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El Grupo de Expertos en derechos Humanos, formado por las Naciones Unidas (ONU) para investigar las violaciones a derechos humanos en Nicaragua (GHREN), demandó este lunes 16 de marzo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el desmantelamiento de la “arquitectura de la represión”.
El presidente del GHREN, Jan-Michael Simon, presentó el informe sobre la represión y red de espionaje transnacional en la sesión 61 del Consejo de Derechos Humanos que se desarrolla en Ginebra, Suiza, desde el 23 de febrero y que terminará el 31 de marzo.
Simon denunció la existencia de un sistema en que se fusionan las autoridades del Estado y el partido con el fin de violar derechos humanos. Agregó que la documentación que custodian les permite establecer que hay una “conexión funcional” entre la estructura paralela del Frente Sandinista, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable, y las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua.
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Además de Simon, el GHREN está integrado por los especialistas Reed Brody y Ariela Peralta. En su informe, el GHREN denunció que al menos cinco millones de dólares fueron desviados de proyectos de asistencia social municipales para financiar durante los dos primeros meses los costos logísticos de los grupos paraestatales con los que la dictadura atacó a la población en 2018.
“Corrupción no sólo por codicia”
Para llegar a esta conclusión, el presidente del grupo explicó que revisaron registros presupuestarios, comprobantes de pago, correos electrónicos, entre otros. Eso les permite apuntar ahora a que “en Nicaragua, la corrupción no solo es producto de la codicia. Es mucho más que eso. Es una herramienta institucional de financiación encubierta para cometer graves violaciones de derechos humanos contra una parte considerable de la población”, afirmó Simon.
Entre las revelaciones realizadas por el grupo en el informe está la existencia de una red de represión trasnacional, en la que destaca el actual cocanciller Valdrack Jaentschke y otros 26 funcionarios, incluidos miembros de la dirección de inteligencia del Ejército y la Policía.
La red trasnacional opera en al menos cinco países, donde las embajadas diplomáticas albergan a personal de inteligencia que pasa reportes directos a Murillo. Desde 2018, al menos el 12 por ciento de la población se ha ido al exilio para resguardar su integridad, pero son vistos por las autoridades nicaragüenses como potenciales disidentes, según el GHREN.
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La dictadura ha impuesto la represión en cuatro etapas desde las protestas de abril de 2018. Desde su fundación en marzo de 2022, el Grupo de Expertos ha presentado 11 informes sobre las violaciones de derechos humanos y ha retratado con su trabajo minucioso los métodos usados por las redes en el poder contra opositores y ciudadanos en general: ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento, privación de nacionalidad, confiscación de bienes, entre otros. En este enlace puede leer sus investigaciones.
