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Ariela Peralta es miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Un equipo de Naciones Unidas que el 10 de marzo presentó un informe en el que reveló una red de espionaje y represión transnacional del régimen Ortega Murillo financiada con fondos públicos. En la investigación señalaron a 26 operadores sandinistas involucrados en una estrategia que identifica inicialmente a nicaragüenses en el exilio.
La abogada uruguaya tiene 64 años y trabaja en este equipo de especialistas desde junio de 2023. Es dueña de una trayectoria en organismos internacionales, con experiencia en apoyo a los derechos humanos y democracia en Honduras, así como su labor en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. También ha representado a víctimas de violencia en tiempos de paz.
Según su biografía oficial, Ariela Peralta Distefano ha representado a grupos vulnerables como personas privadas de libertad. En esta entrevista concedida a LA PRENSA profundiza sobre los hallazgos del informe del GHREN, expone sus puntos de vista sobre la situación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también sobre las víctimas. «Lo más impactante es esa desesperanza, esa sensación de las víctimas de verse invisibilizadas», confiesa.
En el informe, ustedes detallan la vigilancia que se ejerce desde las sedes diplomáticas, ¿qué es lo más grave que encontraron en su investigación?
Lo más interesante es la represión transnacional y un aparato represivo que usa una cantidad de misiones diplomáticas y misiones consulares de Nicaragua en otros países para hostigamiento, persecución digital, etcétera, y también el uso indebido y el desvío de fondos para la represión.
¿Cómo incide este esquema de represión en la vida de los exiliados que han denunciado asesinatos, atentados y persecución?
Estas personas que están en el exilio sufren hostigamiento, persecución, vigilancia, vigilancia digital. Se arma todo un aparato represivo que está conectado a la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM), la DID y que también utiliza personas clave en sedes diplomáticas y consulares para la persecución. Hacer un mapeo de la situación fuera de Nicaragua, para ver cuáles son las posibles alianzas que puede haber de personas opositoras o percibidas como tales, y esto impacta tremendamente las personas que están en el exilio.
El asesinato de Roberto Samcam que fue en pleno centro de la ciudad de San José de Costa Rica es muestra clave de esta represión… El fiscal de Costa Rica ha dicho que no se descarta que uno de los motivos esté basado en razones políticas. Y esto significa una intimidación enorme…
¿Cuál ha sido el episodio más doloroso (para ustedes) durante el proceso de la investigación?
Diría que lo más notorio o lo que genera esa necesidad de seguir documentando, de seguir denunciando, de buscar caminos para la apertura democrática y para la reparación, es la angustia de las personas que han visto desmembrada su familia, donde la unificación familiar es tan difícil… las personas, los familiares de personas que están en situación de desaparición forzada o que no ven a sus familiares que están dentro de la cárcel y por supuesto los asesinatos, inicialmente cuando las represalias eran más masivas, pero mucho la angustia y la desesperanza, aunque la lucha sigue y continúa. Lo más impactante es esa desesperanza, esa sensación de las víctimas de verse invisibilizadas.
Ariela Peralta, ¿qué impacto tuvo para usted el asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, y los atentados contra Joao Maldonado y su esposa?
Nosotros empezamos a recibir muchísima información de seguimiento a personas más allá de la frontera de Nicaragua, hostigamiento, más de una docena de intentos de asesinato y empezamos a recabar esa información. Nos encontramos con un aparato que estaba muy bien direccionado desde los más altos niveles de las esferas del poder para el seguimiento y el posible asesinato, la investigación está a cargo de la Fiscalía de Costa Rica, pero (existe) esta posibilidad de que sí haya un móvil político vinculado a las más altas esferas.
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En el caso de un régimen como el de Ortega-Murillo, sin una separación de poderes, con un dominio absoluto del poder ejecutivo, de todas las instituciones del Estado, pero además no nos olvidemos de la existencia de grupos que no están en la organización estatal, pero son grupos pro gubernamentales y también del aparato partidario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esa concentración tan grande del poder nos puede llevar a pensar que sí, que hay tentáculos muy fuertes afuera de Nicaragua.
Nosotros estimamos que hay una estrategia deliberada, sistemática y generalizada que coordina una cantidad de fuerzas, usando el aparato institucional ilegal, la persecución judicial y la intimidación fuera y dentro del país. El asesinato de Samcam sorprende, porque es una persona muy conocida, sucede en pleno centro de Costa Rica y, bueno, uno no espera que el grado de alcance de la represión llegue a tal impunidad que puedan suceder cuestiones como esta. Nosotros creemos que existe una red de inteligencia que identifica personas en el exilio.
¿Cómo valora este esquema en que los fondos públicos favorecen la corrupción?
Nosotros (GHREN) estudiamos más de 1,700 documentos, los contrastamos y lo que encontramos entonces es un desvío de fondos públicos, la captura partidaria de las instituciones, la manipulación de presupuestos y simulación contable para financiar operaciones represivas que incluyen la “Operación Limpieza”.
Hay todo un engranaje en donde los secretarios políticos de al menos seis instituciones públicas y los secretarios partidarios de las alcaldías que gestiona el Frente Sandinista fueron instruidas desde la copresidenta Rosario Murillo a reasignar porciones de su presupuesto, aprovechando partidas como de asistencia social, bonos económicos, proyectos de inversión, asistencia humanitaria, construcción. Se hacía una doble documentación contable.
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Lo que nosotros queremos mostrar como GHREN es este uso y desvío de fondos. Es vincular de manera directa con este círculo de represión, financiación de operaciones represivas con el sostenimiento de mecanismos de control y eso ayuda, por supuesto, a consolidar la permanencia en el poder. Los recursos del Estado fueron utilizados para financiar operaciones represivas, grupos armados pro gubernamentales, empleos ficticios y acciones orientadas al control, cualquier disidencia posible anulada.
Ustedes mencionan la impunidad del régimen Ortega-Murillo y llaman a la comunidad internacional a actuar, ¿qué acciones concretas debería tomar el mundo respecto a la dictadura nicaragüense?
El mandato de rendición de cuentas significa acumular, contrastar y llegar a nuestro estándar de prueba para decir: «Bueno, acá se cometieron estos estos crímenes y acá es la prueba que tenemos». Y esto sirve para buscar posiblemente en el ojalá futuro más cercano posible, en el corto plazo, mediano plazo o en el largo plazo, a los responsables de las violaciones y reparar a las víctimas.
Nicaragua es uno de los países que está más aislado, pero no se retiró de la Corte Internacional de Justicia. Es un lugar donde seguro Nicaragua, por ahora, no creemos que se retire. Esa posibilidad significaría abrir esa brecha que rompe ese muro de impunidad. Quizás la Corte tome medidas previsionales, pero además que pueda llegar una sentencia y decir: “Nicaragua está violando la convención, está usando este método represivo de la privación arbitraria de la nacionalidad” y ahí sí se abre un espectro de rendición de cuentas.
¿Qué se puede hacer Ariela si el régimen Ortega Murillo persiste en su actitud de no hacer nada para rendir cuentas?
Los regímenes que se cierran tanto, que cortan todos los lazos de diálogo con la comunidad internacional, en los discursos de la señora Murillo no hay ninguna alusión al informe, esa indiferencia o ese demostrar “a mí no me importa, nosotros podemos más, vamos a seguir en este control absoluto del poder”, es finito, no se puede continuar eternamente en ningún país, ni grande ni pequeño. Es difícil sostener un aislamiento de tal nivel, porque la situación misma de la concentración de poder se asfixia en un momento.
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Muchos nicaragüenses han salido al exilio junto a sus familias y sienten que la justicia no llega. Usted recientemente recordaba la “Operación Cóndor” en el continente, ¿cómo ha funcionado la justicia en estos casos y qué lecciones deja a las víctimas de Nicaragua?
Hubo en los distintos países diferentes niveles de acercamiento en algunos más despacio, más cerrados sobre el juzgamiento a los responsables de la “Operación Cóndor” y la reparación a las víctimas. En algunos, los militares se fueron cuando debieron irse del poder, muchos de ellos dictaron amnistías para protegerse de que después no fueran juzgados por las responsabilidades del pasado.
Llegó un momento que ya eso no se pudo sostener. Pasó con (Augusto) Pinochet que tuvo su acusación en Londres a través del uso de la jurisdicción universal. Se empiezan a abrir esas otras posibles jurisdicciones y competencias y llega un momento que ya los militares no tienen un lugar recóndito en el mundo donde puedan esconderse porque ya todas esas puertas se empiezan a cerrar.
Ariela, ¿existen parámetros para comparar el sistema de Augusto Pinochet en Chile y otros dictadores latinoamericanos con Daniel Ortega en Nicaragua?
Esa comparación no me corresponde hacerla. No se trata tampoco de comparar ni las personalidades, ni el transcurso de la vida de esas personas, sino que son personas que creen que la abrogación de los derechos es lo que le permite mantenerse en el poder
Días después de la presentación del informe del GHREN, Ortega y Murillo siguen en silencio, ¿cómo valora e interpreta que los codictadores de Nicaragua prefieran el silencio a dar la cara?
Teniendo este silencio, no sabemos cómo leerlo, pero sí hay muchas purgas internas en las instituciones del Estado, en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hay desconfianza que cualquier persona que pueda haber servido a este gobierno, pero que pierde la confianza o que hay una sospecha de que se pierde la confianza, inmediatamente caen en desgracia. Hay mucha sensación de momentos de debilidad en el sentido, asegurarse cada vez más, cerrarse más en figuras claves.
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También hay preocupación por el contexto regional, una preocupación muy grande por la sucesión del poder, ¿qué pasaría si a alguno de los copresidentes les pasara algo? En el caso del señor Ortega, se ha hablado mucho de su situación de salud. Le aseguro que hay mucha movida de purga interna, mucho cerrar el círculo al máximo posible de las personas de absoluta confianza. Nosotros vislumbramos muchas piezas que se mueven por la sucesión en el poder.
¿Usted cree que el cambio de contexto internacional incida en que el régimen tome algún tipo de medidas?
Sabemos que hay escenarios posibles, imprevisibles, conspiraciones que no sabemos si son ciertas o no, diálogos que no sabemos hasta dónde llegan o no, porque nosotros no tenemos información directa de este tipo de conversaciones. Pero sí lo que decimos como grupo de expertos, basándonos en nuestro mandato, es que la recuperación democrática en Nicaragua tiene que ser protagonizada por los y las nicaragüenses.
Los tres expertos del GHREN consideramos que la recuperación democrática debe hacerse en base al derecho internacional, la separación de poderes, a la legitimación en el poder, mediante la participación activa de todas las personas con pronunciamientos con posiciones políticas diferentes.
