territorio nacional. La dictadura restableció las relaciones diplomáticas con la potencia asiática en diciembre de 2021. Ruiz ha insistido en que lo que se ha dado en los últimos años es una “reconfiguración” del sector aurífero en beneficio de esta mezcla de intereses nacionales y foráneos.
